Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

Público.es
21 Ene 2009
Por Lidia Falcón

En plena polémica pública por la rebelión de los jueces y el grave retraso que sufre nuestra Administración de Justicia, sorprende que ningún especialista haya mencionado entre las causas de tanto desaguisado a nuestro anquilosado y anacrónico sistema procesal. Las Leyes de Enjuiciamiento no han avanzado apenas desde el Derecho romano, a pesar de las reformas del año 2000.

Desde la demanda hasta la ejecución, el procedimiento está organizado para que se desarrolle con la máxima lentitud e ineficacia. Las citaciones se realizan enviando a un agente judicial con un papel sellado al domicilio del demandado. Naturalmente, si el destinatario no se encuentra en él cuando el agente acude, es imposible entregar la citación, y a los tres intentos fallidos se devuelve al juzgado con el sello: desconocido. Y esta puede ser la última actuación judicial del procedimiento en cuestión durante semanas, meses o años. Si no se dispone de profesionales que busquen activamente el paradero del citado, la citación no se moverá de la mesa del juzgado. Pero no crean que si los interesados logran localizar al desaparecido la citación entregada por aquellos será útil, porque únicamente el agente judicial puede certificar la validez del precioso documento.

Para las citaciones fuera de la población donde se ha presentado la demanda se sigue utilizando el malhadado exhorto que viaja por correo; se detiene en el registro de los juzgados; se reparte por riguroso turno y se envía nuevamente por agente judicial hasta ser entregado en mano, si se logra, al destinatario. Ninguno de los sistemas de comunicación inventados desde hace más de un siglo –teléfono, fax, e-mail, móvil, Internet–, ha entrado en nuestras nuevas leyes procedimentales. ¡Tan satisfechos como están los gobiernos y políticos con el gran avance de nuestro país en materia de nuevas tecnologías!

Pero este es únicamente el comienzo del calvario del procedimiento judicial. La demanda, la contestación y la reconvención, si cabe, se presentan por escrito, y sólo para los abogados existe una extrema rigidez en el cumplimiento de los plazos legales, ya que ni el juez ni el fiscal los respetan. Para los profesionales del Derecho que estamos en el ejercicio diario nos parecen una burla tanto las pomposas declaraciones de la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como los breves plazos que estipularon los legisladores para que los jueces dicten sus resoluciones, plazos que jamás cumplen, sin responsabilidad para nadie. Ninguna de estas actuaciones puede realizarse oralmente, ni por videoconferencia, ni ser grabada o audicionada por algún sistema técnico. Papel y únicamente papel y más papel, hasta que se llena de pulgas, como ha sucedido en algunos juzgados de Madrid. Carpetas y carpetas que llenan las estanterías, los armarios, las mesas, las sillas, el suelo y hasta los lavabos de algunos juzgados. En esa producción interminable de escritos que se van transmitiendo manualmente de demandante a demandado, a abogados, a procuradores, a fiscales, a forenses, a secretarios y a agentes judiciales. Escritos que se copian, se sellan, se folian y se unen por cuerda floja cuando deben pasar a las Audiencias, y a los Tribunales Superiores, y al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Transcurren uno, dos, cinco, ocho, diez años, depende. Depende del número de citaciones, contestaciones, recursos, autos, sentencias, apelaciones, resoluciones y nuevos recursos.

Nunca se puede contestar ni recurrir oralmente y grabar en cinta, en vídeo, en cedés, en pendrives. El juez o los magistrados nunca pueden conocer el problema y resolver, en consecuencia, mediante el simple y humano sistema de llamar a los implicados –citados por teléfono, o por e-mail, o por fax–, sentarlos delante, con sus abogados, escucharlos y decidir a continuación. Todas las actuaciones del juzgado se plasman en papel, algunas vistas, pero sólo vistas, también en vídeo, y así los procedimientos complicados pueden alcanzar las astronómicas cifras de 20, 30, 50, 150.000 folios. Las dos terceras partes de esas montañas de papel consisten en providencias o diligencias de ordenación en las que se dice que se da por recibido el escrito tal o el recurso cual; que se ha llevado a cabo la citación o que no se ha llevado a cabo la citación cual; que se ha admitido a trámite tal demanda, tal apelación o no; que se da por recibido el escrito o no, sin que signifique que a la vez se resuelva ninguno de esos recursos, peticiones, apelaciones, impugnaciones, oposiciones y ejecuciones. Porque la ejecución de la sentencia supone un procedimiento nuevo, igual o más farragoso que el principal, cuando ya este se ha concluido y sentenciado, con sus también contestaciones, impugnaciones, vistas, recursos y apelaciones. Años puede durar la ejecución de un procedimiento que ya tardó años en alcanzar la sentencia firme.

En comparación con el pragmatismo del sistema judicial anglosajón, donde la citación realizada por cualquier persona que lo justifique y la comparecencia personal ante el juez resuelven rápidamente numerosos asuntos que aquí se eternizan, el nuestro pertenece al mundo de Justiniano. Se cambia la terminología –ahora se les llama operadores jurídicos a los procuradores, abogados, forenses, y diligencias de ordenación a las antiguas providencias–, pero los viejos métodos siguen rigiendo la Administración de Justicia, ahogada en océanos de papel; paralizada en las manos de agentes, secretarios, procuradores, abogados; cercenada cualquier iniciativa para agilizarla; inutilizadas las nuevas tecnologías; embalsamada en la momificada Ley de Enjuiciamiento.

elPeriódico.com
10 Ene 2009
Por Lidia Falcón

El juicio que se celebró en diciembre por el motín de la prisión de Quatre Camins dejó escapar, como el vapor de una caldera hirviendo a punto de estallar, algunas manifestaciones de los acusados que deberían preocuparnos, si nuestra sensibilidad y conciencia no es- tán completamente anestesiadas. Los organizadores del motín explicaron que se habían concitado para matar al subdirector por los constantes abusos que padecían: palizas, encierros, falta de comida, de ropa, de higiene, escasa atención sanitaria y ninguna escuela.

No me pareció que ni el fiscal ni el juez estuvieran impresionados por ese relato. Con mucha seguridad, ni lo escucharon ni lo creyeron y supongo que no influirá en la sentencia, y, lo que es peor, ni siquiera motivará una inspección para averiguar lo que haya de cierto en esas denuncias.

Desde hace medio siglo conozco las prisiones españolas. Antes incluso de que me licenciara en Derecho, por tener que visitar a amigos y familiares encarcelados a causa de su lucha contra el franquismo, y, muy poco después, como abogada de oficio, conocí las miserias de la vida carcelaria de los delincuentes comunes. Durante muchos años tuve que visitar dos o tres veces por semana la siniestra cárcel Modelo; más tarde, Torrero, en Zaragoza; el horrendo penal de Burgos; Ocaña, en Castilla; Jaén; Granada. La Trinidad de Barcelona y Yeserías en Madrid fueron mi residencia en los años 1972 y 1974, e inspiraron mi libro En el Infierno. Y en todas pude constatar los malos tratos que padecían los presos y las presas, abandonados a la arbitrariedad del director y de los funcionarios. Dependiendo del nivel de sadismo de estos, los internos podían comer solo bazofia o adornarla con una oblea de jamón dulce, tenían asistencia médica o no, disponían de medicamentos o no, soportaban palizas y aislamientos o solo gritos e insultos, poseían algún medio de calentarse o se helaban en invierno, recibían algunas clases o permanecían abandonados en el patio 15 horas al día. Trascendió fugazmente al conocimiento público el nivel de violencia en el interior de las prisiones cuando Salvador Rueda fue asesinado por los funcionarios de Carabanchel, y se olvidó enseguida.

Abogados luchadores en defensa de las víctimas presentábamos reclamaciones y recursos ante las prisiones y los juzgados y escribíamos largas denuncias que enviábamos a los organismos internacionales. Pero la verdad es que los beneficiarios de nuestros desvelos eran fundamentalmente los presos políticos. Pocos como yo pretendían hacer llegar a los presos comunes los beneficios que exigíamos para aquellos, porque ni los gobiernos ni la sociedad civil se hallan sensibilizados para tenerle compasión al pequeño delincuente. Así fracasó la lucha de la Coordinadora de Presos Sociales en la transición. Concepción Arenal murió hace mucho tiempo y con ella las máximas de conmiseración que hizo universales.

Tantos años más tarde, el reglamento de prisiones ha cambiado y se ha provisto a las cárceles de algunos profesionales de la psicología y de la asistencia social, siempre pocos. Pero el criterio de los directores y funcionarios no se ha modificado tanto. Con la ayuda de la asistenta social, intenté organizar en la de Soto del Real unas conferencias semanales para todos los presos. Convencí a muchos amigos, abogados, psiquiatras, filósofos, para que acudieran allí de cuando en cuando, no solo sin cobrar sino pagándose los gastos del viaje. A las pocas sesiones llegó la orden del director de cancelar el programa sin que nos diera ninguna explicación, porque en la España democrática el director de la prisión sigue siendo el alcaide omnipotente e impune.

Solo la imagen del patio de una cárcel dice más que un millón de palabras. La mayor proporción de desgracia se acumula en los seres hacinados allí por la miseria, la ignorancia, la enfermedad, el abandono. Mientras la persecución, no la rehabilitación, de los drogadictos y los camellos de poca monta ha conseguido que el número de presos en España sea el mayor de Europa, en proporción a su población, provocando un insoportable hacinamiento en las prisiones, los grandes traficantes de drogas, de armas, de personas y no digamos los proxenetas, pasean su impunidad en los mejores hoteles.

Hace poco tiempo tuve una clienta, oficial de prisiones en la Modelo de Barcelona, víctima evidente de mobbing, y pude comprobar nuevamente la hostilidad de los funcionarios hacia la abogada que se metía en lo que no debía. La información de familiares, de asociaciones, de asistentes sociales, ratifica el abandono de nuestros presos, y el informe de Amnistía Internacional, donde cada año se afirma que en las cárceles españolas se sigue maltratando a los internos. Los porcentajes de reclusos que estudian son mínimos y en muchas prisiones los niños siguen viviendo con las madres.

La arbitrariedad rige la aplicación de la libertad vigilada, y así, algunos presos han visto transcurrir entre rejas más tiempo del que fueron luego condenados, mientras en cambio se conceden permisos a maltratadores y asesinos de mujeres y abusadores de niños. Sigo preguntándome si los buenos ciudadanos saben, realmente, qué les pasa a nuestros presos, pero dudo que, de saberlo, les importe.

Público.es
11 Nov 2008
Por Lidia Falcón

Cuando César Falcón, mi padre –escritor, periodista, director del periódico del Partido Comunista Mundo Obrero y de la emisora de radio que retransmitía las crónicas de la guerra, Altavoz del Frente–, salió de España en marzo de 1939 huyendo de la persecución de las tropas franquistas para exiliarse en Francia y posteriormente en México, nunca creyó que jamás podría regresar a aquel país que había sido su patria durante 20 años y por cuyo progreso había luchado hasta el último minuto.

Cuando Carlota O’Neill de Lamo –hermana de mi madre, Enriqueta O’Neill–, esposa del capitán de aviación Virgilio Leret Ruiz, fue detenida en Melilla dos días después de que su marido fuese fusilado por las tropas facciosas que se habían alzado en armas contra el Gobierno de la República, nunca pudo imaginar que 72 años después, y en plena democracia española, no se habrían investigado y juzgado todavía los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura que encabezaba Franco. Tampoco hubiera podido imaginarlo cinco años más tarde, cuando salió de la prisión melillense, viuda, sin conocer siquiera la tumba de su marido, y recogió a sus dos hijas, María Gabriela y Carlota, de ocho y diez años, en el asilo de huérfanos de militares de Aranjuez.

Ni cuando tuvieron que exiliarse en Venezuela, ocho años más tarde, ni ella ni mi madre ni mi abuela, Regina de Lamo, pudieron imaginar, terminada la II Guerra Mundial y abandonada España por las potencias democráticas a los horrores de la dictadura, que en 2008 la Audiencia Nacional española, ya en democracia, impidiese que los descendientes de las víctimas buscasen los restos de sus antepasados, tirados en las cunetas de las carreteras y en las peñas de los montes, como si de perros abandonados se tratase.

Las décadas han transcurrido, indiferentes al sufrimiento de las víctimas de la represión franquista: 200.000 desaparecidos, 250.000 fusilados, 600.000 encarcelados, un millón de exilados (en proporción a su población, 22 millones de habitantes, España es el país con más pérdidas humanas derivadas de una guerra civil). Durante los interminables años de la dictadura, luchábamos por sobrevivir y acabar con aquel infame régimen que se prolongó más que ningún otro régimen fascista europeo, pero al fin conquistamos toda la democracia que nos dejaron, y desde entonces, otros 30 años más, estamos exigiendo que se reconozca la injusticia de los juicios espúreos que se celebraron manu militari y que acabaron con el fusilamiento o la prisión de miles de personas, por sus actividades políticas o sindicales. Que se investigue el paradero de los miles de desaparecidos, que se indemnice a las víctimas o a sus herederos.

Nada de esto se ha producido todavía, a pesar de la esforzada labor que durante 20 años han realizado particulares y asociaciones en reclamación de la verdad, de la justicia, de la dignidad. En este año 2008, el auto del juez Baltasar Garzón iniciando diligencias para investigar los crímenes del franquismo había dado un poco de esperanza a los solicitantes, pero los ilustres magistrados de la Audiencia Nacional, tan parecidos a aquellos que juzgaron la represión desde el Tribunal de Orden Público, se la han quitado. Los franquistas siguen rigiendo la justicia española.

En España, los franquistas, que siguen detentando los bienes de los que se apropiaron, continúan inundándonos con los mismos gritos destemplados de siempre, con su inaudita falsificación de la realidad, con sus burlas del genocidio que perpetraron, con su desprecio por los sufrimientos de un país que perdió en tres años el más consciente movimiento obrero, las mejores cabezas de la intelectualidad, la magistratura, el profesorado, la universidad, la investigación, los dirigentes sindicales y políticos, que fue sepultado en la miseria económica y moral durante medio siglo. Perdida la Guerra Civil, perdimos también la II Guerra Mundial, y por tanto nuestro destino no fue el de las potencias aliadas, pero tampoco el de la Italia fascista. Aquí quedamos los españoles hundidos en el pantano de corrupción y crimen de la dictadura, y después, cuando se celebró el nacimiento de una democracia modélica, y durante otros 30 años más, ni siquiera nos permitieron recordarlo. Por ello, la mayoría de los descendientes de las generaciones que la soportaron ignora la verdadera horrible realidad de aquella etapa.

Lo más demoledor de la historia española es que no solamente los herederos de los franquistas niegan la represión que ejerció su apreciado régimen, sino que los que no la vivieron directamente la minimizan. Las obras que se han publicado, las películas que se han filmado, los reportajes que se han realizado, no reflejan en todo su horror lo que fue la vida cotidiana, la lucha de los resistentes antifranquistas, la brutalidad y sordidez de las prisiones, la miseria del pueblo, los actos de tortura que se producían constantemente en las comisarías y cuarteles contra todo disidente o simplemente sospechoso. Porque los muertos no hablan, los exiliados lo hicieron allende los mares, los que quedaron aquí silenciados no pudieron dar testimonio de la profundidad de la destrucción de nuestra condición humana.

Por eso es posible que los que no se enteraron de la verdadera miseria de nuestra vida consideren que no vale la pena remover las historias del pasado, porque piensan que lo que no me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie. Por eso es posible que sigan oyéndose todavía más altos los gritos fascistas que los de las víctimas.

Lidia Falcón es abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España

Ilustración de Iker Ayestaran

elPeriódico.com
2 Nov 2008
Por Lidia Falcón

Lo privado es público fue la consigna del feminismo cuando inició su movimiento, que lo decía casi todo. Denunciaba el silencio y la invisibilidad con que se habían ocultado las opresiones que las mujeres sufrían al establecer la división de los actos humanos entre los que se presentaban como públicos y los que pertenecían al ámbito doméstico. De tal modo, la violencia contra la mujer y los niños, los abusos sexuales y las violaciones, la división sexual del trabajo, la marginación de la mujer del trabajo asalariado, eran situaciones que no debían ser analizadas bajo las normas democráticas de derecho público, porque únicamente concernían a la voluntad individual de las personas.

Cuando la denuncia de tal estado de cosas pudo ir imponiéndose sobre la conciencia colectiva y se consiguió que se tomara en cuenta en los programas de los partidos políticos y en las normas legislativas, entramos, por fin, en el ámbito de los países avanzados y democráticos. Y ese cambio se introdujo en los cuerpos legislativos, que es por donde se comienzan las transformaciones políticas. Las leyes aprobadas desde aquellas fechas que regulan las relaciones personales y familiares entre los sexos fueron introduciendo, muy lentamente, las normas que debían ir situando a las mujeres en los niveles familiares, sociales y económicos similares a los que los hombres disfrutaban hasta entonces.

El Govern de Catalunya se propone, según se ha sabido las últimas semanas, emprender una modificación del Código Civil. Llevado del afán que nos domina de dar testimonio de nuestra modernidad, partiendo del falaz principio de que ya se ha conseguido la igualdad social entre hombres y mujeres, introduce novedades en el derecho de familia que perjudicarán tanto a éstas como a los niños. Las modificaciones han sido exigidas, más que impulsadas, por los colectivos masculinos molestos por los avances que el feminismo ha conseguido. Así, la custodia compartida, prácticamente impuesta incluso contra el acuerdo de los padres y, por supuesto, contra el deseo del niño, significará una fuente de sufrimientos y problemas para las madres y los hijos. Especialmente para estos, que, en vez de tener un domicilio estable --la seguridad de lo cotidiano tan necesaria para construir la personalidad sana--, se verán trastornados por el cambio continuo de vivienda, de lugar propio, de vecinos, de entorno conocido, y zarandeados por las influencias familiares, en un continuo ir y venir.

Las abogadas especializadas en el tema sabemos muy bien que esta medida persigue en realidad el objetivo oculto de que el padre se ahorre la pensión de alimentos del hijo. Compartido el tiempo de estancia con los dos progenitores, se comparten también los gastos en igual medida y, en consecuencia, ya nadie tiene que abonar dinero al otro.

No solamente esta modificación perjudica grandemente el interés de la mujer y del hijo, sino que, con menos justificación aún, se penaliza a la mujer privándola de pensiones y uso indefinido de la vivienda. Contra tales normas se han pronunciado claramente, en un buen y documentado informe, la Federación de Mujeres Separadas, explicando con datos, sobradamente conocidos, las diferencias sociales y económicas que subsisten en la calidad de vida y en la calificación social entre los hombres y las mujeres.

Ante tantas desventajas como se amenazan en este proyecto, únicamente se ha admitido la exigencia, que plantean desde hace años las organizaciones de mujeres, de que se establezca la obligación de ambos cónyuges de participar en el trabajo doméstico. Disposición ciertamente retórica, ya que nadie tiene la posibilidad de hacer cumplir la norma mientras el matrimonio convive, pero quizá pudiera dar lugar a algún tipo de resarcimiento por su incumplimiento en el momento del divorcio, objetivo siempre difícilmente alcanzable cuando la judicatura no se plantea indemnizar a ningún cónyuge por víctima que haya sido de los desmanes del otro. Con idéntico objetivo, supongo, el proyecto mantiene también la obligación de guardar fidelidad.

Mientras que las desventajas y retrocesos señalados en el capítulo de custodias no han dado motivo a ninguna crítica por parte de los medios de comunicación, mi última sorpresa ha sido escuchar el rechazo de varios periodistas a las medidas de pensiones y vivienda, las únicas que, condescendiendo con las peticiones de colectivos de mujeres, el Govern ha aceptado incluir.

Y las rechazan precisamente con el argumento de que el Código Civil no puede entrar en el comedor de las casas, ignorando no solo la ya clásica reivindicación de lo privado como público sino que, por su propia esencia, el derecho de familia convierte en actos jurídicos las actividades humanas que se realizan en el comedor y en el dormitorio. Pero no ya a raíz de las luchas feministas, sino desde el derecho romano, por hablar solo de tiempos modernos. La diferencia entre la precursora legislación romana y la actual es que aquella era la base del derecho patriarcal, mientras que hoy hay que pretender que sea la base de un derecho igualitario, que todavía estamos muy lejos de alcanzar, y que, desde luego, no se conseguirá con esta reforma del Codi de Familia.

*Abogada

elPeriódico.com
4 Mayo 2007
Por Lidia Falcón

Las últimas peripecias sufridas por los más altos tribunales del Estado (Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional) han ofrecido a la ciudadanía una representación más bien esperpéntica de nuestra justicia. Que los magistrados de la sala correspondiente de la Audiencia se dispusieran a otorgar la libertad provisional a Iñaki de Juana Chaos y el resto de los magistrados organizaran una asamblea para evitarlo; que el fiscal de la Audiencia solicitara primero 97 años de prisión contra el mismo acusado por haber escrito un artículo amenazante en un periódico, que más tarde modificara la petición rebajándola a 17, que la sala lo condenara a 12 y que el Supremo rebajara la pena a 3 --hay que añadir que, en esta última sentencia, cinco magistrados emitieron votos particulares: dos a favor de la absolución y tres por una condena de siete años---; que el Constitucional recuse a un magistrado y se niegue a hacerlo con otro por la misma causa deja perplejo a todo aquel que confíe en nuestro Estado de derecho.

Numerosos comentaristas muy autorizados han dicho que precisamente la capacidad que tiene la justicia de rectificar sus propias decisiones iniciales, que, por el contrario, no suele encontrarse ni en el poder legislativo ni en el ejecutivo, es una de las grandezas de aquel, que constituye el pilar fundamental de la garantía de la seguridad jurídica que todo ciudadano tiene el derecho de exigir a su Estado.

Pero muy conformista se ha de ser para aceptar plácidamente tal criterio. Los vaivenes que agitan las decisiones de los fiscales y de los magistrados no pueden dejar a nadie tranquilo. Se supone que los doctos jueces que se sientan en los más altos estrados de la magistratura conocen perfectamente las leyes que deben aplicar, así como la jurisprudencia emitida con anterioridad a su decisión, y que además se les ha escogido por su probada objetividad e imparcialidad en el ejercicio de tan comprometida función. Por tanto, que sea tan justo condenar a un acusado a 97 años de prisión como a tres por el mismo delito no lo entiende nadie. Como tampoco es admisible que las querellas internas de los componentes de esos tribunales, en razón de los intereses partidistas que defienden, les lleven a discrepar con tanta disparidad en sus dictámenes jurídicos.

Pero lo cierto, que nunca sale a la luz pública, es que una de las graves carencias de nuestro sistema judicial es la falta de seguridad jurídica que estamos viviendo en los últimos años. En parte debido a las constantes modificaciones legislativas impuestas por un afán normativo desenfrenado de nuestros diputados, en otra a la evidente desinformación de los legisladores sobre la sociedad a la que someten a sus disposiciones, y finalmente a los prejuicios ideológicos de los jueces que deben aplicar las leyes. El resultado es que en España se dictan diariamente miles de resoluciones, por cientos de juzgados, que son contradictorias entre sí. Es imposible pronosticar a un cliente el resultado de un procedimiento a partir de las pruebas y evidencias de que se disponga, porque la resolución judicial dependerá fundamentalmente de la ideología tanto política como moral que defiendan el juez y el fiscal, de la biografía de estos e incluso del buen o mal humor que padezcan en el momento de tomar la decisión. Sobre todo en los casos de divorcio, custodia de menores y violencia contra la mujer.

Algunas de estas resoluciones han salido a la luz pública, ante el escándalo social que provocan. Sentencias que afirman que no existe ensañamiento en el asesinato de la mujer que recibe 70 puñaladas; que niegan el delito de violación porque la víctima no opuso la suficiente resistencia, ya que le pidió un vaso de agua a su violador; calificaciones fiscales de abusos sexuales, en lugar de violación, de niños de 1 a 5 años, incluso cuando fueron sodomizados, porque no existió intimidación o violencia. Mientras en otros casos, esos que no se publican, tanto el fiscal como el juez estiman con más rigor el delito y aplican la ley en un grado mayor.

Casos en los que ni se atienden las declaraciones de los testigos y peritos y se dictan sentencias afirmando simplemente que no son creíbles, y otros en los que iguales pruebas se tienen en cuenta. Procesos civiles en los que el fiscal no comparece, como establece la ley, porque el juzgado se halla sobrecargado de asuntos, y otros en los que el juzgador se niega a practicar ninguna prueba si el fiscal no está presente. Todos los que se hallan familiarizados con la administración de justicia conocen las arbitrariedades y contradicciones que se producen en los diferentes juzgados, e incluso en las resoluciones de las audiencias, cuando comparan unos casos con otros, unas sentencias con otras, unos incidentes con otros.

La falta de unificación de criterios entre los diferentes juzgados, audiencias y jurisdicciones produce en el ciudadano la convicción de que se halla bajo el arbitrio de profesionales impulsados por sus creencias ideológicas y de poca estabilidad emocional. Condiciones que hacen injusta a la justicia.

Contra las mujeres se ha desencadenado una campaña machista. En cuanto han conseguido un poco de libertad, aquellos que las consideran de su propiedad se han organizado para calumniarlas y perseguirlas judicialmente. Algunos también las matan. Hace más de 15 años, en un debate de televisión dirigido por Cristina García Ramos, yo adelanté –no sabía entonces con qué trágica certeza– que la lucha por la igualdad de las mujeres iba a tener una respuesta sangrienta por parte de ciertos hombres. El catedrático Javier Pérez Royo, que participaba en el debate, mirándome con una expresión de absoluto desprecio replicó que ese comentario no merecía ni siquiera respuesta. Pues bien, señor Pérez, en estos 15 años transcurridos han sido asesinadas por hombres 1.200 mujeres, sin contar las que se han suicidado o muerto a consecuencia de los malos tratos sufridos a manos de aquellos, y unos dos millones más están siendo golpeadas sistemáticamente. A los femicidios hemos de agregar las violaciones, el acoso sexual, la prostitución y las demás violencias que se practican contra ellas.

Pero no sólo las matan, como si ese no fuese suficiente motivo para escalofriarnos –y para que el sr. Pérez me pidiese disculpas– sino que también sufren toda clase de marginaciones y opresiones. El 50% de las divorciadas con hijos no cobran la pensión alimenticia que el juzgado señaló al padre, y la “feminización de la pobreza” avanza en las familias monoparentales dirigidas por una mujer. El subempleo, los bajos salarios, el trabajo a tiempo parcial, los contratos eventuales y la falta de promoción en la empresa son femeninos.

Pero ni siquiera esta realidad es lo más remarcable, precisamente por lo muy sabida. Lo destacable de estos últimos tiempos es la campaña machista organizada por las asociaciones de hombres que afirman ser maltratados por mujeres, orquestada con muchísima eficacia por medios de comunicación afines a ellos. Esta campaña se ha desencadenado sobre todo a partir del momento en que se aprobó la Ley de Violencia, que les ha parecido a los machistas intolerable a pesar de las múltiples carencias que padece, así como de la ineficacia de la justicia, como se puede comprobar diariamente en los casos de hombres condenados que andan sueltos a su libre albedrío y que acaban matando a la mujer o a algún niño.

La acusación de que las mujeres presentan denuncias falsas para obtener múltiples ventajas en los procesos de divorcio, que con toda rotundidad defiende María Sanahuja, que fue decana de los Juzgados de Barcelona, apoyada por el entonces fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena, se ha convertido en una verdadera campaña de prensa, radio y televisión contra las mujeres maltratadas. Se han creado asociaciones de hombres víctimas de falsas denuncias, y no hay televisión –aún las de mayor audiencia– que no haya introducido el tema en sus programas sobre la violencia machista.

A esta campaña de difamación contra las mujeres, y contra sus abogados, ha seguido la de apoyar la custodia compartida de los hijos entre el padre y la madre. Reivindicación que únicamente defienden los padres, con el propósito claro de no pagar las pensiones de alimentos a los niños. Tal medida se implantó, aunque con condiciones, en la reforma del Código Civil cuando aprobó la reforma legal llamada del divorcio “exprés”, mediante la cual ya no se pueden alegar causas para solicitarlo. De tal modo, las tropelías que algunos maridos cometen contra las mujeres: infidelidad, corrupción, desatención a la esposa y a los hijos, negativa a colaborar en las tareas domésticas, ausencia del hogar, no entregarle el dinero para subsistir, no pueden ni aún plantearse ante el juzgado, y, en consecuencia, tampoco se puede reclamar una reparación adecuada; si fuera que la indemnización por tales actuaciones hubiese podido contemplarse alguna vez en el ordenamiento jurídico, que jamás se ha planteado en nuestro país, ya que tanto legisladores como jueces consideran normal que una esposa aguante todo tipo de vejaciones por parte del marido. Y, para añadir mayor sufrimiento a las mujeres que se encuentran privadas de la compañía de los hijos y deben contemplar impotentes el maltrato de los niños a manos del padre, en la actualidad el proyecto del Codi Civil catalán establece la custodia compartida, casi automáticamente.

La campaña contra las mujeres está cada día más en auge. Y con éxito. Por ello, los jueces archivan el 55% de las denuncias por maltrato, considerando que son falsas, únicamente condenan al 70% de ese 45% restante, es decir el 38% de las denuncias, y casi nunca a más de dos años de cárcel, con lo cual los maltratadores no la cumplen, e incluso cuando la sentencia es mayor no ordenan tampoco el ingreso en prisión. Y cuando se deciden, con mucha dificultad, a dictar una orden de alejamiento, no tienen ningún interés en hacerla cumplir. A esta actitud de los jueces hay que añadir que en la mayoría de los abusos sexuales de los niños, los psicólogos dictaminan casi sistemáticamente que son inventados por las madres, y en consecuencia se archivan las denuncias. Ahora, además, se está acusando a las madres de consentir los abusos, sin parar mientes en que la primera maltratada, violada y amenazada de muerte, si se atreviera a denunciarlo, son ellas. Por eso es posible que se asesine a una niña y a una esposa y a una madre por un pederasta, un marido y un hijo que habían sido condenados hacía años por abusos sexuales y maltratos a otras o a las mismas personas. Por eso únicamente tenemos que esperar a que cualquier otro asesino, que sigue libre, repita la hazaña.

 

Cuando creíamos que después del asesinato de Mari Luz no podíamos horrorizarnos más, nos enteramos de que una mujer ha sido asesinada tras haber pedido repetidas veces protección de un marido que estaba condenado y con orden de alejamiento, poco antes de que un enfermo mental pasee la cabeza de su madre por las calles del pueblo, después de haber estado condenado cuatro veces. Estos casos que nos escandalizan son la cara visible de algunas de las negligencias que cometen ciertos organismos institucionales que tendrían que proteger a las mujeres. Los olvidos que llevaron a Mari Luz a la muerte han sido explicados como un error achacable únicamente al juez que era responsable del encarcelamiento del culpable. Tantos otros implicados, desde la Audiencia a la Policía, se han declarado exentos de cualquier responsabilidad. Lo que no se cuenta es que los olvidos y los errores judiciales suceden habitualmente. La instrucción de un sumario por abusos sexuales a menores, malos tratos a mujeres, lesiones, robo sin violencia, hurtos, etcétera, tarda dos años. Pueden añadirse de uno a tres más de demora en la Audiencia. Esa sentencia tendrá que ejecutarla el juzgado penal; teniendo en cuenta que las penas inferiores a dos años pueden suspenderse o sustituirse por un inexistente servicio a la comunidad, miles de condenados no cumplen la sentencia.

Pero incluso en el caso de que esa condena supere los dos años, con toda probabilidad no se ejecutará. En este momento miles de sentencias de prisión y de multa duermen en las carpetas de los juzgados. Muchas porque no se ha encontrado al condenado para notificárselas. Informan los medios de que en un solo juzgado de Palma de Mallorca hay 8.000 ejecuciones por tramitar. Entre ellas se encontrarán las que afectan a esposas y madres maltratadas y a menores de los que se ha abusado. La prensa cuenta que varios pederastas han desaparecido después de ser condenados a penas de tres años y más de cárcel. Transcurrido el tiempo en el que los autos duermen en una mesa del departamento de ejecuciones del juzgado, el delito habrá prescrito.

En el tema de violencia contra la mujer, la acusación, vertida en los medios, de que las mujeres presentan denuncias falsas, ha influido para que solo en muy contadas ocasiones los jueces dicten prisión preventiva contra los denunciados por maltrato, pederastia, abusos sexuales, violaciones. Así, muchos de los acusados ni acuden al juicio, y los que lo hacen desaparecen, preventivamente, temiendo la sentencia. Pero estos no son los únicos casos en que los condenados viven tranquilamente sin temer la persecución de la justicia. Las multas de los procesos de tráfico, de alimentos, de infracciones que no acarrean pena de prisión no se suelen pagar. Cuando el abogado acusador persigue tenazmente el cumplimiento de la sentencia tropieza con el atasco que ahoga a las oficinas de ejecución y que ocasiona la lentitud en dictar órdenes de localización, y la casi imposibilidad de que se disponga la busca y captura en los casos en que las penas no sean mayores de tres años de prisión.

A este funcionamiento de los juzgados, conocido de todos los profesionales del Derecho, se le puede aplicar sin duda una atenuante calificada: el estado caótico en que se encuentran. Juzgados ubicados en un inmueble de vecinos, a veces con ellos dentro, oficiales amontonados con sus mesas y expedientes, de cuatro en cuatro, en habitaciones minúsculas, donde se toma declaración a imputados, testigos y peritos, con asistencia de letrados, delante de los demás empleados y profesionales que entran y salen del juzgado interesándose por sus asuntos. La invisible presencia de los fiscales adscritos a varios juzgados a la vez y que no pueden atender a todos. Salas de audiencia, como las de los juzgados de familia de Barcelona, que consisten en una mesa ovalada alrededor de la cual se sientan todos los implicados: juez, fiscal, secretario, procuradores, abogados e interesados, rozándose codo con codo, y donde se celebran vistas en las que están en juego la felicidad de los cónyuges, la propiedad de los bienes familiares y el futuro de los hijos.

La imagen habitual de los juzgados es la de habitaciones atestadas de expedientes, en las estanterías, en las mesas, en las sillas, en el suelo, y hasta en el váter, sin vigilancia alguna, de tal modo que cualquiera puede llevarse las carpetas y hasta los sellos del juzgado.

El único paliativo a tantos males es por lo menos doblar el número de juzgados, de jueces, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de auxiliares, de agentes y de policía judicial, y ubicarlos en los edificios adecuados con los ordenadores y las terminales necesarias, donde se hayan introducido las bases de datos coordinadas con las policías y los otros juzgados. Pero esta reforma --y no hablo del imprescindible cambio del procedimiento-- necesita una inversión económica enorme que los gobernantes no están dispuestos a hacer. Por tanto, es imposible que la Administración de justicia española salga del siglo XIX, en el que se halla anclada, y es previsible que a corto plazo cualquier otra niña o esposa o madre sea víctima de un pederasta, de un marido o de un hijo que, pese a estar condenado, disfrute tranquilamente de libertad.

 

A los partidos políticos se les ha descontrolado la violencia machista. Ellos, que debían creer tenerla controlada, que no habían hecho ninguna mención al tema ni en sus mítines ni en sus debates --ni el PP ni el PSOE ni IU han introducido modificaciones a la ley de violencia en su programa electoral--, se han encontrado en plena campaña con que los asesinos, en dos días, les han echado en las tribunas los cadáveres de cuatro mujeres y les han dejado dos más heridas, una en estado grave. Con ellas tenemos 17 víctimas en 57 días, que son cinco más que las que se han producido en Tijuana, la ciudad mexicana que posee el primer lugar del ranking de asesinadas.

Cuando desde hace casi dos años algunas asociaciones feministas redactamos y publicamos un estudio sobre la ley de violencia y los problemas con que se tropezaba en su aplicación, y lo enviamos a todas las instituciones relacionadas con el tema, recibimos una agria respuesta de algunas de las responsables, como Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, y Montserrat Comas, del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, respuesta que esta última publicó hace pocos meses en este periódico.

En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene la redacción legal. Desde haber dejado fuera de su protección a toda mujer que no sea la esposa o esté vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantías en beneficio del denunciado --que, cuando se trata de otras jurisdicciones, como la laboral, no se aplican desde hace 100 años-- que obligan a esperar a la denunciante un tiempo interminable para ver dirimida su denuncia en los tribunales.

La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, con lo cual no existe unificación de criterio ni de doctrina --lo que provoca la inseguridad jurídica de las víctimas--, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral, de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas: el 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden añadir la falta de responsabilización de los jueces, fiscales, médicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las víctimas, cuando no cumplen la debida diligencia en la protección de la víctima y en la persecución del delito. Exigencias que nosotras habíamos introducido en el proyecto de ley que llevamos al Congreso y que fue desestimado.

Si a estas carencias añadimos que ni se ha dotado de los medios a las comisarías de policía ni creado los suficientes juzgados ni disponen de personal adecuado por su preparación, por la endémica falta de dotación presupuestaria, que es la enfermedad crónica de la justicia, no creo que sea muy difícil entender por qué la persecución de los maltratadores y asesinos de mujeres está siendo ineficaz.

Para disculparse, políticos y jueces han repetido que solo una de las cuatro asesinadas tenía una orden de alejamiento --como si el asesinato de una sola fuese despreciable-- y que otras dos no habían denunciado. No se hace hincapié en el caso de la cuarta, contra la cual se había dictado una orden de alejamiento del marido a instancias de este. Algún día habrá que escribir sobre las denuncias falsas de los agresores para contrarrestar las acciones judiciales de sus víctimas, ya que tanto se habla de las denuncias falsas de las mujeres. Los responsables institucionales repiten que, si no se denuncia, es imposible conocer los problemas. La jueza de violencia de Madrid, Raimunda de Peñafort, insistía asegurando tanto que la ley era suficiente como que su aplicación en los juzgados era absolutamente correcta. Resulta incomprensible que esas políticas y jueces no sepan que las mujeres no denuncian porque no confían en la justicia.

Aparte del problema de dependencia económica del marido, con el que pueden enfrentarse las denunciantes, la más grave dependencia, además de la familiar, es la del miedo. El miedo, y muy fundado, al agresor, que cuando sepa de la iniciativa de la que él considera su esclava para liberarse, tomará sangrienta venganza. Y la rebelde no contará entonces más que con sus propias fuerzas, porque no la protegerán ni la policía, que no tiene medios, ni el juzgado, que tardará interminables días o meses o años en resolver su caso, y que nunca --salvo si está muerta-- dicta prisión contra el agresor.

En esas condiciones, ¿quién se atreve a denunciar? ¡Qué fácil es aconsejar cuando el que lo hace no se encuentra en la misma situación! ¿Por qué tiene la víctima que refugiarse en una casa de acogida con sus hijos, abandonando su hogar, su trabajo, los familiares, los amigos, y los niños el colegio, mientras el agresor sigue en libertad? ¿Por qué no se dicta la prisión preventiva contra él, que es mucho más barato que proteger a la mujer permanentemente?

Espero que, en lo que resta de campaña, los partidos nos den la respuesta a estas preguntas.

La Ley de Memoria Histórica se ha aprobado. Y se ha aprobado porque al fin la derecha nos ha dado permiso para hacerlo. En las largas y cómplices negociaciones que se han llevado a cabo entre los representantes de unos y otros partidos, ha sido patético ir observando el proceso de adulación y complacencia con que la izquierda llevó las negociaciones a fin de contentar a los partidos de derecha, que ha concluido en la degradación de una ley que la democracia nos debía desde hace 30 años. Bien es cierto que el Partido Socialista había esbozado un proyecto absolutamente indigno para que pudiera ser considerado reparador de los sufrimientos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, y que ha sido en alguna medida limpiado por Izquierda Unida. Pero también ésta se ha declarado vencida ante las imposiciones de los partidos católicos y de los del gran capital.

Mi asombro fue oír repetir diariamente a los comentaristas que era imprescindible obtener el consenso de todos los partidos. De todos, incluso de aquellos que dirigen los herederos políticos de los que organizaron el golpe de Estado, de los que llevaron a cabo las matanzas indiscriminadas y los consejos de guerra y expoliaron a los republicanos; partidos donde se encuentran, impunes y radiantes, los hijos y nietos de los dirigentes y cómplices del franquismo. La izquierda también desea esta alianza, quizá en cumplimiento de aquella vieja consigna del Partido Comunista de la “reconciliación nacional”, que fue tan incomprendida por los que debían reconciliarse con quienes los habían condenado a muerte.

Lo más patético de este episodio es comprobar cómo la izquierda le ha pedido perdón a la derecha por atreverse a recordar los episodios de la Guerra Civil, los padecimientos de los que defendieron la República, la represión que sufrieron los resistentes bajo la dictadura. Atacados al parecer del síndrome de Estocolmo, los partidos que deberían haber planteado estas reivindicaciones en tiempos bastante anteriores, cuando estaban más ocupados en apagar los fuegos de la rebelión obrera aceptando los pactos de la Moncloa, se muestran enormemente comprensivos con la indignación que acomete a los representantes de los partidos de derechas cuando se les habla de la memoria de nuestras desgracias. Hasta el punto de aceptar la equiparación de la represión sistemática practicada por los franquistas con los episodios de violencia incontrolada en la zona republicana. Siguen pidiendo perdón por parecer de izquierdas.

Lo más triste de este periodo de la torturada historia de España es comprobar cómo después de tres cuartos de siglo de sufrir una genocida guerra civil, única en Europa, por intentar vencer a la bestia fascista, de padecer los rigores de 40 años de una dictadura cuya crueldad era desconocida en España y de creer que habíamos instaurado la democracia, se ha aprobado una ley de resarcimiento de los vencidos que no tiene parangón con ninguna de las que se han impuesto ni en Europa ni en América ni en África.

Ni Alemania ni Francia ni Chile ni Argentina ni Grecia ni Portugal ni incluso la torturada Suráfrica han aceptado la impunidad de los que se beneficiaron con el sufrimiento de su pueblo. Después de padecer las dictaduras hicieron, y continúan, un ejercicio de justicia y democracia aprobando leyes que condenaron a los autores de los crímenes y dictaron de inmediato la nulidad de los juicios políticos de aquella etapa. Alemania y Francia llegaron mucho más lejos concediendo indemnizaciones a los perjudicados, y todos sus gobiernos han pedido perdón a las víctimas.

En esta esquizofrenia en que nuestro Gobierno se ha instalado, hemos visto cómo aceptaba con complacencia que la judicatura española persiguiera a Pinochet allende nuestras fronteras, y al torturador argentino Scilingo en nuestro propio territorio, donde se le ha juzgado, condenado y encarcelado, en una digna defensa de los derechos humanos que consideramos compete a todos los países, independientemente de dónde y cuándo se cometieran los crímenes. Mientras, en España, ese mismo Gobierno se opone a que se declare la nulidad de los consejos de guerra que durante el franquismo llevaron a la muerte y a decenas de años de cárcel a los antifascistas, sin garantías procesales algunas. Los mismos partidos que aplauden la nulidad de las leyes de perdón que dictaron los gobernantes argentinos aceptan en España sumisamente que ni se hable de indemnizaciones a las víctimas, que se permita que subsistan monumentos conmemorativos del franquismo siempre que “tengan valor arquitectónico o artístico” –¿quién decide el valor artístico?–, y que la Iglesia mantenga las placas de las fachadas de las iglesias con los nombres de sus supuestos mártires y los símbolos franquistas, yugos y flechas, escudo con águila imperial, que campean en los miles de pueblos que fueron torturados por esa misma iglesia.

Los mismos que aprueban y difunden la noticia de que se ha procesado y encarcelado a los parientes de Pinochet por la apropiación de caudales públicos se indignan ante la sola mención de que a la familia Franco, y a tantas otras que se hicieron ricas mediante la adjudicación de los bienes de los asesinados, expropiaciones y robos impunes que se produjeron durante decenas de años se les pida cuentas de su fortuna.

En definitiva, ser demócrata en España es diferente de serlo en Alemania o en Argentina. Hoy, ni siquiera a las víctimas sobrevivientes de la Guerra Civil y la dictadura se les otorga la satisfacción de ver a sus verdugos avergonzados. Porque nunca nos pidieron perdón.