Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

elPeriódico.com
4 Mayo 2007
Por Lidia Falcón

Las últimas peripecias sufridas por los más altos tribunales del Estado (Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional) han ofrecido a la ciudadanía una representación más bien esperpéntica de nuestra justicia. Que los magistrados de la sala correspondiente de la Audiencia se dispusieran a otorgar la libertad provisional a Iñaki de Juana Chaos y el resto de los magistrados organizaran una asamblea para evitarlo; que el fiscal de la Audiencia solicitara primero 97 años de prisión contra el mismo acusado por haber escrito un artículo amenazante en un periódico, que más tarde modificara la petición rebajándola a 17, que la sala lo condenara a 12 y que el Supremo rebajara la pena a 3 --hay que añadir que, en esta última sentencia, cinco magistrados emitieron votos particulares: dos a favor de la absolución y tres por una condena de siete años---; que el Constitucional recuse a un magistrado y se niegue a hacerlo con otro por la misma causa deja perplejo a todo aquel que confíe en nuestro Estado de derecho.

Numerosos comentaristas muy autorizados han dicho que precisamente la capacidad que tiene la justicia de rectificar sus propias decisiones iniciales, que, por el contrario, no suele encontrarse ni en el poder legislativo ni en el ejecutivo, es una de las grandezas de aquel, que constituye el pilar fundamental de la garantía de la seguridad jurídica que todo ciudadano tiene el derecho de exigir a su Estado.

Pero muy conformista se ha de ser para aceptar plácidamente tal criterio. Los vaivenes que agitan las decisiones de los fiscales y de los magistrados no pueden dejar a nadie tranquilo. Se supone que los doctos jueces que se sientan en los más altos estrados de la magistratura conocen perfectamente las leyes que deben aplicar, así como la jurisprudencia emitida con anterioridad a su decisión, y que además se les ha escogido por su probada objetividad e imparcialidad en el ejercicio de tan comprometida función. Por tanto, que sea tan justo condenar a un acusado a 97 años de prisión como a tres por el mismo delito no lo entiende nadie. Como tampoco es admisible que las querellas internas de los componentes de esos tribunales, en razón de los intereses partidistas que defienden, les lleven a discrepar con tanta disparidad en sus dictámenes jurídicos.

Pero lo cierto, que nunca sale a la luz pública, es que una de las graves carencias de nuestro sistema judicial es la falta de seguridad jurídica que estamos viviendo en los últimos años. En parte debido a las constantes modificaciones legislativas impuestas por un afán normativo desenfrenado de nuestros diputados, en otra a la evidente desinformación de los legisladores sobre la sociedad a la que someten a sus disposiciones, y finalmente a los prejuicios ideológicos de los jueces que deben aplicar las leyes. El resultado es que en España se dictan diariamente miles de resoluciones, por cientos de juzgados, que son contradictorias entre sí. Es imposible pronosticar a un cliente el resultado de un procedimiento a partir de las pruebas y evidencias de que se disponga, porque la resolución judicial dependerá fundamentalmente de la ideología tanto política como moral que defiendan el juez y el fiscal, de la biografía de estos e incluso del buen o mal humor que padezcan en el momento de tomar la decisión. Sobre todo en los casos de divorcio, custodia de menores y violencia contra la mujer.

Algunas de estas resoluciones han salido a la luz pública, ante el escándalo social que provocan. Sentencias que afirman que no existe ensañamiento en el asesinato de la mujer que recibe 70 puñaladas; que niegan el delito de violación porque la víctima no opuso la suficiente resistencia, ya que le pidió un vaso de agua a su violador; calificaciones fiscales de abusos sexuales, en lugar de violación, de niños de 1 a 5 años, incluso cuando fueron sodomizados, porque no existió intimidación o violencia. Mientras en otros casos, esos que no se publican, tanto el fiscal como el juez estiman con más rigor el delito y aplican la ley en un grado mayor.

Casos en los que ni se atienden las declaraciones de los testigos y peritos y se dictan sentencias afirmando simplemente que no son creíbles, y otros en los que iguales pruebas se tienen en cuenta. Procesos civiles en los que el fiscal no comparece, como establece la ley, porque el juzgado se halla sobrecargado de asuntos, y otros en los que el juzgador se niega a practicar ninguna prueba si el fiscal no está presente. Todos los que se hallan familiarizados con la administración de justicia conocen las arbitrariedades y contradicciones que se producen en los diferentes juzgados, e incluso en las resoluciones de las audiencias, cuando comparan unos casos con otros, unas sentencias con otras, unos incidentes con otros.

La falta de unificación de criterios entre los diferentes juzgados, audiencias y jurisdicciones produce en el ciudadano la convicción de que se halla bajo el arbitrio de profesionales impulsados por sus creencias ideológicas y de poca estabilidad emocional. Condiciones que hacen injusta a la justicia.

Contra las mujeres se ha desencadenado una campaña machista. En cuanto han conseguido un poco de libertad, aquellos que las consideran de su propiedad se han organizado para calumniarlas y perseguirlas judicialmente. Algunos también las matan. Hace más de 15 años, en un debate de televisión dirigido por Cristina García Ramos, yo adelanté –no sabía entonces con qué trágica certeza– que la lucha por la igualdad de las mujeres iba a tener una respuesta sangrienta por parte de ciertos hombres. El catedrático Javier Pérez Royo, que participaba en el debate, mirándome con una expresión de absoluto desprecio replicó que ese comentario no merecía ni siquiera respuesta. Pues bien, señor Pérez, en estos 15 años transcurridos han sido asesinadas por hombres 1.200 mujeres, sin contar las que se han suicidado o muerto a consecuencia de los malos tratos sufridos a manos de aquellos, y unos dos millones más están siendo golpeadas sistemáticamente. A los femicidios hemos de agregar las violaciones, el acoso sexual, la prostitución y las demás violencias que se practican contra ellas.

Pero no sólo las matan, como si ese no fuese suficiente motivo para escalofriarnos –y para que el sr. Pérez me pidiese disculpas– sino que también sufren toda clase de marginaciones y opresiones. El 50% de las divorciadas con hijos no cobran la pensión alimenticia que el juzgado señaló al padre, y la “feminización de la pobreza” avanza en las familias monoparentales dirigidas por una mujer. El subempleo, los bajos salarios, el trabajo a tiempo parcial, los contratos eventuales y la falta de promoción en la empresa son femeninos.

Pero ni siquiera esta realidad es lo más remarcable, precisamente por lo muy sabida. Lo destacable de estos últimos tiempos es la campaña machista organizada por las asociaciones de hombres que afirman ser maltratados por mujeres, orquestada con muchísima eficacia por medios de comunicación afines a ellos. Esta campaña se ha desencadenado sobre todo a partir del momento en que se aprobó la Ley de Violencia, que les ha parecido a los machistas intolerable a pesar de las múltiples carencias que padece, así como de la ineficacia de la justicia, como se puede comprobar diariamente en los casos de hombres condenados que andan sueltos a su libre albedrío y que acaban matando a la mujer o a algún niño.

La acusación de que las mujeres presentan denuncias falsas para obtener múltiples ventajas en los procesos de divorcio, que con toda rotundidad defiende María Sanahuja, que fue decana de los Juzgados de Barcelona, apoyada por el entonces fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena, se ha convertido en una verdadera campaña de prensa, radio y televisión contra las mujeres maltratadas. Se han creado asociaciones de hombres víctimas de falsas denuncias, y no hay televisión –aún las de mayor audiencia– que no haya introducido el tema en sus programas sobre la violencia machista.

A esta campaña de difamación contra las mujeres, y contra sus abogados, ha seguido la de apoyar la custodia compartida de los hijos entre el padre y la madre. Reivindicación que únicamente defienden los padres, con el propósito claro de no pagar las pensiones de alimentos a los niños. Tal medida se implantó, aunque con condiciones, en la reforma del Código Civil cuando aprobó la reforma legal llamada del divorcio “exprés”, mediante la cual ya no se pueden alegar causas para solicitarlo. De tal modo, las tropelías que algunos maridos cometen contra las mujeres: infidelidad, corrupción, desatención a la esposa y a los hijos, negativa a colaborar en las tareas domésticas, ausencia del hogar, no entregarle el dinero para subsistir, no pueden ni aún plantearse ante el juzgado, y, en consecuencia, tampoco se puede reclamar una reparación adecuada; si fuera que la indemnización por tales actuaciones hubiese podido contemplarse alguna vez en el ordenamiento jurídico, que jamás se ha planteado en nuestro país, ya que tanto legisladores como jueces consideran normal que una esposa aguante todo tipo de vejaciones por parte del marido. Y, para añadir mayor sufrimiento a las mujeres que se encuentran privadas de la compañía de los hijos y deben contemplar impotentes el maltrato de los niños a manos del padre, en la actualidad el proyecto del Codi Civil catalán establece la custodia compartida, casi automáticamente.

La campaña contra las mujeres está cada día más en auge. Y con éxito. Por ello, los jueces archivan el 55% de las denuncias por maltrato, considerando que son falsas, únicamente condenan al 70% de ese 45% restante, es decir el 38% de las denuncias, y casi nunca a más de dos años de cárcel, con lo cual los maltratadores no la cumplen, e incluso cuando la sentencia es mayor no ordenan tampoco el ingreso en prisión. Y cuando se deciden, con mucha dificultad, a dictar una orden de alejamiento, no tienen ningún interés en hacerla cumplir. A esta actitud de los jueces hay que añadir que en la mayoría de los abusos sexuales de los niños, los psicólogos dictaminan casi sistemáticamente que son inventados por las madres, y en consecuencia se archivan las denuncias. Ahora, además, se está acusando a las madres de consentir los abusos, sin parar mientes en que la primera maltratada, violada y amenazada de muerte, si se atreviera a denunciarlo, son ellas. Por eso es posible que se asesine a una niña y a una esposa y a una madre por un pederasta, un marido y un hijo que habían sido condenados hacía años por abusos sexuales y maltratos a otras o a las mismas personas. Por eso únicamente tenemos que esperar a que cualquier otro asesino, que sigue libre, repita la hazaña.

 

Cuando creíamos que después del asesinato de Mari Luz no podíamos horrorizarnos más, nos enteramos de que una mujer ha sido asesinada tras haber pedido repetidas veces protección de un marido que estaba condenado y con orden de alejamiento, poco antes de que un enfermo mental pasee la cabeza de su madre por las calles del pueblo, después de haber estado condenado cuatro veces. Estos casos que nos escandalizan son la cara visible de algunas de las negligencias que cometen ciertos organismos institucionales que tendrían que proteger a las mujeres. Los olvidos que llevaron a Mari Luz a la muerte han sido explicados como un error achacable únicamente al juez que era responsable del encarcelamiento del culpable. Tantos otros implicados, desde la Audiencia a la Policía, se han declarado exentos de cualquier responsabilidad. Lo que no se cuenta es que los olvidos y los errores judiciales suceden habitualmente. La instrucción de un sumario por abusos sexuales a menores, malos tratos a mujeres, lesiones, robo sin violencia, hurtos, etcétera, tarda dos años. Pueden añadirse de uno a tres más de demora en la Audiencia. Esa sentencia tendrá que ejecutarla el juzgado penal; teniendo en cuenta que las penas inferiores a dos años pueden suspenderse o sustituirse por un inexistente servicio a la comunidad, miles de condenados no cumplen la sentencia.

Pero incluso en el caso de que esa condena supere los dos años, con toda probabilidad no se ejecutará. En este momento miles de sentencias de prisión y de multa duermen en las carpetas de los juzgados. Muchas porque no se ha encontrado al condenado para notificárselas. Informan los medios de que en un solo juzgado de Palma de Mallorca hay 8.000 ejecuciones por tramitar. Entre ellas se encontrarán las que afectan a esposas y madres maltratadas y a menores de los que se ha abusado. La prensa cuenta que varios pederastas han desaparecido después de ser condenados a penas de tres años y más de cárcel. Transcurrido el tiempo en el que los autos duermen en una mesa del departamento de ejecuciones del juzgado, el delito habrá prescrito.

En el tema de violencia contra la mujer, la acusación, vertida en los medios, de que las mujeres presentan denuncias falsas, ha influido para que solo en muy contadas ocasiones los jueces dicten prisión preventiva contra los denunciados por maltrato, pederastia, abusos sexuales, violaciones. Así, muchos de los acusados ni acuden al juicio, y los que lo hacen desaparecen, preventivamente, temiendo la sentencia. Pero estos no son los únicos casos en que los condenados viven tranquilamente sin temer la persecución de la justicia. Las multas de los procesos de tráfico, de alimentos, de infracciones que no acarrean pena de prisión no se suelen pagar. Cuando el abogado acusador persigue tenazmente el cumplimiento de la sentencia tropieza con el atasco que ahoga a las oficinas de ejecución y que ocasiona la lentitud en dictar órdenes de localización, y la casi imposibilidad de que se disponga la busca y captura en los casos en que las penas no sean mayores de tres años de prisión.

A este funcionamiento de los juzgados, conocido de todos los profesionales del Derecho, se le puede aplicar sin duda una atenuante calificada: el estado caótico en que se encuentran. Juzgados ubicados en un inmueble de vecinos, a veces con ellos dentro, oficiales amontonados con sus mesas y expedientes, de cuatro en cuatro, en habitaciones minúsculas, donde se toma declaración a imputados, testigos y peritos, con asistencia de letrados, delante de los demás empleados y profesionales que entran y salen del juzgado interesándose por sus asuntos. La invisible presencia de los fiscales adscritos a varios juzgados a la vez y que no pueden atender a todos. Salas de audiencia, como las de los juzgados de familia de Barcelona, que consisten en una mesa ovalada alrededor de la cual se sientan todos los implicados: juez, fiscal, secretario, procuradores, abogados e interesados, rozándose codo con codo, y donde se celebran vistas en las que están en juego la felicidad de los cónyuges, la propiedad de los bienes familiares y el futuro de los hijos.

La imagen habitual de los juzgados es la de habitaciones atestadas de expedientes, en las estanterías, en las mesas, en las sillas, en el suelo, y hasta en el váter, sin vigilancia alguna, de tal modo que cualquiera puede llevarse las carpetas y hasta los sellos del juzgado.

El único paliativo a tantos males es por lo menos doblar el número de juzgados, de jueces, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de auxiliares, de agentes y de policía judicial, y ubicarlos en los edificios adecuados con los ordenadores y las terminales necesarias, donde se hayan introducido las bases de datos coordinadas con las policías y los otros juzgados. Pero esta reforma --y no hablo del imprescindible cambio del procedimiento-- necesita una inversión económica enorme que los gobernantes no están dispuestos a hacer. Por tanto, es imposible que la Administración de justicia española salga del siglo XIX, en el que se halla anclada, y es previsible que a corto plazo cualquier otra niña o esposa o madre sea víctima de un pederasta, de un marido o de un hijo que, pese a estar condenado, disfrute tranquilamente de libertad.

 

A los partidos políticos se les ha descontrolado la violencia machista. Ellos, que debían creer tenerla controlada, que no habían hecho ninguna mención al tema ni en sus mítines ni en sus debates --ni el PP ni el PSOE ni IU han introducido modificaciones a la ley de violencia en su programa electoral--, se han encontrado en plena campaña con que los asesinos, en dos días, les han echado en las tribunas los cadáveres de cuatro mujeres y les han dejado dos más heridas, una en estado grave. Con ellas tenemos 17 víctimas en 57 días, que son cinco más que las que se han producido en Tijuana, la ciudad mexicana que posee el primer lugar del ranking de asesinadas.

Cuando desde hace casi dos años algunas asociaciones feministas redactamos y publicamos un estudio sobre la ley de violencia y los problemas con que se tropezaba en su aplicación, y lo enviamos a todas las instituciones relacionadas con el tema, recibimos una agria respuesta de algunas de las responsables, como Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, y Montserrat Comas, del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, respuesta que esta última publicó hace pocos meses en este periódico.

En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene la redacción legal. Desde haber dejado fuera de su protección a toda mujer que no sea la esposa o esté vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantías en beneficio del denunciado --que, cuando se trata de otras jurisdicciones, como la laboral, no se aplican desde hace 100 años-- que obligan a esperar a la denunciante un tiempo interminable para ver dirimida su denuncia en los tribunales.

La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, con lo cual no existe unificación de criterio ni de doctrina --lo que provoca la inseguridad jurídica de las víctimas--, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral, de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas: el 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden añadir la falta de responsabilización de los jueces, fiscales, médicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las víctimas, cuando no cumplen la debida diligencia en la protección de la víctima y en la persecución del delito. Exigencias que nosotras habíamos introducido en el proyecto de ley que llevamos al Congreso y que fue desestimado.

Si a estas carencias añadimos que ni se ha dotado de los medios a las comisarías de policía ni creado los suficientes juzgados ni disponen de personal adecuado por su preparación, por la endémica falta de dotación presupuestaria, que es la enfermedad crónica de la justicia, no creo que sea muy difícil entender por qué la persecución de los maltratadores y asesinos de mujeres está siendo ineficaz.

Para disculparse, políticos y jueces han repetido que solo una de las cuatro asesinadas tenía una orden de alejamiento --como si el asesinato de una sola fuese despreciable-- y que otras dos no habían denunciado. No se hace hincapié en el caso de la cuarta, contra la cual se había dictado una orden de alejamiento del marido a instancias de este. Algún día habrá que escribir sobre las denuncias falsas de los agresores para contrarrestar las acciones judiciales de sus víctimas, ya que tanto se habla de las denuncias falsas de las mujeres. Los responsables institucionales repiten que, si no se denuncia, es imposible conocer los problemas. La jueza de violencia de Madrid, Raimunda de Peñafort, insistía asegurando tanto que la ley era suficiente como que su aplicación en los juzgados era absolutamente correcta. Resulta incomprensible que esas políticas y jueces no sepan que las mujeres no denuncian porque no confían en la justicia.

Aparte del problema de dependencia económica del marido, con el que pueden enfrentarse las denunciantes, la más grave dependencia, además de la familiar, es la del miedo. El miedo, y muy fundado, al agresor, que cuando sepa de la iniciativa de la que él considera su esclava para liberarse, tomará sangrienta venganza. Y la rebelde no contará entonces más que con sus propias fuerzas, porque no la protegerán ni la policía, que no tiene medios, ni el juzgado, que tardará interminables días o meses o años en resolver su caso, y que nunca --salvo si está muerta-- dicta prisión contra el agresor.

En esas condiciones, ¿quién se atreve a denunciar? ¡Qué fácil es aconsejar cuando el que lo hace no se encuentra en la misma situación! ¿Por qué tiene la víctima que refugiarse en una casa de acogida con sus hijos, abandonando su hogar, su trabajo, los familiares, los amigos, y los niños el colegio, mientras el agresor sigue en libertad? ¿Por qué no se dicta la prisión preventiva contra él, que es mucho más barato que proteger a la mujer permanentemente?

Espero que, en lo que resta de campaña, los partidos nos den la respuesta a estas preguntas.

La Ley de Memoria Histórica se ha aprobado. Y se ha aprobado porque al fin la derecha nos ha dado permiso para hacerlo. En las largas y cómplices negociaciones que se han llevado a cabo entre los representantes de unos y otros partidos, ha sido patético ir observando el proceso de adulación y complacencia con que la izquierda llevó las negociaciones a fin de contentar a los partidos de derecha, que ha concluido en la degradación de una ley que la democracia nos debía desde hace 30 años. Bien es cierto que el Partido Socialista había esbozado un proyecto absolutamente indigno para que pudiera ser considerado reparador de los sufrimientos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, y que ha sido en alguna medida limpiado por Izquierda Unida. Pero también ésta se ha declarado vencida ante las imposiciones de los partidos católicos y de los del gran capital.

Mi asombro fue oír repetir diariamente a los comentaristas que era imprescindible obtener el consenso de todos los partidos. De todos, incluso de aquellos que dirigen los herederos políticos de los que organizaron el golpe de Estado, de los que llevaron a cabo las matanzas indiscriminadas y los consejos de guerra y expoliaron a los republicanos; partidos donde se encuentran, impunes y radiantes, los hijos y nietos de los dirigentes y cómplices del franquismo. La izquierda también desea esta alianza, quizá en cumplimiento de aquella vieja consigna del Partido Comunista de la “reconciliación nacional”, que fue tan incomprendida por los que debían reconciliarse con quienes los habían condenado a muerte.

Lo más patético de este episodio es comprobar cómo la izquierda le ha pedido perdón a la derecha por atreverse a recordar los episodios de la Guerra Civil, los padecimientos de los que defendieron la República, la represión que sufrieron los resistentes bajo la dictadura. Atacados al parecer del síndrome de Estocolmo, los partidos que deberían haber planteado estas reivindicaciones en tiempos bastante anteriores, cuando estaban más ocupados en apagar los fuegos de la rebelión obrera aceptando los pactos de la Moncloa, se muestran enormemente comprensivos con la indignación que acomete a los representantes de los partidos de derechas cuando se les habla de la memoria de nuestras desgracias. Hasta el punto de aceptar la equiparación de la represión sistemática practicada por los franquistas con los episodios de violencia incontrolada en la zona republicana. Siguen pidiendo perdón por parecer de izquierdas.

Lo más triste de este periodo de la torturada historia de España es comprobar cómo después de tres cuartos de siglo de sufrir una genocida guerra civil, única en Europa, por intentar vencer a la bestia fascista, de padecer los rigores de 40 años de una dictadura cuya crueldad era desconocida en España y de creer que habíamos instaurado la democracia, se ha aprobado una ley de resarcimiento de los vencidos que no tiene parangón con ninguna de las que se han impuesto ni en Europa ni en América ni en África.

Ni Alemania ni Francia ni Chile ni Argentina ni Grecia ni Portugal ni incluso la torturada Suráfrica han aceptado la impunidad de los que se beneficiaron con el sufrimiento de su pueblo. Después de padecer las dictaduras hicieron, y continúan, un ejercicio de justicia y democracia aprobando leyes que condenaron a los autores de los crímenes y dictaron de inmediato la nulidad de los juicios políticos de aquella etapa. Alemania y Francia llegaron mucho más lejos concediendo indemnizaciones a los perjudicados, y todos sus gobiernos han pedido perdón a las víctimas.

En esta esquizofrenia en que nuestro Gobierno se ha instalado, hemos visto cómo aceptaba con complacencia que la judicatura española persiguiera a Pinochet allende nuestras fronteras, y al torturador argentino Scilingo en nuestro propio territorio, donde se le ha juzgado, condenado y encarcelado, en una digna defensa de los derechos humanos que consideramos compete a todos los países, independientemente de dónde y cuándo se cometieran los crímenes. Mientras, en España, ese mismo Gobierno se opone a que se declare la nulidad de los consejos de guerra que durante el franquismo llevaron a la muerte y a decenas de años de cárcel a los antifascistas, sin garantías procesales algunas. Los mismos partidos que aplauden la nulidad de las leyes de perdón que dictaron los gobernantes argentinos aceptan en España sumisamente que ni se hable de indemnizaciones a las víctimas, que se permita que subsistan monumentos conmemorativos del franquismo siempre que “tengan valor arquitectónico o artístico” –¿quién decide el valor artístico?–, y que la Iglesia mantenga las placas de las fachadas de las iglesias con los nombres de sus supuestos mártires y los símbolos franquistas, yugos y flechas, escudo con águila imperial, que campean en los miles de pueblos que fueron torturados por esa misma iglesia.

Los mismos que aprueban y difunden la noticia de que se ha procesado y encarcelado a los parientes de Pinochet por la apropiación de caudales públicos se indignan ante la sola mención de que a la familia Franco, y a tantas otras que se hicieron ricas mediante la adjudicación de los bienes de los asesinados, expropiaciones y robos impunes que se produjeron durante decenas de años se les pida cuentas de su fortuna.

En definitiva, ser demócrata en España es diferente de serlo en Alemania o en Argentina. Hoy, ni siquiera a las víctimas sobrevivientes de la Guerra Civil y la dictadura se les otorga la satisfacción de ver a sus verdugos avergonzados. Porque nunca nos pidieron perdón.