Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

Contra las mujeres se ha desencadenado una campaña machista. En cuanto han conseguido un poco de libertad, aquellos que las consideran de su propiedad se han organizado para calumniarlas y perseguirlas judicialmente. Algunos también las matan. Hace más de 15 años, en un debate de televisión dirigido por Cristina García Ramos, yo adelanté –no sabía entonces con qué trágica certeza– que la lucha por la igualdad de las mujeres iba a tener una respuesta sangrienta por parte de ciertos hombres. El catedrático Javier Pérez Royo, que participaba en el debate, mirándome con una expresión de absoluto desprecio replicó que ese comentario no merecía ni siquiera respuesta. Pues bien, señor Pérez, en estos 15 años transcurridos han sido asesinadas por hombres 1.200 mujeres, sin contar las que se han suicidado o muerto a consecuencia de los malos tratos sufridos a manos de aquellos, y unos dos millones más están siendo golpeadas sistemáticamente. A los femicidios hemos de agregar las violaciones, el acoso sexual, la prostitución y las demás violencias que se practican contra ellas.

Pero no sólo las matan, como si ese no fuese suficiente motivo para escalofriarnos –y para que el sr. Pérez me pidiese disculpas– sino que también sufren toda clase de marginaciones y opresiones. El 50% de las divorciadas con hijos no cobran la pensión alimenticia que el juzgado señaló al padre, y la “feminización de la pobreza” avanza en las familias monoparentales dirigidas por una mujer. El subempleo, los bajos salarios, el trabajo a tiempo parcial, los contratos eventuales y la falta de promoción en la empresa son femeninos.

Pero ni siquiera esta realidad es lo más remarcable, precisamente por lo muy sabida. Lo destacable de estos últimos tiempos es la campaña machista organizada por las asociaciones de hombres que afirman ser maltratados por mujeres, orquestada con muchísima eficacia por medios de comunicación afines a ellos. Esta campaña se ha desencadenado sobre todo a partir del momento en que se aprobó la Ley de Violencia, que les ha parecido a los machistas intolerable a pesar de las múltiples carencias que padece, así como de la ineficacia de la justicia, como se puede comprobar diariamente en los casos de hombres condenados que andan sueltos a su libre albedrío y que acaban matando a la mujer o a algún niño.

La acusación de que las mujeres presentan denuncias falsas para obtener múltiples ventajas en los procesos de divorcio, que con toda rotundidad defiende María Sanahuja, que fue decana de los Juzgados de Barcelona, apoyada por el entonces fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena, se ha convertido en una verdadera campaña de prensa, radio y televisión contra las mujeres maltratadas. Se han creado asociaciones de hombres víctimas de falsas denuncias, y no hay televisión –aún las de mayor audiencia– que no haya introducido el tema en sus programas sobre la violencia machista.

A esta campaña de difamación contra las mujeres, y contra sus abogados, ha seguido la de apoyar la custodia compartida de los hijos entre el padre y la madre. Reivindicación que únicamente defienden los padres, con el propósito claro de no pagar las pensiones de alimentos a los niños. Tal medida se implantó, aunque con condiciones, en la reforma del Código Civil cuando aprobó la reforma legal llamada del divorcio “exprés”, mediante la cual ya no se pueden alegar causas para solicitarlo. De tal modo, las tropelías que algunos maridos cometen contra las mujeres: infidelidad, corrupción, desatención a la esposa y a los hijos, negativa a colaborar en las tareas domésticas, ausencia del hogar, no entregarle el dinero para subsistir, no pueden ni aún plantearse ante el juzgado, y, en consecuencia, tampoco se puede reclamar una reparación adecuada; si fuera que la indemnización por tales actuaciones hubiese podido contemplarse alguna vez en el ordenamiento jurídico, que jamás se ha planteado en nuestro país, ya que tanto legisladores como jueces consideran normal que una esposa aguante todo tipo de vejaciones por parte del marido. Y, para añadir mayor sufrimiento a las mujeres que se encuentran privadas de la compañía de los hijos y deben contemplar impotentes el maltrato de los niños a manos del padre, en la actualidad el proyecto del Codi Civil catalán establece la custodia compartida, casi automáticamente.

La campaña contra las mujeres está cada día más en auge. Y con éxito. Por ello, los jueces archivan el 55% de las denuncias por maltrato, considerando que son falsas, únicamente condenan al 70% de ese 45% restante, es decir el 38% de las denuncias, y casi nunca a más de dos años de cárcel, con lo cual los maltratadores no la cumplen, e incluso cuando la sentencia es mayor no ordenan tampoco el ingreso en prisión. Y cuando se deciden, con mucha dificultad, a dictar una orden de alejamiento, no tienen ningún interés en hacerla cumplir. A esta actitud de los jueces hay que añadir que en la mayoría de los abusos sexuales de los niños, los psicólogos dictaminan casi sistemáticamente que son inventados por las madres, y en consecuencia se archivan las denuncias. Ahora, además, se está acusando a las madres de consentir los abusos, sin parar mientes en que la primera maltratada, violada y amenazada de muerte, si se atreviera a denunciarlo, son ellas. Por eso es posible que se asesine a una niña y a una esposa y a una madre por un pederasta, un marido y un hijo que habían sido condenados hacía años por abusos sexuales y maltratos a otras o a las mismas personas. Por eso únicamente tenemos que esperar a que cualquier otro asesino, que sigue libre, repita la hazaña.

 

Cuando creíamos que después del asesinato de Mari Luz no podíamos horrorizarnos más, nos enteramos de que una mujer ha sido asesinada tras haber pedido repetidas veces protección de un marido que estaba condenado y con orden de alejamiento, poco antes de que un enfermo mental pasee la cabeza de su madre por las calles del pueblo, después de haber estado condenado cuatro veces. Estos casos que nos escandalizan son la cara visible de algunas de las negligencias que cometen ciertos organismos institucionales que tendrían que proteger a las mujeres. Los olvidos que llevaron a Mari Luz a la muerte han sido explicados como un error achacable únicamente al juez que era responsable del encarcelamiento del culpable. Tantos otros implicados, desde la Audiencia a la Policía, se han declarado exentos de cualquier responsabilidad. Lo que no se cuenta es que los olvidos y los errores judiciales suceden habitualmente. La instrucción de un sumario por abusos sexuales a menores, malos tratos a mujeres, lesiones, robo sin violencia, hurtos, etcétera, tarda dos años. Pueden añadirse de uno a tres más de demora en la Audiencia. Esa sentencia tendrá que ejecutarla el juzgado penal; teniendo en cuenta que las penas inferiores a dos años pueden suspenderse o sustituirse por un inexistente servicio a la comunidad, miles de condenados no cumplen la sentencia.

Pero incluso en el caso de que esa condena supere los dos años, con toda probabilidad no se ejecutará. En este momento miles de sentencias de prisión y de multa duermen en las carpetas de los juzgados. Muchas porque no se ha encontrado al condenado para notificárselas. Informan los medios de que en un solo juzgado de Palma de Mallorca hay 8.000 ejecuciones por tramitar. Entre ellas se encontrarán las que afectan a esposas y madres maltratadas y a menores de los que se ha abusado. La prensa cuenta que varios pederastas han desaparecido después de ser condenados a penas de tres años y más de cárcel. Transcurrido el tiempo en el que los autos duermen en una mesa del departamento de ejecuciones del juzgado, el delito habrá prescrito.

En el tema de violencia contra la mujer, la acusación, vertida en los medios, de que las mujeres presentan denuncias falsas, ha influido para que solo en muy contadas ocasiones los jueces dicten prisión preventiva contra los denunciados por maltrato, pederastia, abusos sexuales, violaciones. Así, muchos de los acusados ni acuden al juicio, y los que lo hacen desaparecen, preventivamente, temiendo la sentencia. Pero estos no son los únicos casos en que los condenados viven tranquilamente sin temer la persecución de la justicia. Las multas de los procesos de tráfico, de alimentos, de infracciones que no acarrean pena de prisión no se suelen pagar. Cuando el abogado acusador persigue tenazmente el cumplimiento de la sentencia tropieza con el atasco que ahoga a las oficinas de ejecución y que ocasiona la lentitud en dictar órdenes de localización, y la casi imposibilidad de que se disponga la busca y captura en los casos en que las penas no sean mayores de tres años de prisión.

A este funcionamiento de los juzgados, conocido de todos los profesionales del Derecho, se le puede aplicar sin duda una atenuante calificada: el estado caótico en que se encuentran. Juzgados ubicados en un inmueble de vecinos, a veces con ellos dentro, oficiales amontonados con sus mesas y expedientes, de cuatro en cuatro, en habitaciones minúsculas, donde se toma declaración a imputados, testigos y peritos, con asistencia de letrados, delante de los demás empleados y profesionales que entran y salen del juzgado interesándose por sus asuntos. La invisible presencia de los fiscales adscritos a varios juzgados a la vez y que no pueden atender a todos. Salas de audiencia, como las de los juzgados de familia de Barcelona, que consisten en una mesa ovalada alrededor de la cual se sientan todos los implicados: juez, fiscal, secretario, procuradores, abogados e interesados, rozándose codo con codo, y donde se celebran vistas en las que están en juego la felicidad de los cónyuges, la propiedad de los bienes familiares y el futuro de los hijos.

La imagen habitual de los juzgados es la de habitaciones atestadas de expedientes, en las estanterías, en las mesas, en las sillas, en el suelo, y hasta en el váter, sin vigilancia alguna, de tal modo que cualquiera puede llevarse las carpetas y hasta los sellos del juzgado.

El único paliativo a tantos males es por lo menos doblar el número de juzgados, de jueces, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de auxiliares, de agentes y de policía judicial, y ubicarlos en los edificios adecuados con los ordenadores y las terminales necesarias, donde se hayan introducido las bases de datos coordinadas con las policías y los otros juzgados. Pero esta reforma --y no hablo del imprescindible cambio del procedimiento-- necesita una inversión económica enorme que los gobernantes no están dispuestos a hacer. Por tanto, es imposible que la Administración de justicia española salga del siglo XIX, en el que se halla anclada, y es previsible que a corto plazo cualquier otra niña o esposa o madre sea víctima de un pederasta, de un marido o de un hijo que, pese a estar condenado, disfrute tranquilamente de libertad.