Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

"Hemos avanzado, indudablemente con respecto a la época de la dictadura franquista y, mucho más, si nos comparamos a la Edad Media. Sin embargo, no hemos llegado ni al 20% de lo que teníamos que haber avanzado. Sólo hay que echar un vistazo a los datos"

DEIA.com
25 Nov 2007
Por Nekane Lauzirika

BILBAO. "El hecho de ser mujer no significa ser feminista. Lo que hace falta es que el feminismo ocupe el poder. Mujeres cómplices de los hombres, de derechas, beatas, fascistas, indiferentes... las hay y las ha habido siempre. Es como si todos los obreros por serlo fueran comunistas. Hay mujeres que son indiferentes por falta de preparación. Ser socialista es tener un carné y pagar la cuota. Ser feminista es estar en la batalla", remata.

Los partidos políticos no arriman el hombro al feminismo

Nosotras hemos conseguido llevar el feminismo a la política, que es un salto cualitativo importante. Hemos unido diversas maneras de entender el feminismo en un proyecto para llevar a las instituciones a través de las elecciones. Los partidos políticos viven de espaldas al feminismo. Si el feminismo no llega al Parlamento, a los ayuntamientos, no hemos hecho nada. Porque esas mujeres lo que hacen es votar lo que vota su partido y cumplir lo que les dicen sus cúpulas masculinas, duplican el voto.

El que nace niño o niña, ¿tiene la misma igualdad de oportunidades?

El sistema está basado en el trabajo doméstico de las mujeres. Cuando tenemos menos niños no hay más que lamentos; la supervivencia de los seres humanos recae sobre las mujeres. El trabajo de las mujeres es sedundario. Se supone que pueden estudiar -por supuesto se amontonan en carreras de humanidades- pero cuando son madres llegan los problemas y quien deja de trabajar es la mujer; son ellas las que solicitan las medias jornadas porque son las que tienen los peores puestos, las que cobran menos. Las diferencias salariales del 30% al 50% son las mismas que al principio del siglo XX.

¿Las leyes de igualdad de oportunidades se cumplen?

El sistema económico es el que está manteniendo la estructura por la cual la mujer está en una situación de inferioridad con respecto al varón. Si el Estado tuviera que aportar el dinero para cuidar a los niños, ancianos, discapacitados, dependientes... quebraría. No están dispuestos a defender a las mujeres de un sistema patriarcal que ellos mismos están sustentando.

¿Son un brindis al sol?

Son leyes muy incompletas. Además, hay una serie de grupos activos, machistas que hacen campañas muy eficaces porque les parece que a las mujeres nos están dando demasiadas ventajas. Pero, las leyes son un brindis al sol. Por ejemplo, la Ley de Discapacidad lo que propicia es que las mujeres se queden en casa al cuidado de un gran dependiente. Por ello se les dará 300 ó 600 euros. Un Estado social lo que debe hacer es liberarlas de esta responsabilidad y permitirles tener un trabajo asalariado y propio. Nos dirán que esto es mejor que nada. Pero lo justo es incorporar a las mujeres al mercado laboral. Para ello hay que crear una estructura de ayuda social, con residencias adecuadas, ayuda domiciliaria...

"Si el feminismo no llega Parlamento, las mujeres votarán lo que diga su partido y sus cúpulas masculinas"

"Un Estado social debe liberar a las mujeres del cuidado de los dependientes creando estructuras sociales"

Público.es
11 Nov 2008
Por Lidia Falcón

Cuando César Falcón, mi padre –escritor, periodista, director del periódico del Partido Comunista Mundo Obrero y de la emisora de radio que retransmitía las crónicas de la guerra, Altavoz del Frente–, salió de España en marzo de 1939 huyendo de la persecución de las tropas franquistas para exiliarse en Francia y posteriormente en México, nunca creyó que jamás podría regresar a aquel país que había sido su patria durante 20 años y por cuyo progreso había luchado hasta el último minuto.

Cuando Carlota O’Neill de Lamo –hermana de mi madre, Enriqueta O’Neill–, esposa del capitán de aviación Virgilio Leret Ruiz, fue detenida en Melilla dos días después de que su marido fuese fusilado por las tropas facciosas que se habían alzado en armas contra el Gobierno de la República, nunca pudo imaginar que 72 años después, y en plena democracia española, no se habrían investigado y juzgado todavía los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura que encabezaba Franco. Tampoco hubiera podido imaginarlo cinco años más tarde, cuando salió de la prisión melillense, viuda, sin conocer siquiera la tumba de su marido, y recogió a sus dos hijas, María Gabriela y Carlota, de ocho y diez años, en el asilo de huérfanos de militares de Aranjuez.

Ni cuando tuvieron que exiliarse en Venezuela, ocho años más tarde, ni ella ni mi madre ni mi abuela, Regina de Lamo, pudieron imaginar, terminada la II Guerra Mundial y abandonada España por las potencias democráticas a los horrores de la dictadura, que en 2008 la Audiencia Nacional española, ya en democracia, impidiese que los descendientes de las víctimas buscasen los restos de sus antepasados, tirados en las cunetas de las carreteras y en las peñas de los montes, como si de perros abandonados se tratase.

Las décadas han transcurrido, indiferentes al sufrimiento de las víctimas de la represión franquista: 200.000 desaparecidos, 250.000 fusilados, 600.000 encarcelados, un millón de exilados (en proporción a su población, 22 millones de habitantes, España es el país con más pérdidas humanas derivadas de una guerra civil). Durante los interminables años de la dictadura, luchábamos por sobrevivir y acabar con aquel infame régimen que se prolongó más que ningún otro régimen fascista europeo, pero al fin conquistamos toda la democracia que nos dejaron, y desde entonces, otros 30 años más, estamos exigiendo que se reconozca la injusticia de los juicios espúreos que se celebraron manu militari y que acabaron con el fusilamiento o la prisión de miles de personas, por sus actividades políticas o sindicales. Que se investigue el paradero de los miles de desaparecidos, que se indemnice a las víctimas o a sus herederos.

Nada de esto se ha producido todavía, a pesar de la esforzada labor que durante 20 años han realizado particulares y asociaciones en reclamación de la verdad, de la justicia, de la dignidad. En este año 2008, el auto del juez Baltasar Garzón iniciando diligencias para investigar los crímenes del franquismo había dado un poco de esperanza a los solicitantes, pero los ilustres magistrados de la Audiencia Nacional, tan parecidos a aquellos que juzgaron la represión desde el Tribunal de Orden Público, se la han quitado. Los franquistas siguen rigiendo la justicia española.

En España, los franquistas, que siguen detentando los bienes de los que se apropiaron, continúan inundándonos con los mismos gritos destemplados de siempre, con su inaudita falsificación de la realidad, con sus burlas del genocidio que perpetraron, con su desprecio por los sufrimientos de un país que perdió en tres años el más consciente movimiento obrero, las mejores cabezas de la intelectualidad, la magistratura, el profesorado, la universidad, la investigación, los dirigentes sindicales y políticos, que fue sepultado en la miseria económica y moral durante medio siglo. Perdida la Guerra Civil, perdimos también la II Guerra Mundial, y por tanto nuestro destino no fue el de las potencias aliadas, pero tampoco el de la Italia fascista. Aquí quedamos los españoles hundidos en el pantano de corrupción y crimen de la dictadura, y después, cuando se celebró el nacimiento de una democracia modélica, y durante otros 30 años más, ni siquiera nos permitieron recordarlo. Por ello, la mayoría de los descendientes de las generaciones que la soportaron ignora la verdadera horrible realidad de aquella etapa.

Lo más demoledor de la historia española es que no solamente los herederos de los franquistas niegan la represión que ejerció su apreciado régimen, sino que los que no la vivieron directamente la minimizan. Las obras que se han publicado, las películas que se han filmado, los reportajes que se han realizado, no reflejan en todo su horror lo que fue la vida cotidiana, la lucha de los resistentes antifranquistas, la brutalidad y sordidez de las prisiones, la miseria del pueblo, los actos de tortura que se producían constantemente en las comisarías y cuarteles contra todo disidente o simplemente sospechoso. Porque los muertos no hablan, los exiliados lo hicieron allende los mares, los que quedaron aquí silenciados no pudieron dar testimonio de la profundidad de la destrucción de nuestra condición humana.

Por eso es posible que los que no se enteraron de la verdadera miseria de nuestra vida consideren que no vale la pena remover las historias del pasado, porque piensan que lo que no me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie. Por eso es posible que sigan oyéndose todavía más altos los gritos fascistas que los de las víctimas.

Lidia Falcón es abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España

Ilustración de Iker Ayestaran

elPeriódico.com
2 Nov 2008
Por Lidia Falcón

Lo privado es público fue la consigna del feminismo cuando inició su movimiento, que lo decía casi todo. Denunciaba el silencio y la invisibilidad con que se habían ocultado las opresiones que las mujeres sufrían al establecer la división de los actos humanos entre los que se presentaban como públicos y los que pertenecían al ámbito doméstico. De tal modo, la violencia contra la mujer y los niños, los abusos sexuales y las violaciones, la división sexual del trabajo, la marginación de la mujer del trabajo asalariado, eran situaciones que no debían ser analizadas bajo las normas democráticas de derecho público, porque únicamente concernían a la voluntad individual de las personas.

Cuando la denuncia de tal estado de cosas pudo ir imponiéndose sobre la conciencia colectiva y se consiguió que se tomara en cuenta en los programas de los partidos políticos y en las normas legislativas, entramos, por fin, en el ámbito de los países avanzados y democráticos. Y ese cambio se introdujo en los cuerpos legislativos, que es por donde se comienzan las transformaciones políticas. Las leyes aprobadas desde aquellas fechas que regulan las relaciones personales y familiares entre los sexos fueron introduciendo, muy lentamente, las normas que debían ir situando a las mujeres en los niveles familiares, sociales y económicos similares a los que los hombres disfrutaban hasta entonces.

El Govern de Catalunya se propone, según se ha sabido las últimas semanas, emprender una modificación del Código Civil. Llevado del afán que nos domina de dar testimonio de nuestra modernidad, partiendo del falaz principio de que ya se ha conseguido la igualdad social entre hombres y mujeres, introduce novedades en el derecho de familia que perjudicarán tanto a éstas como a los niños. Las modificaciones han sido exigidas, más que impulsadas, por los colectivos masculinos molestos por los avances que el feminismo ha conseguido. Así, la custodia compartida, prácticamente impuesta incluso contra el acuerdo de los padres y, por supuesto, contra el deseo del niño, significará una fuente de sufrimientos y problemas para las madres y los hijos. Especialmente para estos, que, en vez de tener un domicilio estable --la seguridad de lo cotidiano tan necesaria para construir la personalidad sana--, se verán trastornados por el cambio continuo de vivienda, de lugar propio, de vecinos, de entorno conocido, y zarandeados por las influencias familiares, en un continuo ir y venir.

Las abogadas especializadas en el tema sabemos muy bien que esta medida persigue en realidad el objetivo oculto de que el padre se ahorre la pensión de alimentos del hijo. Compartido el tiempo de estancia con los dos progenitores, se comparten también los gastos en igual medida y, en consecuencia, ya nadie tiene que abonar dinero al otro.

No solamente esta modificación perjudica grandemente el interés de la mujer y del hijo, sino que, con menos justificación aún, se penaliza a la mujer privándola de pensiones y uso indefinido de la vivienda. Contra tales normas se han pronunciado claramente, en un buen y documentado informe, la Federación de Mujeres Separadas, explicando con datos, sobradamente conocidos, las diferencias sociales y económicas que subsisten en la calidad de vida y en la calificación social entre los hombres y las mujeres.

Ante tantas desventajas como se amenazan en este proyecto, únicamente se ha admitido la exigencia, que plantean desde hace años las organizaciones de mujeres, de que se establezca la obligación de ambos cónyuges de participar en el trabajo doméstico. Disposición ciertamente retórica, ya que nadie tiene la posibilidad de hacer cumplir la norma mientras el matrimonio convive, pero quizá pudiera dar lugar a algún tipo de resarcimiento por su incumplimiento en el momento del divorcio, objetivo siempre difícilmente alcanzable cuando la judicatura no se plantea indemnizar a ningún cónyuge por víctima que haya sido de los desmanes del otro. Con idéntico objetivo, supongo, el proyecto mantiene también la obligación de guardar fidelidad.

Mientras que las desventajas y retrocesos señalados en el capítulo de custodias no han dado motivo a ninguna crítica por parte de los medios de comunicación, mi última sorpresa ha sido escuchar el rechazo de varios periodistas a las medidas de pensiones y vivienda, las únicas que, condescendiendo con las peticiones de colectivos de mujeres, el Govern ha aceptado incluir.

Y las rechazan precisamente con el argumento de que el Código Civil no puede entrar en el comedor de las casas, ignorando no solo la ya clásica reivindicación de lo privado como público sino que, por su propia esencia, el derecho de familia convierte en actos jurídicos las actividades humanas que se realizan en el comedor y en el dormitorio. Pero no ya a raíz de las luchas feministas, sino desde el derecho romano, por hablar solo de tiempos modernos. La diferencia entre la precursora legislación romana y la actual es que aquella era la base del derecho patriarcal, mientras que hoy hay que pretender que sea la base de un derecho igualitario, que todavía estamos muy lejos de alcanzar, y que, desde luego, no se conseguirá con esta reforma del Codi de Familia.

*Abogada