Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

Público.es
9 Mar 2009
Por Lidia Falcón

La celebración del Día de la Mujer es una buena ocasión para reflexionar sobre el papel que ha jugado la Constitución –que recientemente cumplió 30 años–, en la vida de las mujeres españolas. Este olvido resulta más culpable si se tiene en cuenta que no sólo las mujeres constituyen el 52% de la población, sino que, si la Carta Magna ha producido algún efecto perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos, ese es fundamentalmente el que ha causado en la de las mujeres. Ellas fueron las grandes perdedoras de la Guerra Civil que yuguló sangrientamente los avances y las esperanzas de progreso que albergó la II República. El dictador y sus secuaces, con el inestimable apoyo de la Iglesia católica, se cebaron con especial sadismo en torturar a las españolas. Privadas de derechos civiles y laborales, de la patria potestad de sus hijos, condenadas por ley a la marginación de la vida pública y a la miseria económica, perseguidas penalmente por adulterio, prácticas anticonceptivas, aborto o abandono del hogar, se hundieron en la condición más penosa de toda la historia de España.

Solamente la firmeza que mostramos durante la transición en la exigencia de nuestros derechos nos situó en el escenario social del que también los organizadores de esta democracia querían apartarnos. Es bueno recordar fechas y actuaciones para que a los dirigentes políticos se les sitúe en el lugar que les corresponde. A dos meses de promulgarse la Constitución, en octubre de 1978, después de tres años de celebrar el Año Internacional de la Mujer y de los interminables casi dos años que los padres de la patria estuvieron pactando el texto –recuérdese que ninguna mujer participó en la redacción de la Carta Magna– el único avance que conseguimos fue que los diputados, incluyendo a socialistas y comunistas, eliminaran del Código Penal el delito de adulterio, que sólo cometían las mujeres, y el de prácticas anticonceptivas.

En los programas electorales del PSOE y del PCE de 1977 y de 1979 no constaban ni el divorcio ni el aborto. Nos costó cinco años de luchas heroicas –asambleas, manifestaciones, encierros, cierre de revistas, procesamientos y una buena paliza que recibí yo en la calle en la última manifestación en Barcelona– conseguir el divorcio. Un divorcio condicionado a la separación –han tenido que transcurrir 25 años para permitirnos divorciarnos de primeras, como en cualquier país civilizado–. Aún hubimos de sufrir cuatro años más de penalidades para lograr el permiso de abortar por grave peligro para la salud de la mujer, violación y malformación del feto, que no se ha vuelto a modificar. Mientras se discute la estúpida norma, implantada por los tan progresistas diputados, que impuso la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, en un país que, para derogar la Ley Sálica, libró tres guerras y para proclamar dos Repúblicas, otras dos, ninguno ha planteado la derogación del precepto que obliga a preservar la vida de “todos”.

La Constitución es la jaula de hierro que nos encarcela en las tiranías de nuestra fisiología y nos impide alcanzar el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, con esa disposición del artículo 15, estableciendo que “todos” tienen derecho a la vida, que los franquistas y cristianos metieron complacidamente, ante la indiferencia de socialistas y comunistas. Así, el Tribunal Constitucional, ante el que la Alianza Popular de la época, comandada por el franquista Fraga Iribarne, presentó recurso de constitucionalidad contra la Ley del Aborto, con una interpretación torticera ante un término tan vago como el de “todos”, pudo pronunciarse exigiendo más limitaciones en la práctica. Y esto ha permitido una feroz ofensiva de la derecha, que ha llevado al cierre de varias clínicas de abortos y al encarcelamiento de siete médicos en Barcelona. El Gobierno ha nombrado una comisión de estudio –estupendo sistema inventado por esta democracia para enterrar cualquier proyecto–, en la que han entrado asociaciones del Opus, con las que asegura la vicepresidenta que hay que ponerse de acuerdo, mientras las mujeres siguen teniendo que pagar los 600 euros que cuesta un aborto en una clínica privada, porque sólo el 3% de los abortos se practica en la Sanidad pública. La limitación de derechos a las mujeres de nuestra Constitución ha sido hábilmente ignorada por los partidos políticos y sus líderes, que tanto se están alabando hoy de las componendas con que llegaron a redactarla.

Las mujeres no conseguimos los avances que la Constitución de la II República nos reconocía 50 años antes, porque naturalmente esta tampoco es una Constitución republicana y la monarquía –tan arteramente introducida sin consulta popular, con ayuda de la Iglesia Católica y la derecha, y protegida por el Ejército– impone esas limitaciones. Lo que también se oculta es que, si el movimiento feminista, enfurecidas al fin las mujeres después de casi medio siglo de esclavitudes y vejaciones, no hubiese exigido sin componendas ni rebajas las reivindicaciones que planteábamos, los ilustres constitucionalistas no hubieran introducido el carismático artículo 14, que impone la no discriminación por razón de sexo y que, en teoría, permite a las mujeres exigir igualdad de salario, de oportunidades y de trato con los hombres.

Derechos que no se cumplen, y a esto las mujeres unen la enorme carga de ser las que deben seguir trayendo los hijos al mundo, sin que el pomposo derecho constitucional a la vida exija a los gobiernos a facilitarles la obligación de darle realidad. Ni tampoco la democrática Constitución las protege contra la violencia machista, pero eso es motivo de otro artículo.

" ... todas las instituciones del patriarcado están siendo mantenidas y afianzadas, con mucho respeto, por la izquierda"

elPeriódico.com
8 Mar 2009
Por Lidia Falcón

Mi deseo para este nuevo 8 de marzo sería que no se tomara el nombre del feminismo en vano. Desde hace más de una década, los ideólogos de la modernidad pretenden que las tendencias del pensamiento se vayan unificando, perdiendo los perfiles que las identificaban como de izquierdas y de derechas, y se acerquen hasta encontrarse en ese magma sin identificación que es el centro. Esta actuación en el terreno de la política ya es conocida por todos, pero apenas se ha informado de como ha influido en el feminismo. Habiendo casi desaparecido el movimiento feminista crítico con el poder, y ninguneadas las teorías feministas revolucionarias que se difundieron largamente en los años setenta y ochenta, convertidas en funcionarias muchas de las militantes que dirigieron en su juventud opciones contestatarias, lo que se identifica hoy mayoritariamente como feminismo es una suma de lugares comunes, más propios de los consejos de un consultorio sentimental radiofónico.

A esta confusión se ha sumado el oportunismo de la derecha, que, después de haber perseguido sañudamente cualquier pequeño atisbo de protesta de las mujeres, se sube ahora al carro del feminismo queriendo hacerse con los rendimientos que espera obtener de ello. La derecha pretende defender que sus políticas de inclusión de mujeres en las listas electorales y en puestos de responsabilidad corresponde a su propósito de igualar a la mujer y al hombre en todos los estamentos de la sociedad. Mientras tanto, allí donde gobierna reduce las inversiones en políticas sociales, elimina las medidas de protección de las mujeres, persigue todas las opciones sexuales que no sean la heterosexual y el matrimonio indisoluble y se muestra agresivamente contraria a la libertad de aborto. Así, ha sido posible incluso que se calificara de feminista a Sarah Palin, aquella señora --candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos con el senador John McCain, desaparecida tras la victoria de Barack Obama--, que constituye la encarnación más genuina del ideal reaccionario, o que las mujeres del PP aseguren que ellas son más feministas que nadie porque han alcanzado escaños en los parlamentos.

Pero estas falsificaciones son posibles cuando desde la izquierda ya no se defienden los principios transformadores de la sociedad que fueron la bandera del feminismo desde el siglo XVIII. Abandonada la crítica de las instituciones patriarcales como la familia y el matrimonio --uno de los grandes triunfos ha sido alcanzar el matrimonio de los homosexuales--, el feminismo dominante en los partidos de izquierda está manteniendo lo privado frente a lo público, lo individual frente a lo colectivo. Nuevamente, la derecha ha triunfado. Y no solo en lo económico, sino que lo ha hecho también, y siempre va unido, en lo ideológico. Los anhelos de los años setenta de construir una sociedad solidaria y altruista --la tercera enseña de la Revolución Francesa: la fraternidad, tan ignorada-- se han abandonado con desprecio para defender el más viejo individualismo.

Olvidadas las demandas clásicas del amor libre --la enseña de Alejandra Kollöntai que, en 1905, reclamaba la sustitución del matrimonio y de la familia por "la unión libre de libres individuos"--, la socialización del trabajo doméstico, la responsabilidad colectiva en la educación y cuidado de los hijos incluso son anatemizadas por los que se proclaman "modernos". Modernidad que lleva a afianzar las más viejas y caducas instituciones: matrimonio --mayoritariamente religioso--, familia nuclear, educación privada o religiosa a través de la omnipresente cadena de centros religiosos de enseñanza concertada, responsabilidad individual en el cuidado de los niños: todas las instituciones del patriarcado están siendo mantenidas y afianzadas, con mucho respeto, por la izquierda. Y ¡ay de aquellos que pretendan escaparse de la férula del Estado patriarcal y capitalista! Serán castigados con los enormes recursos de que este dispone: penalizaciones económicas, marginaciones sociales y laborales... Al final, todos se someterán a las normas dominantes: homosexuales que se casan; familias unidas obligadas a procurarse subsistencia y vivienda por sus propios medios, sin apenas ayudas; pocos niños, pero embarazados y paridos según los obligados dictados de la naturaleza. El triunfo de la consigna más grata a la derecha: sálvese el que pueda, con un Estado que se inhibe de sus funciones protectoras, lo que, en definitiva, perjudica siempre al más débil.

Resumiendo: la preeminencia de lo privado sobre lo público. Incluso una de las reivindicaciones más emblemáticas del feminismo, el pacifismo, se ha retorcido hasta el punto de que las feministas acepten, algunas incluso entusiasmadas, la cada vez mayor participación de mujeres en el Ejército, la Guardia Civil y la Legión. Se aceptan las imitaciones, por parte de las mujeres, de las conductas más agresivas masculinas --boxeo, lucha libre, agresividad, acoso sexual--, considerando, según las normas del patriarcado, que el modelo masculino es el universal y, por tanto, el que hay que imitar. En definitiva, es imprescindible volver a establecer cuáles son los principios del feminismo.

Público.es
2 Mar 2008
Por Lidia Falcón

Las Delegaciones de Gobierno de Madrid y Las Palmas y la Junta Electoral Provincial de Sevilla denegaron el permiso para celebrar la manifestación por el 8 de marzo. En Valencia hubo que solicitar la autorización a la Junta Electoral Central, y en otras ciudades todavía no se sabe cuál será la decisión de las autoridades competentes.

Ha sido preciso presentar recursos ante los tribunales de justicia de las respectivas comunidades (Madrid, Andalucía y Las Palmas), y en los juicios celebrados se ha dado la razón a la autoridad competente contra las asociaciones de mujeres. En definitiva, dependiendo de los criterios de los delegados del Gobierno, las manifestaciones se podrán celebrar en unas ciudades y en otras no. La explicación de los jerarcas responsables es que el 8 de marzo corresponde a la jornada de reflexión y en ese día no se pueden realizar actos políticos. A esta situación hay que añadir que toda la semana anterior las feministas organizábamos conmemoraciones diversas en toda España que este año quedarán completamente oscurecidas y hasta suspendidas por la campaña electoral, ya que ni las personalidades que asistían estarán ahora interesadas en temas que se salen de sus agendas y ni siquiera dispondremos de locales adecuados para ello.

El 8 de marzo se conmemora la masacre que cometió el propietario de la empresa Cotton de Nueva York el 8 de marzo de 1909, cuando ante el encierro de sus trabajadoras en la fábrica solicitando aumentos de salario y mejores condiciones laborales, prendió fuego al edificio y murieron abrasadas las 211 mujeres que estaban dentro. El año que viene se cumplirá un siglo de aquella barbarie, y durante estos cien años en ningún país occidental las feministas hemos dejado de recordar esa fecha.

Aún clandestina y temerosamente durante nuestra dictadura, siempre realizamos algún acto, aunque fuese escondido, únicamente para elegidas; más públicos y abiertos a medida que se degradaba la represión, hasta culminar en las manifestaciones reivindicativas de los años setenta.

Desde entonces, y ya se han cumplido treinta, las feministas no hemos faltado a ninguna cita. Los partidos políticos tampoco, ni los sindicatos, siempre arrimando el ascua a su sardina en cuanto han visto el rendimiento electoral que puede proporcionarles apoyar a las feministas, con lo que, naturalmente, las celebraciones del 8 de marzo se han institucionalizado y por ende esclerotizado, perdido el impulso de oposición al poder que siempre ha de tener el movimiento feminista. Pero aún así, aunque con el propósito de manipularlas, dirigirlas y debilitarlas, las instituciones y los partidos fingían aceptar las demandas de las mujeres. Por ello cedían locales, organizaban actos y concedían modestas subvenciones.

Abandonado el entusiasmo que llenó de mujeres las calles de nuestras ciudades en los años de la verdadera lucha, ahogadas o minimizadas y ninguneadas las voces de verdadera crítica y protesta que aún nos atrevemos a manifestarnos, controladas las asociaciones por el conocido y eficaz método de aumentar o disminuir las fuentes de financiación estatal, los actos del 8 de marzo han quedado asumidos por los ayuntamientos, diputaciones, comunidades e institutos, alejando a las mujeres de una conmemoración que no les parece que les concierna.

Quedan citas que el Partido Feminista y algunos grupos del movimiento feminista organizan y expresan en encuentros independientes y sobre todo en las manifestaciones callejeras que se celebran en esa fecha. Pues bien, este año no se sabe si en algunas ciudades se podrán realizar porque coinciden con la jornada de reflexión electoral. Convocadas las elecciones el 9 de marzo, el día 8 quedan suprimidas o mediatizadas todas las manifestaciones, que inevitablemente tendrían carácter político.

Cuando Rodríguez Zapatero señaló el día 9 como la jornada electoral, ¿ignoraba que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? ¿Lo ignoraban las ocho flamantes ministras de su gabinete y su más astuto consejero y ministro Rubalcaba? ¿No lo sabía la excelsa feminista –tan amiga de obispos y cardenales- María Teresa Fernández de la Vega? ¿Qué se dijeron en aquel Consejo de Ministros en que decidieron tan trascendental fecha? Con toda seguridad se preocuparon de no coincidir con el calendario de partidos de fútbol, de celebraciones del Carnaval, de procesiones de Semana Santa. ¿Y quién se hubiese atrevido a señalar el 2 de mayo como día electoral? Pero si se trataba de las mujeres, ¡qué más da!

El cónclave de ministros haría cábalas sobre las reacciones que se producirían, y con toda seguridad los cerebros del Gobierno le aseguraron a Zapatero que ellos, y ellas, sabían controlar eficazmente el movimiento de mujeres, comprado por los fondos del Estado que administra el Gobierno. Y así ha sido.

En esta grave situación lo más penoso y lamentable es la anuencia que manifiestan las mujeres de todos los partidos políticos ante la indiferencia con que las cúpulas masculinas de los mismos han asumido la decisión del Gobierno. Esta situación hubiera sido impensable hace treinta años, no sólo porque las asociaciones feministas hubiesen organizado concentraciones y manifestaciones, autorizadas o no, sino también porque hubiese habido una opinión pública y publicada que habría alertado a los responsables políticos precisamente en el momento más crítico para ellos, que es el periodo electoral.

Abandonadas, y hasta perseguidas, las organizaciones de mujeres, como si se sintieran atacadas por el síndrome de Estocolmo, son incapaces de organizar protestas por una de las más graves agresiones contra el feminismo que hemos sufrido desde la transición.

Lidia Falcón es Presidenta del Partido Feminista de España, abogada y escritora