Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

Público.es
2 Abril 2008
Por Lidia Falcón

El resultado de las elecciones nos ha mostrado un retrato del Congreso de Diputados en el que son menos ahora las mujeres elegidas que hace cuatro años. Retrato más insólito aún si tenemos en cuenta que el Partido Socialista tiene cuatro diputadas menos y el Partido Popular dos más. Por supuesto las militantes de las formaciones políticas menores no han tenido oportunidad alguna. Pues bien, éste es el resultado de haber aprobado, con toda clase de felicitaciones, una Ley de Igualdad.

No ha habido ley, que decían que era la más avanzada y novedosa del mundo, más publicitada por el Gobierno y las dirigentes del PSOE. Según la propaganda que nos invadió a través de todos los medios de comunicación, esa norma iba a concluir, definitivamente, con las milenarias desigualdades que padecen las mujeres de nuestro país, y se la debíamos al trabajo esforzado de las mujeres del Partido Socialista, convencidas, como me explican, de que los avances en materia de igualdad –ya no se trata de hablar de mujeres ni de feminismo– se logran poquito a poco, con la solidaria complicidad de los hombres, sobre todo los de su partido.

Cuando se publicó, escribí el comentario que se merecía. La tan alabada ley consiste en una serie de consejos, deseos y esperanzas a cumplir en largos periodos de tiempo, que sobre todo involucra a las empresas privadas en la obligación de emplear mujeres en los consejos de administración. También les fuerzan a conceder permisos, jornadas reducidas y horarios flexibles para que las mujeres y los hombres se organicen mejor en su casa. Por supuesto nada se habla de la obligación del Estado de crear la red pública de escuelas infantiles, de residencias de ancianos, de atención domiciliaria, porque eso cuesta dinero, y más barato resulta imponer obligaciones a la patronal y cargar el peso del cuidado de la familia a los propios ciudadanos.

Pero de lo que no parecía caber duda era de que en el ámbito político las mujeres habían dado un gran paso hacia delante, con la obligación impuesta a los partidos de que las listas electorales tuviesen un 40 y un 60% de candidatos de cada sexo. Pues bien, una vez celebradas las elecciones y verificados los resultados, nos encontramos con una composición del Parlamento más masculina que la anterior. Para lo único que ha servido la ínclita Ley es para impedirle al Partido Feminista que presentase listas exclusivamente de mujeres, porque ya se sabe que era imprescindible garantizar a los hombres su presencia entre nosotras, si no hubiesen podido quedar marginados de la participación política del país.

Éste es el resultado de la aprobación de leyes vacuas, sin apenas contenido, dictadas desde los órganos del Gobierno, que no están apoyadas por una verdadera participación del Movimiento Feminista. Del mismo modo, la implantación de las cuotas, con las que siempre estuve de acuerdo, se ha pervertido desde el momento en que han sido los hombres dirigentes de los partidos las que las han distribuido. En los puestos de poder han escogido a las mujeres más fieles y obedientes a las consignas de la cúpula masculina, marginando a las de mayor inteligencia y personalidad, que suelen ser las menos obedientes. En consecuencia, los hombres han obtenido dos ventajas, la primera, disponer del voto fiel de sus subordinadas y la segunda desprestigiar el sistema, al mostrar cómo las cuotas llevan a las menos capacitadas a los puestos de decisión.

Pero estas consecuencias son inevitables desde el momento en que quienes distribuyen los puestos son las cúpulas dirigentes de los partidos, en ese gobierno absoluto, más parecido a una dictadura, de la partitocracia que domina nuestra vida política, y en la que únicamente los elegidos por el jefe tienen posibilidades de alcanzar los podios. Y entre estos suele haber pocas mujeres, y siempre las menos capacitadas y las más obedientes a las órdenes del buró político.

En definitiva, las mujeres de los partidos, y lamentablemente las de los de izquierda, se han rendido con armas y bagajes a las férreas normas impuestas por los señores que dominan con despotismo el mundo político. Abandonada hace tiempo su militancia feminista –cuando el Movimiento aglutinaba a las mujeres más preparadas y combativas– en aras de obtener puestos rentables en las diversas escalas y estamentos de los partidos y del Estado, las que hoy pretenden dirigir las reivindicaciones de las mujeres lo que han conseguido es apoyar las arbitrariedades de sus dirigentes masculinos.

Lo cierto es que a las mujeres del PSOE y también de IU, les molesta la existencia de un Movimiento Feminista, independiente de los partidos políticos tradicionales y siempre a su izquierda, en el que seguimos planteando las eternas reivindicaciones de las mujeres y criticando, con firmeza y exactitud, el sometimiento a las normas aprobadas por los hombres que dejan inermes e indefensas a las mujeres ante el poder. Por eso no nos consultan nunca cuando hay que reclamar reformas legislativas, manifestarse contra la última barbarie machista o redactar un nuevo proyecto de ley. Por eso se alegran, sumisas y contentas, de los bodrios legislativos que sus jefes llevan a la aprobación de las Cámaras, y aceptan, con una cobardía sin igual, que sea la Iglesia católica –y ahora pronto la musulmana– y la derecha cavernícola las que impongan sus condiciones en las cuestiones más graves y urgentes que nos afectan, como el aborto. Por eso hoy hay menos mujeres en el hemiciclo del Parlamento, y lo mismo pasará en las sucesivas elecciones si el verdadero feminismo no vuelve a tener el protagonismo que se merece.

Lidia Falcón es presidenta del Partido Feminista, abogada y escritora

ELPAÍS.com
24 Ene 1990
Por Lidia Falcón

Como la estrella amarilla de los judíos y la rosa de los homosexuales bajo Hitler, o la marca de las prostitutas y las prohibiciones en el vestido de los siervos en la Edad Media, el velo de las mujeres musulmanas les enseña desde la infancia -porque el adiestramiento para la humillación ha de comenzar pronto, con el propósito de evitar cualquier conato de rebeldía- que ellas son seres mutilados, deformes, pecaminosos; porque no son hombres. Ellas, por ser mujeres, destinadas a la reproducción de la especie como todas las hembras mamíferas, y sin más objetivo que alcanzar en su vida, marcadas cada mes con la hemorragia de la impureza, deben taparse de la mirada de los demás, ocultar la vergüenza de haber nacido mujer. El velo que deben usar las mujeres musulmanas es el distintivo de la impureza femenina, la marca de su ignominia. Las voces que hoy se alzan defendiendo el uso del velo en la escuela para las muchachitas musulmanas, en la Francia democrática, republicana y laica, en razón de la "libertad de conciencia" y del "respeto de las culturas diferentes", no se atreverían a lanzar el primer gruñido para defender el uso de la prenda que fuese la señal pública de la diferencia entre la negritud y la blancura. Esas mismas conciencias tan liberales considerarían impropio de países civilizados que se mantuviese un traje distinto para el criado que para el señor. Ellos, los escandalizados por el ataque a lo que suponen libertad religiosa, no consentirían que nadie les impusiese el caftán, ni el turbante, ni la gorra, ni el sombrero, si ello iba a significar la marca de su inferioridad social. Claro que la imposición en el vestir de las muchachas musulmanas no viene dada por el Estado francés, sino por el pater familiae y por el jefe religioso de su tribu, y está bien que las mujeres vistan según las reglas de su tribu y las normas religiosas impuestas por los jefes. Así se defiende más eficazmente la supervivencia del patriarcado.

Es bueno para los hombres, para todos los hombres, que las mujeres obedezcan al pater familiae, que no pongan en cuestión las milenarias reglas de la sumisión femenina. Es bueno para los hombres, para todos los hombres, que las mujeres obedezcan las leyes de la familia y no las del Estado. Como Antígonas siempre presentes defendiendo las leyes del patriarcado frente a las de la ciudad, las mujeres no son ciudadanas, no tienen derechos y deberes como los demás individuos que pagan impuestos, votan periódicamente y acatan la Constitución. Las mujeres son hijas, esposas, amantes, madres, adúlteras, vírgenes, prostitutas, monjas, viudas. Ellas siguen siendo sólo hembras cuyo status social depende del uso que haga de su sexo y de la relación que mantenga con un hombre.

Por tanto, no tienen que obedecer las reglas de la escuela pública y laica en esa Francia republicana que hace 200 años realizó una decisiva revolución para acabar, fundamentalmente, con los símbolos de la opresión. Las mujeres deben obedecer únicamente al hombre de la familia. Las niñas, y niñas son esas dóciles criaturas de 12 o 14 años que acuden a la escuela envueltas de los pies a la cabeza en los velos de su ignominia, sólo tienen que obedecer al padre, patrón, patriarca, amo de su cuerpo, de su vida y de su destino.

Las voces que defienden las diferencias culturales para mantener a las mujeres musulmanas porque nadie sabe todavía lo que dirían si fuese a sus elegantes, sofisticadas y liberadas mujeres francesas a las que quisiesen envolver en velos, resultan tan risibles como los que hablan de que los negros no son inferiores, pero sí diferentes. Los intelectuales que aducen el respeto a la libertad de las niñas para vestir el velo resultan sospechosamente ignorantes. Nadie ignora que en las familias musulmanas ninguna mujer viste, come, duerme, ni respira, sin permiso o por imposición del padre o del marido. Estúpido resulta defender que una hija de familia de 12 años cumple con las reglas de la religión de sus padres por "libertad propia".

Los hombres de ese Gobierno francés que habían permitido hasta ahora -ya que era del dominio público- las mutilaciones sexuales a las niñas de ocho años, en los hogares musulmanes, seguramente porque los hombres de ese Gobierno deben pensar que es bueno que las mujeres obedezcan al jefe de la familia, se han visto inducidos, después de que la brutal operación ocasionara varias muertes seguidas de niñas, a enjuiciar, encarcelar y condenar a una desgracia a su madre, mutilada ella misma, analfabeta, ignorante de cualquier palabra francesa, hundida en la prisión del domicilio conyugal, mientras el padre y marido quedaba en libertad, respetado como hombre, como marido y como padre. Al concluir el juicio con la condena de la madre, varios escritores franceses no han dudado en comentar que todo el mundo sabe que la culpable no hizo más que cumplir las normas impuestas por el padre de la familia. "Nada se mueve en la casa sin el permiso del marido", reprodujo textualmente la Prensa.

Hoy, esos mismos hombres del Gobierno francés, alentados por los intelectuales y los políticos que se han alzado indignados en defensa del velo -políticos e intelectuales que nunca se manifestaron para condenar la clitoridectomía, el maltrato a las mujeres o las desigualdades del salario femenino-, ya que deben pensar que es bueno que las niñas obedezcan las normas patriarcales, se enfrentan al desafilo de prohibir o de permitir ese signo de la ignominia femenina que es el velo musulmán. La permisión de que las niñas vayan cubiertas a la escuela sería la prueba más rotunda de que el feminismo se encuentra en su cota más baja de influencia, mientras el patriarcado goza de muy buena salud en Francia.

DEIA.com
1 Jun 2007
Por Lidia Falcón

cuando la mayoría de los ediles y los consejeros recién elegidos están ya sentados en sus escaños -algunos llevan ocupándolos decenas de años- y se disponen a proseguir su gestión, el ciudadano medio se pregunta qué será de lo suyo y qué será de lo nuevo que vaya a suceder. El desánimo que nos invade se ha reflejado con nitidez meridiana en la abstención media -en Catalunya y especialmente en Barcelona con escandalosa evidencia-, porque sabemos que detrás de las promesas y de los pomposos mítines no hay más que más de lo mismo: muchos impuestos y pocas soluciones, sobre todo, para los más necesitados: mujeres maltratadas, viudas mayores, personas sin trabajo, viejos que apenas sobreviven de pensiones miserables en pisos ruinosos... Dramáticas situaciones a las que tiene que dar solución una legislación decimonónica apenas maquillada por insuficientes y torpes reformas realizadas por los legislativos de la democracia, sin verdadero ánimo de cortar con los regímenes anteriores, y que se concreta para el contribuyente en una burocracia irracional que pocas veces le resuelve su problema.

Hubo un tiempo -ya remoto- en que la esperanza de un cambio profundo en nuestra sociedad podía echar raíces. Cuando la II República se quiso implantar en el país una ética de los valores humanos y una democracia genuinamente popular, pero ya sabemos que perdimos la guerra y, con la dictadura, hasta la vida. Lo más lamentable es que con la democracia hemos perdido el honor.

A los partidos políticos se les ha descontrolado la violencia machista. Ellos, que debían creer tenerla controlada, que no habían hecho ninguna mención al tema ni en sus mítines ni en sus debates --ni el PP ni el PSOE ni IU han introducido modificaciones a la ley de violencia en su programa electoral--, se han encontrado en plena campaña con que los asesinos, en dos días, les han echado en las tribunas los cadáveres de cuatro mujeres y les han dejado dos más heridas, una en estado grave. Con ellas tenemos 17 víctimas en 57 días, que son cinco más que las que se han producido en Tijuana, la ciudad mexicana que posee el primer lugar del ranking de asesinadas.

Cuando desde hace casi dos años algunas asociaciones feministas redactamos y publicamos un estudio sobre la ley de violencia y los problemas con que se tropezaba en su aplicación, y lo enviamos a todas las instituciones relacionadas con el tema, recibimos una agria respuesta de algunas de las responsables, como Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, y Montserrat Comas, del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, respuesta que esta última publicó hace pocos meses en este periódico.

En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene la redacción legal. Desde haber dejado fuera de su protección a toda mujer que no sea la esposa o esté vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantías en beneficio del denunciado --que, cuando se trata de otras jurisdicciones, como la laboral, no se aplican desde hace 100 años-- que obligan a esperar a la denunciante un tiempo interminable para ver dirimida su denuncia en los tribunales.

La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, con lo cual no existe unificación de criterio ni de doctrina --lo que provoca la inseguridad jurídica de las víctimas--, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral, de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas: el 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden añadir la falta de responsabilización de los jueces, fiscales, médicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las víctimas, cuando no cumplen la debida diligencia en la protección de la víctima y en la persecución del delito. Exigencias que nosotras habíamos introducido en el proyecto de ley que llevamos al Congreso y que fue desestimado.

Si a estas carencias añadimos que ni se ha dotado de los medios a las comisarías de policía ni creado los suficientes juzgados ni disponen de personal adecuado por su preparación, por la endémica falta de dotación presupuestaria, que es la enfermedad crónica de la justicia, no creo que sea muy difícil entender por qué la persecución de los maltratadores y asesinos de mujeres está siendo ineficaz.

Para disculparse, políticos y jueces han repetido que solo una de las cuatro asesinadas tenía una orden de alejamiento --como si el asesinato de una sola fuese despreciable-- y que otras dos no habían denunciado. No se hace hincapié en el caso de la cuarta, contra la cual se había dictado una orden de alejamiento del marido a instancias de este. Algún día habrá que escribir sobre las denuncias falsas de los agresores para contrarrestar las acciones judiciales de sus víctimas, ya que tanto se habla de las denuncias falsas de las mujeres. Los responsables institucionales repiten que, si no se denuncia, es imposible conocer los problemas. La jueza de violencia de Madrid, Raimunda de Peñafort, insistía asegurando tanto que la ley era suficiente como que su aplicación en los juzgados era absolutamente correcta. Resulta incomprensible que esas políticas y jueces no sepan que las mujeres no denuncian porque no confían en la justicia.

Aparte del problema de dependencia económica del marido, con el que pueden enfrentarse las denunciantes, la más grave dependencia, además de la familiar, es la del miedo. El miedo, y muy fundado, al agresor, que cuando sepa de la iniciativa de la que él considera su esclava para liberarse, tomará sangrienta venganza. Y la rebelde no contará entonces más que con sus propias fuerzas, porque no la protegerán ni la policía, que no tiene medios, ni el juzgado, que tardará interminables días o meses o años en resolver su caso, y que nunca --salvo si está muerta-- dicta prisión contra el agresor.

En esas condiciones, ¿quién se atreve a denunciar? ¡Qué fácil es aconsejar cuando el que lo hace no se encuentra en la misma situación! ¿Por qué tiene la víctima que refugiarse en una casa de acogida con sus hijos, abandonando su hogar, su trabajo, los familiares, los amigos, y los niños el colegio, mientras el agresor sigue en libertad? ¿Por qué no se dicta la prisión preventiva contra él, que es mucho más barato que proteger a la mujer permanentemente?

Espero que, en lo que resta de campaña, los partidos nos den la respuesta a estas preguntas.

Público.es
2 Mar 2008
Por Lidia Falcón

Las Delegaciones de Gobierno de Madrid y Las Palmas y la Junta Electoral Provincial de Sevilla denegaron el permiso para celebrar la manifestación por el 8 de marzo. En Valencia hubo que solicitar la autorización a la Junta Electoral Central, y en otras ciudades todavía no se sabe cuál será la decisión de las autoridades competentes.

Ha sido preciso presentar recursos ante los tribunales de justicia de las respectivas comunidades (Madrid, Andalucía y Las Palmas), y en los juicios celebrados se ha dado la razón a la autoridad competente contra las asociaciones de mujeres. En definitiva, dependiendo de los criterios de los delegados del Gobierno, las manifestaciones se podrán celebrar en unas ciudades y en otras no. La explicación de los jerarcas responsables es que el 8 de marzo corresponde a la jornada de reflexión y en ese día no se pueden realizar actos políticos. A esta situación hay que añadir que toda la semana anterior las feministas organizábamos conmemoraciones diversas en toda España que este año quedarán completamente oscurecidas y hasta suspendidas por la campaña electoral, ya que ni las personalidades que asistían estarán ahora interesadas en temas que se salen de sus agendas y ni siquiera dispondremos de locales adecuados para ello.

El 8 de marzo se conmemora la masacre que cometió el propietario de la empresa Cotton de Nueva York el 8 de marzo de 1909, cuando ante el encierro de sus trabajadoras en la fábrica solicitando aumentos de salario y mejores condiciones laborales, prendió fuego al edificio y murieron abrasadas las 211 mujeres que estaban dentro. El año que viene se cumplirá un siglo de aquella barbarie, y durante estos cien años en ningún país occidental las feministas hemos dejado de recordar esa fecha.

Aún clandestina y temerosamente durante nuestra dictadura, siempre realizamos algún acto, aunque fuese escondido, únicamente para elegidas; más públicos y abiertos a medida que se degradaba la represión, hasta culminar en las manifestaciones reivindicativas de los años setenta.

Desde entonces, y ya se han cumplido treinta, las feministas no hemos faltado a ninguna cita. Los partidos políticos tampoco, ni los sindicatos, siempre arrimando el ascua a su sardina en cuanto han visto el rendimiento electoral que puede proporcionarles apoyar a las feministas, con lo que, naturalmente, las celebraciones del 8 de marzo se han institucionalizado y por ende esclerotizado, perdido el impulso de oposición al poder que siempre ha de tener el movimiento feminista. Pero aún así, aunque con el propósito de manipularlas, dirigirlas y debilitarlas, las instituciones y los partidos fingían aceptar las demandas de las mujeres. Por ello cedían locales, organizaban actos y concedían modestas subvenciones.

Abandonado el entusiasmo que llenó de mujeres las calles de nuestras ciudades en los años de la verdadera lucha, ahogadas o minimizadas y ninguneadas las voces de verdadera crítica y protesta que aún nos atrevemos a manifestarnos, controladas las asociaciones por el conocido y eficaz método de aumentar o disminuir las fuentes de financiación estatal, los actos del 8 de marzo han quedado asumidos por los ayuntamientos, diputaciones, comunidades e institutos, alejando a las mujeres de una conmemoración que no les parece que les concierna.

Quedan citas que el Partido Feminista y algunos grupos del movimiento feminista organizan y expresan en encuentros independientes y sobre todo en las manifestaciones callejeras que se celebran en esa fecha. Pues bien, este año no se sabe si en algunas ciudades se podrán realizar porque coinciden con la jornada de reflexión electoral. Convocadas las elecciones el 9 de marzo, el día 8 quedan suprimidas o mediatizadas todas las manifestaciones, que inevitablemente tendrían carácter político.

Cuando Rodríguez Zapatero señaló el día 9 como la jornada electoral, ¿ignoraba que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? ¿Lo ignoraban las ocho flamantes ministras de su gabinete y su más astuto consejero y ministro Rubalcaba? ¿No lo sabía la excelsa feminista –tan amiga de obispos y cardenales- María Teresa Fernández de la Vega? ¿Qué se dijeron en aquel Consejo de Ministros en que decidieron tan trascendental fecha? Con toda seguridad se preocuparon de no coincidir con el calendario de partidos de fútbol, de celebraciones del Carnaval, de procesiones de Semana Santa. ¿Y quién se hubiese atrevido a señalar el 2 de mayo como día electoral? Pero si se trataba de las mujeres, ¡qué más da!

El cónclave de ministros haría cábalas sobre las reacciones que se producirían, y con toda seguridad los cerebros del Gobierno le aseguraron a Zapatero que ellos, y ellas, sabían controlar eficazmente el movimiento de mujeres, comprado por los fondos del Estado que administra el Gobierno. Y así ha sido.

En esta grave situación lo más penoso y lamentable es la anuencia que manifiestan las mujeres de todos los partidos políticos ante la indiferencia con que las cúpulas masculinas de los mismos han asumido la decisión del Gobierno. Esta situación hubiera sido impensable hace treinta años, no sólo porque las asociaciones feministas hubiesen organizado concentraciones y manifestaciones, autorizadas o no, sino también porque hubiese habido una opinión pública y publicada que habría alertado a los responsables políticos precisamente en el momento más crítico para ellos, que es el periodo electoral.

Abandonadas, y hasta perseguidas, las organizaciones de mujeres, como si se sintieran atacadas por el síndrome de Estocolmo, son incapaces de organizar protestas por una de las más graves agresiones contra el feminismo que hemos sufrido desde la transición.

Lidia Falcón es Presidenta del Partido Feminista de España, abogada y escritora

La Ley de Memoria Histórica se ha aprobado. Y se ha aprobado porque al fin la derecha nos ha dado permiso para hacerlo. En las largas y cómplices negociaciones que se han llevado a cabo entre los representantes de unos y otros partidos, ha sido patético ir observando el proceso de adulación y complacencia con que la izquierda llevó las negociaciones a fin de contentar a los partidos de derecha, que ha concluido en la degradación de una ley que la democracia nos debía desde hace 30 años. Bien es cierto que el Partido Socialista había esbozado un proyecto absolutamente indigno para que pudiera ser considerado reparador de los sufrimientos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, y que ha sido en alguna medida limpiado por Izquierda Unida. Pero también ésta se ha declarado vencida ante las imposiciones de los partidos católicos y de los del gran capital.

Mi asombro fue oír repetir diariamente a los comentaristas que era imprescindible obtener el consenso de todos los partidos. De todos, incluso de aquellos que dirigen los herederos políticos de los que organizaron el golpe de Estado, de los que llevaron a cabo las matanzas indiscriminadas y los consejos de guerra y expoliaron a los republicanos; partidos donde se encuentran, impunes y radiantes, los hijos y nietos de los dirigentes y cómplices del franquismo. La izquierda también desea esta alianza, quizá en cumplimiento de aquella vieja consigna del Partido Comunista de la “reconciliación nacional”, que fue tan incomprendida por los que debían reconciliarse con quienes los habían condenado a muerte.

Lo más patético de este episodio es comprobar cómo la izquierda le ha pedido perdón a la derecha por atreverse a recordar los episodios de la Guerra Civil, los padecimientos de los que defendieron la República, la represión que sufrieron los resistentes bajo la dictadura. Atacados al parecer del síndrome de Estocolmo, los partidos que deberían haber planteado estas reivindicaciones en tiempos bastante anteriores, cuando estaban más ocupados en apagar los fuegos de la rebelión obrera aceptando los pactos de la Moncloa, se muestran enormemente comprensivos con la indignación que acomete a los representantes de los partidos de derechas cuando se les habla de la memoria de nuestras desgracias. Hasta el punto de aceptar la equiparación de la represión sistemática practicada por los franquistas con los episodios de violencia incontrolada en la zona republicana. Siguen pidiendo perdón por parecer de izquierdas.

Lo más triste de este periodo de la torturada historia de España es comprobar cómo después de tres cuartos de siglo de sufrir una genocida guerra civil, única en Europa, por intentar vencer a la bestia fascista, de padecer los rigores de 40 años de una dictadura cuya crueldad era desconocida en España y de creer que habíamos instaurado la democracia, se ha aprobado una ley de resarcimiento de los vencidos que no tiene parangón con ninguna de las que se han impuesto ni en Europa ni en América ni en África.

Ni Alemania ni Francia ni Chile ni Argentina ni Grecia ni Portugal ni incluso la torturada Suráfrica han aceptado la impunidad de los que se beneficiaron con el sufrimiento de su pueblo. Después de padecer las dictaduras hicieron, y continúan, un ejercicio de justicia y democracia aprobando leyes que condenaron a los autores de los crímenes y dictaron de inmediato la nulidad de los juicios políticos de aquella etapa. Alemania y Francia llegaron mucho más lejos concediendo indemnizaciones a los perjudicados, y todos sus gobiernos han pedido perdón a las víctimas.

En esta esquizofrenia en que nuestro Gobierno se ha instalado, hemos visto cómo aceptaba con complacencia que la judicatura española persiguiera a Pinochet allende nuestras fronteras, y al torturador argentino Scilingo en nuestro propio territorio, donde se le ha juzgado, condenado y encarcelado, en una digna defensa de los derechos humanos que consideramos compete a todos los países, independientemente de dónde y cuándo se cometieran los crímenes. Mientras, en España, ese mismo Gobierno se opone a que se declare la nulidad de los consejos de guerra que durante el franquismo llevaron a la muerte y a decenas de años de cárcel a los antifascistas, sin garantías procesales algunas. Los mismos partidos que aplauden la nulidad de las leyes de perdón que dictaron los gobernantes argentinos aceptan en España sumisamente que ni se hable de indemnizaciones a las víctimas, que se permita que subsistan monumentos conmemorativos del franquismo siempre que “tengan valor arquitectónico o artístico” –¿quién decide el valor artístico?–, y que la Iglesia mantenga las placas de las fachadas de las iglesias con los nombres de sus supuestos mártires y los símbolos franquistas, yugos y flechas, escudo con águila imperial, que campean en los miles de pueblos que fueron torturados por esa misma iglesia.

Los mismos que aprueban y difunden la noticia de que se ha procesado y encarcelado a los parientes de Pinochet por la apropiación de caudales públicos se indignan ante la sola mención de que a la familia Franco, y a tantas otras que se hicieron ricas mediante la adjudicación de los bienes de los asesinados, expropiaciones y robos impunes que se produjeron durante decenas de años se les pida cuentas de su fortuna.

En definitiva, ser demócrata en España es diferente de serlo en Alemania o en Argentina. Hoy, ni siquiera a las víctimas sobrevivientes de la Guerra Civil y la dictadura se les otorga la satisfacción de ver a sus verdugos avergonzados. Porque nunca nos pidieron perdón.

Público.es
19 Dic 2007
Por Lidia Falcón

En la calle se oían los gritos de los bebés que estaban asesinando. Y luego los destrozaban en unas "trituradoras". Unos entendidos comensales de la mesa de al lado del restaurante repetían este relato de horror frankensteiniano. Similares descripciones de las terribles matanzas de bebés que se practicaban en las clínicas del Dr. Morín están en boca de ciudadanos que jamás tuvieron información alguna sobre el tema.

Hace más de un mes que en Barcelona están en prisión tres médicos, uno de ellos Carlos Morín, por el cierre y registro ordenado por el Juzgado de las clínicas ginecológicas en las que trabajaban. Semanas después han cerrado dos clínicas en Madrid. Ahora son siete médicos más los que se hallan detenidos en Barcelona. Esa descripción de los asesinatos de niños triturados en una máquina –sólo falta que añadan que se hacían albóndigas después– en una semblanza del triunfo de la muerte de Brueghel, ofrecida con morbosa y deleitada pasión por una prensa especialmente dedicada a negarles a las mujeres todo derecho al progreso, persigue el efecto –conseguido– de estremecer a una ciudadanía desinformada y supersticiosa.

Los 200.000 abortos que se practican en España cada año son un número muy modesto en comparación con las cifras de Europa, ya que la práctica sanitaria en los países avanzados alcanza a muchos más casos que los que se permiten en nuestro país. Como a ello se une la más absoluta desidia de nuestros gobiernos en la prevención y educación anticonceptiva, con un alarmante aumento de embarazos de adolescentes, tenemos unas cifras tercermundistas de madres niñas, de fetos inviables y de trastornos psiquiátricos en mujeres, producidos por las dificultades que el sistema sanitario español impone. El 90% de los abortos se practica durante los primeros tres meses de embarazo y el 10% restante se reparte entre las graves malformaciones del feto y las violaciones. Los inquisidores que persiguen toda libertad humana y especialmente la de las mujeres mienten cuando afirman que en las clínicas del Dr. Morín se eliminaban los fetos de ocho meses, mienten cuando relatan los horrores que se complacen en describir, como si hubiese un sector de mujeres y de médicos en España que disfrutan sádicamente, ellas ofreciendo su propio cuerpo a semejantes peligrosas manipulaciones y ellos acometiendo una labor que puede llevarlos a prisión, como ya se ha visto. Y mienten con éxito porque se lo permiten los juzgados y los fiscales de la misma línea ideológica que los ultra-reaccionarios que denunciaron, porque los medios de comunicación que son sus compinches les sirven de altavoces, y porque el Gobierno, deseoso de contentar a los dirigentes de la Iglesia católica, se inhibe cobardemente de su deber de proteger a las mujeres y a los médicos.

El Gobierno de Felipe González permitió la objeción de conciencia de los profesionales sin ningún tipo de control. Desde entonces y con la indiferencia del Gobierno actual, se ha conseguido la utilización perversa del derecho a la objeción de conciencia de los médicos y sanitarios de la sanidad pública, de modo que muchos se niegan a practicarlo en los hospitales mientras lo realizan en su consulta privada. El 3% de los abortos se practica en la sanidad pública, mientras el 97% restante ha de hacerse en las clínicas privadas. Éste es el único sector de la sanidad que no ofrece a las ciudadanas la atención debida en los hospitales de su competencia. De tal modo se ha conseguido muy eficazmente privatizar el aborto, en varias comunidades incluso con cargo al erario público, en vez de despedir de los departamentos de ginecología a los médicos que no quieren atender esta especialidad y garantizar con los profesionales adecuados la continuidad del servicio. De igual manera podían permitir que un Testigo de Jehová estuviese al cargo de las transfusiones de sangre. Todas estas anomalías, en un país que se jacta de estar en el octavo nivel de desarrollo mundial, serían impensables en la Europa desarrollada a la que tanto queremos parecernos. Incluso las católicas Bélgica y Portugal ya han aprobado unos plazos dentro de los cuales una mujer puede pedir la interrupción de su embarazo sin tener que dar interminables explicaciones sobre su vida privada, ni ser sometida a los exámenes e interrogatorios obligatorios hoy, que la convierten en una delincuente.

Ni el Partido Socialista ni las mujeres que lo dirigen y dicen ser feministas han aprobado en 20 años una legislación realmente moderna, eliminando esa tacha de infamia que significa ser un delito. Al mismo tiempo, la dejación de la lucha por el aborto por parte del Movimiento Feminista, absolutamente desinteresado de este tema desde hace 20 años y convertido en cómplice del Gobierno socialista, ha permitido que la derecha desencadene esta ofensiva contra las mujeres y su futuro y les causará nuevamente numerosos sufrimientos.

Los médicos que hoy están en prisión ayudaron a las mujeres en los años anteriores a la legalización a viajar a Londres y a Amsterdam, y después practicaron gratuitamente muchos abortos a las mujeres que no podían pagarlos. Hoy no ha habido ninguna respuesta por parte del Movimiento Feminista a esta persecución que les ha afectado a ellos en primer lugar, pero que sin duda avanzará contra todas nosotras en breve, cumpliendo la profecía de Brecht, y entonces no sabremos qué hacer. Si el Movimiento Feminista no responde a esta nueva guerra de los reaccionarios y enemigos, demostrará que el movimiento ha muerto, como algunas de nosotras hemos denunciado desde hace tiempo. Éste será el tiempo más oscuro del feminismo en nuestro país.