Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

elPeriódico.com
1 Feb 2010
Por Lidia Falcón

Las declaraciones del juez de Sevilla Francisco Serrano contra la ley de violencia de género han venido a apoyar la campaña desatada por asociaciones y colectivos de hombres que rechazan las medidas protectoras a favor de las víctimas de la violencia machista, a pesar de que la ley ya ha obtenido el aprobado del Tribunal Constitucional. Como asegura el juez Serrano, los activistas de la defensa masculina afirman estar discriminados por un sistema legal injusto, producto de «la dictadura del feminismo radical» que, al parecer, se ha implantado en nuestro país. Denuncian que miles de hombres están en la cárcel acusados falsamente por mujeres que obtienen enormes ventajas en el proceso de divorcio, en el cual ellos han perdido la vivienda y la custodia de los hijos y se han visto obligados a pagar pensiones desorbitadas. Expresan de tal modo la indignación que tal situación les produce, que casi justifican los feminicidios que se cometen periódicamente en nuestro país.

Al fin y al cabo, dicen, no se puede provocar tanto a un hombre sin que este, en defensa de sus derechos y de su hombría, no acabe respondiendo violentamente. Incluso un indignado ciudadano llamaba a Radio Nacional para asegurar que en el 2009 habían muerto 30 hombres a manos de su mujer, sin que nos explicara cómo los medios de comunicación, todos de acuerdo, han ocultado noticias tan escandalosas. Lo que no se dice es que los miembros de esas organizaciones han sido denunciados o condenados por violencia machista. En más de un programa de televisión he tenido que soportar las agresiones verbales de esos individuos que se declaraban víctimas de una injusta discriminación cuando fueron acusados de delitos de amenazas, insultos o golpes contra su pareja. Con gran emotividad, explicaban la enorme humillación que sufrieron al pasar una noche en la comisaría detenidos en compañía de delincuentes comunes.
Porque, para ellos, no es un delincuente el hombre que pega a su mujer; al fin y al cabo siempre se ha hecho así y de tal modo han sido estructuradas las relaciones patriarcales entre el hombre y la mujer. La indignación con que esos portavoces han acogido las medidas de protección de la ley de violencia que se han conseguido implantar tras varios decenios de indefensión de las víctimas, aún en plena era democrática, les ha impulsado a arrojar calumnias y acusaciones contra las feministas. Al punto de que el propio Serrano ha presentado una querella criminal contra algunas por las críticas que le han dirigido.
Pero lo que ni ellos ni el juez Serrano explican es que la ley mantiene las mismas garantías procesales para el denunciado que en cualquier otro caso, exigiéndole a la denunciante las pruebas indubitables del maltrato, por lo que el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite en el juzgado. Que del 45% restante se condena aproximadamente al 70%, con lo que estas no exceden del 31,5% de todas las denuncias planteadas, y que ese 30% de absoluciones se dictan por falta de pruebas, en unos delitos que, por su propia condición, se realizan en la mayoría de los casos en el secreto del hogar común y cuando tampoco se encuentran testigos proclives a participar en el proceso. Por ello, la ONU ha declarado que «el maltrato a la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo». Por esta dificultad de la prueba, además del rechazo familiar y social y de los problemas económicos que sufren, se calcula que solo denuncian el 10% de las mujeres víctimas de violencia machista. De las 54 asesinadas en el 2009, únicamente 25 habían denunciado con anterioridad a su asesino, de lo que se infiere que ni las que solicitaron protección oficial la obtuvieron ni muchas otras, cargadas de razón, lo hacen.
Negando los malos tratos a las mujeres, acusándolas de denunciar falsamente, defendiendo a los hombres violentos, el juez Serrano está incumpliendo el mandato que por su cargo le ha encomendado la sociedad. El papel de un juez no es el de criticar la ley, sino el de aplicarla y, con sus críticas, lo que dice es que sus compañeros no saben administrar justicia. Si asegura que detienen a inocentes, no investigan los hechos, condenan sin pruebas y dictan sentencias parciales, Serrano está acusando a sus pares de prevaricación. Sería lógico esperar que los demás magistrados hubiesen hecho oír su voz en defensa de la pulcritud de su tarea.

Pero si no hemos oído las críticas de los jueces concernidos, en cambio ha sido sorprendente el número de artículos de opinión a favor de las declaraciones de Serrano. Periodistas y escritores, conocidos por sus posiciones claramente progresistas y de quienes jamás yo diría que maltratan a su mujer, han escrito largas parrafadas justificando al juez y burlándose de las críticas que ha suscitado entre las feministas. La aceptación de las tesis de Serrano por parte de tales escritores demuestra que las relaciones hombre mujer superan las ideologías políticas y están mucho más condicionadas por las normas patriarcales enraizadas en los prejuicios y sentimientos humanos. Por eso el maltrato a la mujer sigue siendo un crimen oculto.

Los colectivos feministas critican que los partidos tradicionales no mantengan entre sus prioridades los problemas que atañen a las mujeres. Proponen crear agrupaciones políticas alejadas del patriarcado

Público.es
25 Ene 2010
Por Magda Bandera

"La igualdad entre hombres y mujeres, aunque no lo parezca, no es una prioridad política para ninguno de los partidos que conforman el abanico parlamentario", denuncia Rosario Carracedo, cabeza de lista en las últimas elecciones europeas por Iniciativa Feminista. Su opinión es compartida por todas aquellas mujeres que defienden que los partidos feministas son imprescindibles para que la lucha por la equidad sea algo más que una mera declaración de intenciones electoralistas que, de vez en cuando, se plasma en alguna ley más o menos efectiva.

Legalizar el divorcio, en su momento, avanzar en la Ley del Aborto o en la lucha contra las agresiones machistas son "sólo pasitos", asegura Lidia Falcón, líder del movimiento feminista en España desde los años sesenta. Pero esos avances mantienen el sistema patriarcal prácticamente intacto, porque no cuestionan las bases ni las consecuencias de la dominación masculina. "Si queremos una transformación real de la sociedad y acabar con la desigualdad, debemos participar en la política y en la toma de decisiones".

"Por desgracia -añade Falcón- una parte del feminismo ha entendido que eso significa entrar en las cúpulas de los partidos. Pero estos están dirigidos por hombres y ellos siempre luchan por buscar cambios de tipo económico, de clase, y relegan los asuntos que afectan a la mujer a un segundo plano. Es una pena que algunas de las feministas más válidas acaben en esas formaciones, creyendo que así van a tener más poder".

Además, la mayoría de los asuntos que los partidos tradicionales incluyen en sus programas siguen centrándose básicamente en la capacidad reproductiva de la mujer, señala Falcón. Otras compañeras de batalla critican la propia estructura de las formaciones, muy jerárquica y con un lenguaje masculinizado, que invisibiliza a las mujeres, a pesar del esfuerzo por saludar a la audiencia con coletillas del tipo "vascas y vascos".

Precisamente, la lucha constante contra el machismo de sus compañeros del Partido de la Izquierda llevó a la sueca Gudrun Schyman a dejar esta formación y cofundar Iniciativa Feminista. Sólo así pudo defender un programa en el que el primer punto era la equiparación salarial entre ambos sexos. Su objetivo es hacerlo algún día en el Parlamento hasta lograr que una ley obligue a cumplirla.

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"Buscamos ser como los Verdes"

Lidia Falcón. Abogada

“Si las mujeres en España tuvieran una visión política sobre la desigualdad y sobre sus intereses, las feministas podrían tener una influencia similar a la de Los Verdes”, opina Lidia Falcón, impulsora del primer Partido Feminista de España (PFE), legalizado en 1981. Esta abogada considera imprescindible que exista un partido que se centre exclusivamente en la lucha por la equidad. Como argumento, recuerda que “el aborto no estaba en el programa electoral del PSOE, porque le interesan más las relaciones con la Iglesia que la mujer. Por eso tuvieron que ser las feministas de este partido las que después lo llevaran a la agenda legislativa”. Ahora, Falcón teme que el movimiento feminista se “atomice” en distintos partidos, como suele suceder con la izquierda.

"Hay que estar en el Parlamento"

Gudrun Schyman. Líder de Iniciativa Feminista

“Necesitamos estar en la arena parlamentaria para hacer las reformas que permitan alcanzar la equidad”. Gudrun Schyman, líder desde 2005 del partido sueco Iniciativa Feminista (IF), modera su discurso al afirmar que “los partidos tradicionales no son sexistas” intencionadamente. Sin embargo, denuncia que “no reconocen que el modelo patriarcal supone un conflicto para la sociedad “. Schyman abandonó el Partido de la Izquierda y creó sus propias siglas para luchar por la equiparación salarial, y por la mitad de la población que sigue temiendo ser agredida o amenazada. Schyman, que logró el 2,2% de los votos en las últimas elecciones europeas, considera que el principal logro de IF ha sido poner el foco en “la responsabilidad de los hombres como padres”.

"Queremos un grupo no tutelado"

Rosario Carracedo. Abogada

Además del nombre, la formación encabezada por la abogada Rosario Carracedo comparte objetivo con la Iniciativa Feminista sueca: “Dotar al movimiento feminista de una articulación política propia, autónoma independiente y no tutelada, capaz de erigir el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres al nivel de máxima prioridad política”.
Carracedo define su proyecto como “el más democrático, universal y solidario que haya sido formulado hasta ahora”, porque “incluye a toda la humanidad”. Para Carracedo, “el feminismo es una ideología de izquierdas porque pretende colocar a todas las personas en un plano de igualdad equivalente”. IF obtuvo 11.266 votos en las últimas elecciones europeas (0,07%).

Público.es
12 Ene 2010
Por Lidia Falcón

A María José Carrascosa la han condenado a 14 años de prisión por nueve delitos, uno de interferencia a la Justicia y ocho de desacato. La verdad es que María José ha cometido el peor crimen que una mujer puede cometer contra el patriarcado: llevarse consigo a su hija separándola de su padre. En el momento de comunicarle la sentencia, el justiciero juez Donald Venecia de Hanckensack, Nueva Jersey, abochornó a la mujer –a la que trasladan al juzgado en cada comparecencia encadenada de manos y de pies– lanzándole un sermón enfurecido en el que la acusaba de arrogante, de desafiante a la ley y de disponer de su hija como si fuese una propiedad que le perteneciera.

María José lleva tres años en prisión. Desde que, con una ingenuidad sólo propia de quien no sabe nada del patriarcado, viajó hasta Estados Unidos para defenderse ante el juzgado en el que el marido había presentado la demanda de divorcio. Porque María José, que es española, había trasladado su residencia a España, con la niña de 5 años, después de que el Servicio de Emigración de EEUU le concediera el estatus de mujer maltratada. Con ese aval y las pruebas de la violencia que había sufrido y de los abusos sexuales de que el padre había hecho víctima a la menor, el juzgado y la Audiencia españolas concedieron el divorcio y la custodia de la menor a la madre. Pero esta no conocía el talante de los jueces estadounidenses, porque, cuando se presentó ante el tribunal, en ese mismo momento fue detenida y encarcelada sin que se le haya aplicado en tres años el beneficio de la libertad provisional ni siquiera bajo fianza.

Durante tres años María José y toda su familia –conocí a su hermana Victoria en un programa de televisión y comprobé la tortura que todos estaban viviendo– han batallado fieramente por demostrar su verdad. Abogados estadounidenses y españoles han trabajado conjuntamente para demostrar la situación que había sufrido María José durante su matrimonio y el peligro real que corría la menor si permanecía en compañía de su padre. Durante esos tres años ninguno de los jueces que ha tenido competencia en el asunto ha atendido las pruebas y los argumentos planteados, ni ha tenido consideración alguna por las dos sentencias españolas que le dan la razón a María José. No ha influido en su ánimo la evidencia de que, si una madre es capaz de aguantar una tan larga prisión por proteger a su hija, alguna causa grave debe motivarla, y ni siquiera ha sentido la menor compasión por la mujer que, además del encierro, está sufriendo una larga enfermedad de la que deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Marilyn French, la escritora feminista estadounidense, tiene un estremecedor libro que titula La guerra contra las mujeres, en el que analiza las injusticias que con ellas diariamente se cometen en su país. Se les imponen por los jueces sentencias crueles y sin fundamento, se las somete a torturas en comisarías y cárceles, se las condena a larguísimas penas de prisión por delitos menores. Compara el mismo trato que se les dispensa a los hombres por iguales casos y siempre son ellos los beneficiados. El libro, que deja sin aliento, fue escrito hará una veintena de años y a esa circunstancia se agarró mi ánimo para tranquilizarse pensando que la situación habría cambiado, deseoso de huir de la angustia que me produjo el conocimiento de ese mundo de terrorífico dominio del patriarcado, del que no sabemos nada. La situación de María José Carrascosa me ha desvelado que el tiempo transcurrido no ha modificado ni la ley ni el criterio judicial ni el convencimiento social mayoritario de que el hombre siempre tiene razón.

No parece que hayan sido muchas las gestiones que ha realizado el Gobierno español a favor de una de sus ciudadanas. Constato los grandes esfuerzos que estuvo haciendo nuestro ministro de Asuntos Exteriores para salvar a Aminatou Haidar –ni siquiera se ha producido una declaración institucional a favor de María José– y la importante campaña de solidaridad general que la activista saharahui despertó. No conozco si Amnistía Internacional ha tomado interés en el asunto, y pienso en este momento en las manifestaciones a favor del disidente chino Liu Xiaobo –condenado a 11 años por un manifiesto– que se vierten diariamente en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiofónicas y televisadas. He leído la información sobre las concentraciones a favor de Juan López de Ugarte, preso hasta hace pocos días en Copenhague.

Pienso también en las campañas que se han llevado a cabo cuando se ha condenado a lapidación o latigazos a alguna mujer en países musulmanes y no veo movimiento alguno a favor de María José exigiendo equidad en el tratamiento que se le está impartiendo.

Me pregunto si será porque Estados Unidos tiene una patente indiscutible de país democrático, o porque no es un país musulmán y, por tanto, está más allá de toda sospecha, o quizá porque la víctima es simplemente una mujer y una madre que sólo defiende a su hija, interés este de muy poco peso frente a los grandes que defienden Aminatou y Liu Xiaobo.

Y sobre todo me pregunto –y me desespero al hacerlo–: ¿qué hace el movimiento feminista de nuestro país? María José es española, es víctima de la violencia machista, está defendiendo, a costa de su propia libertad y salud, a su hija de un padre maltratador y abusador sexual y, por ello, está siendo víctima de la más atroz de las injusticias que pueden darse en un país desarrollado y democrático. ¿Qué respuesta ha tenido este infame caso por parte de los miles de grupos feministas que presumen de trabajar en España? ¿Por qué no se han movido para defender a María José Carrascosa?

El Correo Digital
11 Dic 2009
Por Gloria Martín

Después de décadas de lucha, la histórica feminista Lidia Falcón observa con preocupación la «indiferencia» de las jóvenes hacia esta causa.

-¿Qué desigualdades entre sexos persisten en el mundo laboral?

-Son las mismas que hace 200 años, con el matiz de la cantidad. Sigue habiendo una diferencia salarial del 30%. Y muchas mujeres que cobran lo mismo que los hombres por el mismo puesto de trabajo tienen mayor cualificación y están infravaloradas. Además, las mujeres se han estancado en el trabajo a tiempo parcial, que nunca permite ascensos, y en los puestos menos cualificados. Una estadística realmente preocupante dice que el 67% de las mujeres de inteligencia superior están en casa haciendo trabajos domésticos. Esta situación no va a modificarse. La sociedad capitalista y patriarcal está instalada sobre el trabajo doméstico de las mujeres. Si las mujeres no atienden a la familia la sociedad no funciona. Y el Estado no está dispuesto a hacer las inversiones enormes necesarias para sustituir el trabajo femenino.

-La crisis agudiza esos problemas.

-Claro. La crisis golpea los más débiles, y los más débiles son las mujeres. Lo que pasa es que para las mujeres la crisis empezó hace demasiados años, cuando el movimiento feminista se quedó parado. Y si está en crisis el feminismo, está en crisis la situación de las mujeres. El paro sigue siendo el doble para las mujeres que para los hombres, está cayendo la participación en el mundo laboral y se sabe que el trabajo negro es fundamentalmente femenino. Lo patético es que no hay un movimiento de respuesta. Aunque la sociedad española en general está anestesiada, de eso ya se ha encargado la política oficial. Y el movimiento feminista está dormido, o comprado, o vendido.

-¿Es posible que ahora, con la crisis, se transijan más desigualdades por miedo a perder el empleo?

-Hay que admitir algo perverso de los triunfos del feminismo: las jóvenes disfrutan de libertad sexual y sentimental y esto las ha anestesiado. No tienen la rabia que tenían sus madres o abuelas. Pero esta idea de disfrutar de todo sin límites no se corresponde con la promoción laboral y el reconocimiento social.

-¿Cómo empezar a solucionarlo?

-Lo fundamental es que haya un movimiento feminista activo y de lucha. Las que piensen que desde las instituciones y del poder se va a ir avanzando están engañadas.

-¿Qué opina de medidas como la discriminación positiva?

-Esas medidas pueden ser útiles y han sido útiles en un determinado momento. Pero que no se crean que nos las han regalado, no es una medida gratuita y generosa del Gobierno, nos ha costado la lucha de muchos años, nos hemos dejado la piel en ello. Cualquier avance ha costado muchos años de lucha. Naturalmente luego se puede pervertir, porque en cuanto tú dejas la lucha eso no se mantiene, en cuanto te quedas parada se va para atrás. En cuanto las cúpulas de los partidos, que son masculinas, vieron que tenían que aceptar un número de mujeres en puestos directivos se pusieron a pensar cómo fastidiar el sistema y lo han conseguido. Pusieron a las amantes, a las amigas, las mujeres y las fieles. Y echaron a las protestonas. Con eso han conseguido dos objetivos: que esas mujeres voten lo que ellos quieren y, como muchas de ellas no eran las más capaces, dar por demostrado que con las cuotas se meten a las más tontas. Hay un pequeño avance pero la medida se ha neutralizado.

-Entonces, ¿qué opina sobre las mujeres que hoy están en primera línea política?

-Siguen el ideario del partido político. El otro día Elena Valenciano decía que con Marruecos hay que tener una relación de amistad porque son muy importantes los asuntos que se dirimen con ese país. Maria Teresa Fernández de la Vega es el vocero del Gobierno. ¿Están reclamando las reformas, y digo reformas, no revolución, que necesitamos? Se han convertido en cómplices del poder masculino. Y todo lo demás son migajas.

larioja.com
11 Dic 2009
Por Roberto Glez. Lastra

• Lidia Falcón O. Neill Abogada feminista
• Defensora del aborto libre, Falcón avisa de que «la falta de educación, la debilidad de la ley y el machismo judicial» hacen de la violencia de género una masacre sin solución

«Ronca de denunciar las desigualdades», Lidia Falcón, la voz del feminismo español, inauguró ayer en la UR la I Reunión Científica sobre Igualdad y Género. Licenciada en Derecho, Periodismo y doctora en Filosofía, preside el Partido Feminista de España que ella misma fundó en 1975. Arrolladora en su personalidad y verborrea, su exposición fluye con la fuerza de quien cree en unas ideas grabadas a fuego en su mente y en su corazón.

- ¿No hay en la mujer parte de culpa de su situación por pasar de la comprensión al conformismo?

- El conformismo es una de las lacras de todos los movimientos sociales y el poder se ha encargado muy bien de apagar todos los fuegos y amortiguar los sentimientos de injusticia y de enfrentamiento a la autoridad.

- ¿Cómo ve la paridad impuesta?

- Fue una conquista que nos costó muchos años de batalla, pero se ha avanzado muy poco después. Un ejemplo: se lleva adelante en las anteriores elecciones y resulta que hay dos mujeres menos en el Parlamento que antes. Los hombres se ocupan de inmediato de pervertir y corromper las normas que les quitan poder.

- ¿Cómo ve el futuro con la educación que maman los niños hoy?

- Yo lo veo muy mal. El 50% de las plazas escolares sigue en manos de la Iglesia y así no podemos tener esperanza. La Iglesia está en pie de guerra contra cualquier avance: defiende la segregación en las escuelas y está en una campaña demente contra el divorcio, el aborto, la homosexualidad, la anticoncepción... ¿Qué educación se les va a dar a esas niñas y niños cuando la escuela pública está en desguace?

- Hablaba del aborto, ¿libre y a cualquier edad?

- Sí, claro. Mejor dicho, cuanto más joven, más aborto; tener madres de 12 o de 14 años es volver a la Prehistoria. ¿Queremos madres de 12 y 14 años? ¿Qué disparate es éste? No sólo por un principio filosófico, de derecho y de justicia de que la mujer debe ser dueña de su cuerpo y su destino, sino precisamente porque es una niña. No tiene raciocinio y capacidad y no la dejamos votar o la consideramos responsable de delitos, pero sí la vamos a hacer responsable de una maternidad, nada menos que de eso. Claro que no pueden decidir, por lo tanto hay que hacerlas abortar o ¿se van a poner de acuerdo los padres, el Estado, el juez y el médico en que criaturas se pongan a parir?

- No podemos hablar de la situación de la mujer sin poner sobre la mesa la lacra de la violencia de género. ¿Tiene solución?

- Solución en mayúsculas no sé, pero medidas más eficaces, sí. Primero necesitamos una ley eficaz porque la actual es puro humo de pajas y está esterilizada desde su redactado. Entre la educación que no se imparte en la escuela, el consenso social en este sistema patriarcal, la debilidad de la ley y el criterio machista de los jueces y los fiscales es una masacre, un drama sin posibilidad de suavizar siquiera un poco las cifras.

- Esta semana se han rodado escenas en La Rioja de un reality en el que un grupo de mujeres debe conquistar a un jinete famoso. ¿Cómo le suena?

- Me suena a que los hombres españoles están tarados desde que el franquismo nos reprimió. Todo esto me parece basura, pero Europa ha permitido que se haga ese concurso de niñas que vestidas de putas y maquilladas cantan canciones de amor. ¿Esta es la enseñanza que damos a nuestras niñas? Cómo no se van a matar por salir luego en la televisión.

Público.es
27 Oct 2009
Lidia Falcón

La manifestación del sábado 17 de octubre contra la nueva Ley del Aborto –magnificada por ciertos medios de comunicación– parece que ha tenido más éxito del que le atribuíamos, a tenor de lo que informa la prensa católica, que asegura que el Gobierno debe modificar el proyecto que está a punto de aprobarse. Después de que el PP reclamara su retirada para atender a lo que denominan “el clamor de la calle”, ya sabíamos que tanto para el PP como para los medios afines, de 250.000 a 480.000 manifestantes deben imponer su criterio a los 13 o 14 millones de votantes que reúnen los partidos a la izquierda del PP y que apoyan decididamente la reforma que ahora se plantea. Pero, ciertamente, no puedo imaginar que para el Ejecutivo del PSOE sea también determinante lo que grite en la calle una manifestación de votantes del PP.

En España, la hipocresía y las contradicciones del PP son tan evidentes que siempre me asombro de que puedan defenderlas con la seguridad con que lo hacen, a veces a voz en grito. Cuando el PP gobernaba y la oposición se manifestó contra las decisiones injustas que tomaba, contestaron, arrogantes y desafiantes, que éramos pancarteros; cuando son ellos los que organizan la protesta, esta debe ser escuchada y debe prevalecer sobre las decisiones del Parlamento. Durante los ocho años del desdichado Gobierno de Aznar no se puso en cuestión la Ley de 1983 y esta fue refrendada por el Tribunal Constitucional en 1985, por lo que a su amparo se practicaron en España más de medio millón de abortos ante la mirada distraída –y también complaciente, porque muchos de los que siguen el ideario del PP acudieron a las clínicas privadas a realizar un aborto– de los gobernantes de derecha. Cuando los populares exigen consenso para llevar adelante las reformas legales que plantea el PSOE quiere decir que el Ejecutivo siga sus planteamientos, pero cuando el PP gobernó no hizo más que reírse de las peticiones de la oposición.

Esta conducta, por más inaceptable que sea, se ha instalado en esta derecha ultramontana que es la oposición política en España. Ningún país democrático y avanzado se ha planteado nuevamente la polémica sobre el derecho de la mujer a escoger su maternidad, después de 30 años de que se diese por zanjada. Ni los países católicos como Francia, Bélgica, e incluso Italia, donde reside el Papa, ni los protestantes, como los nórdicos y el Reino Unido, Alemania u Holanda, se plantean hoy restringir la posibilidad legal de que las mujeres interrumpan su embarazo voluntariamente en unos plazos que en algunos de esos países son más generosos que los que se contemplan en la nueva ley española. No hacen con ello más que cumplir la solicitud de los millones de mujeres que hemos exigido que se nos reconozca ese derecho –y que sin duda somos más que las que se oponen–, así como el mandato de la Organización Mundial de la Salud, que pide a los gobiernos que legalicen el aborto y que este se practique en los hospitales públicos como cualquier otra intervención sanitaria para evitar los millones de muertes y enfermedades invalidantes que sufren las mujeres en los países donde el aborto está prohibido y tienen que proporcionárselo en condiciones insalubres y clandestinas.

La agresividad y los insultos que nos propinan los dirigentes del PP a los que apoyamos el derecho al aborto –ayudados por Convergència i Unió, partido pilotado, como todo el mundo sabe, por el Opus– serían impensables en la campaña política de la derecha civilizada europea. Nadie puede imaginar a Sarkozy planteando una ley para ilegalizar el aborto y gritando desaforadamente al frente de una manifestación en compañía de obispos y organizaciones de ultraderecha. Quizá los partidos al estilo de Le Pen lo hagan, aunque yo no lo he sabido a través de nuestros medios, pero tales se consideran ultras, filonazis, xenófobos y toda la gama de tendencias fascistas que siguen existiendo en esta maltratada Europa, y que como la hidra de siete cabezas renace después de las masacres con que asolaron el continente –casi siempre por la complacencia y la permisividad de los partidos democráticos–.

Así, las ingentes cantidades de dinero que se le entregan a la Iglesia católica española por parte del Gobierno, en vez de calmar su furia, como supongo pretendían Zapatero y Fernández de la Vega –darle carne a la fiera para que estuviera saciada– han servido para financiar las campañas y manifestaciones contra el matrimonio homosexual, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aborto.

El PP presume de ser hoy la única derecha democrática del país, que se enseñorea en varias regiones españolas y se considera la única alternativa al Gobierno del PSOE, pero esto sucede porque ha incorporado en su seno a las facciones de ultraderecha que, aparte de esos minúsculos grupúsculos que se presentan a elecciones con el nombre de Falange, no se atreven a separarse de la casa madre para mostrarse claramente y sin tapujos a la opinión pública reclamándole su voto.

Desde la Transición política no se han decidido a formar partidos de un ideario claramente fascista porque el sagaz cálculo de esas opciones les dice que sólo pueden tener poder al abrigo del gran paraguas del PP –también quiero creer que porque en España el fascismo no tiene posibilidades de gobernar, como sucedió antes de la Guerra Civil– y porque los “demócratas” populares no les hacen ascos a esas facciones de facciosos. Pero lo que los demás no podemos consentir, empezando por el Gobierno, es que todavía en España las ideas franquistas se impongan impidiendo el avance de los derechos de la mujer. Eso es lo que espero que no suceda en el inminente debate de la Ley del Aborto.

elPeriódico.com
9 Oct 2009
Por Lidia Falcón

Mi abuela, Regina de Lamo, era música y escritora y anarquista. Nació en 1870, de familia liberal, y abrazó la causa de la defensa de los oprimidos con la pasión que caracterizaba a aquella generación de luchadores idealistas. Desde su juventud luchó por organizar a los trabajadores en defensa de sus intereses y contra las explotaciones del capital a través del cooperativismo y el sindicalismo. Defendió en tiempos del más reaccionario oscurantismo el amor libre, el aborto, la eutanasia, la eugenesia y la abolición de la prostitución. Coincidió en su sacrificado y duro camino con los líderes sindicales y políticos de la izquierda, luchando por una educación laica con la Institución Libre de Enseñanza, organizando el cooperativismo y el sindicalismo con Companys, batallando contra la prostitución con Mujeres Libres, y sintió que se había alcanzado uno de los más necesarios objetivos cuando Federica Montseny, la que fue primera ministra de Sanidad, anarquista y catalana, abolió legalmente esa infame esclavitud y creó los liberatorios de prostitución. Después llegó el horror fascista. Setenta años más tarde, esa infame actividad se considera un trabajo que debe ser legalizado, como una profesión «igual a cualquier otra» para las mujeres.

La brutalidad de las imágenes de las prostitutas de La Boqueria que nos proporcionó un periódico molestó a la población bienpensante y provocó, nuevamente, durante unos días, declaraciones de vecinos y tertulianos, protestas en los medios de comunicación y hasta una moción en el Parlamento para legalizarla. La defiende el diputado Joan Tardà, que afirma preferir que desaparezca, pero que, mientras tanto, hay que aceptarla. Y el señor Tardà es un hombre honrado.
Al parecer, como no hay más remedio que asumir que en España 300.000 mujeres –número que aumenta cada día– se prostituyen en todas nuestras ciudades, es mejor que lo hagan al amparo de una legislación que las redima de la calle y las recluya en burdeles. Santo Tomás argumentaba de igual manera. Los prostíbulos, decía, eran necesarios para desahogar las necesidades de los hombres, evitando con ello las violaciones de las mujeres honradas, del mismo modo que las alcantarillas servían a las ciudades para expulsar los excrementos. Y Santo Tomás también se trataba de un hombre honrado.

Según esta visión del problema, mientras los hombres sigan necesitando mujeres para liberar a todas horas sus irreprimibles instintos sexuales, será bueno que haya prostitutas. Y como los vecinos de los barrios afectados están hartos de que los clientes se sirvan de aquellas en plena calle, habrá que estabularlas en burdeles y prostíbulos, fuera de la visión de niños y gentes de orden. Lo que el señor Tardà defiende es lo que explicaba también Santo Tomás, que organizaba la ciudad con barrios específicos donde se confinaba a las rameras, porque mientras no se proceda a su desaparición la prostitución presta un servicio social. Y los dos, tanto el señor Tardà como Santo Tomás, son hombres honrados.
Por eso, mientras tanto, es bueno que sigan existiendo mujeres que estén disponibles para los hombres que las requieran a la vez que el Estado se beneficia de sus impuestos y de sus cuotas de la Seguridad Social. Y, mientras tanto, damos por supuesto que las africanas, las latinoamericanas, las europeas del Este, se pasean por nuestras calles y se ofrecen en los clubs libremente porque eligieron esta opción, contentas de tener un puesto de trabajo. Y también, mientras tanto, aceptamos que hay unas mujeres que sirven para eso –que, por supuesto, no somos ni nosotras ni nuestras madres ni nuestras hijas–, porque los hombres necesitan carne femenina para sus desahogos sexuales y nadie debe inmiscuirse en las transacciones consentidas entre las personas en un país de libre comercio.
Como, de momento, la prostitución no se va a abolir, sin que por lo menos yo entienda por qué, mientras tanto, podemos habilitar enormes edificios donde encerrar a las prostitutas para que su presencia no sea visible, hacerles pasar controles sanitarios semanales, cobrarles impuestos y cuotas de la Seguridad Social y dejarlas inermes a la disposición de proxenetas, chulos y clientes, allí donde nadie sabrá qué les sucede. Buena solución para la mala imagen de la ciudad, que ya el Ayuntamiento de Barcelona está habilitando, y que colmará los mejores deseos de las mafias de la prostitución.

Y ya que, según el Gobierno, es imposible aprobar la abolición que el feminismo exige en España desde hace 150 años (en tal reclamación llevamos mucha anticipación a Suecia –aunque nuestro esfuerzo haya obtenido menos resultado–, cuando desde Concepción Arenal hasta mi abuela esa era la única opción posible para los defensores de la libertad de todos los seres humanos), es mejor que, mientras tanto, las mujeres prostituidas entren en el censo de los trabajadores y quizá hasta se creen cursillos de formación profesional como para otros oficios. Así lo defiende el señor Tardà, y el señor Tardà es un hombre honrado.
Me alegro de que mi abuela haya muerto únicamente porque así no puede oír semejante propuesta de quien se cree de izquierdas.

elPeriódico.com
25 Ago 2009
Por Lidia Falcón

Francina Ribas, querida amiga que ha cumplido 88 años a pesar de haber sido víctima de todas las desgracias que han azotado nuestro país –y que sufre las consecuencias de todas ellas: viuda de Antonio Campos, coronel de la República, guerrillero en la Resistencia francesa, héroe de la lucha contra los nazis y encarcelado después en su patria durante 24 largos años en el pudridero de presos políticos que fue el penal de Burgos–, ya que ni la enfermedad ni la miseria ni la represión política la perdonaron, se encuentra casi inmovilizada en su casa, víctima de varios infartos, de una insuficiencia respiratoria producida por el traumático neumotórax a que la sometieron cuando era joven y otros achaques provocados por la mala alimentación y el mucho trabajo.
Vive sola, porque la dictadura no le permitió reunirse con su marido antes de que el reloj biológico la incapacitara para tener hijos y, en el aislamiento y la indiferencia en que se mantiene hoy en día a los ancianos en nuestro egoísta país, no tiene más ayuda que las pocas horas que una asistenta que acude a su domicilio le dedica.

Durante un tiempo pagó 39 euros mensuales para que la Cruz Roja le prestara el servicio de teleasistencia mediante el cual, en alguna ocasión, pudieron auxiliarla en una de sus crisis, pero ahora la Cruz Roja dice que no tiene voluntarios y ha dejado de ser abonada. La asistenta del ambulatorio de la Seguridad Social lo ha tramitado con el Ayuntamiento de Barcelona, pero le han contestado que hay muchas solicitudes y que ahora no tienen presupuesto.
Intentó hace años ir a una residencia privada, de precio nada modesto, y se encontró alojada con otra anciana ciega que gemía toda la noche sin que nadie la atendiera y comiendo una bazofia que les servían de un cátering. Solicitar una plaza en una residencia pública es esperar a que el siglo haya pasado sobre ella para, si lograra sobrevivir, acabar atada a la cama y maltratada por las empleadas eventuales de la empresa privada que gestiona los servicios públicos.
Mientras tanto, la otra noche, víctima de otro ataque de corazón y sin saber a quién pedir ayuda, llamó a la policía, que acudió pronto pero que no pudo abrir la puerta mientras ella se encontraba paralizada en la cama, y hubo que recurrir a los bomberos para que descerrajaran la cerradura de la puerta. Mi gran temor es que un día ni siquiera le lleguen las fuerzas para llamar por teléfono y solo los vecinos se aperciban de su silencio cuando lleve tiempo muerta. A veces sospecho que el ayuntamiento también espera ese final, que le resolvería el problema y que, de tanto en tanto, le acontece a un anciano en nuestra ciudad.

Estas tristes reflexiones me tenían ajena a mi realidad exterior mientras me dirigía hacia la estación de Sants cuando tropezamos –el taxista y yo– con las barreras, difícilmente salvables, de los agujeros, las vallas y las excavadoras que cubren la avenida de Roma, como si un terremoto hubiese destrozado la topografía original. Ante mi disgusto, el conductor me informó de que esas obras formaban parte del plan del Gobierno de conceder a los ayuntamientos fondos para ofrecer empleos a los parados con el fin de amenguar el paro.

A mi memoria acudieron inmediatamente las informaciones de prensa sobre los miles de niños que cada curso se ubican en barracones para que no se queden sin plaza escolar, pero mi informador no podía explicarme por qué en vez de levantar calles y aceras y avenidas, que a mí me parecían perfectamente útiles y en buen estado, no se dedicaban esos fondos a construir nuevas escuelas.
Tampoco pudo dar respuesta a mi impertinente pregunta de por qué no se dedicaban los parados de la construcción a edificar los ambulatorios que reclaman cada año los vecinos de varios barrios y que nunca reciben satisfacción.

Los fondos dedicados a planes paliativos del desempleo, que nos azota con especial gravedad este año –aunque siempre ha sido endémico en nuestro país, que no tiene estructura económica para asumir el empleo de toda la gente útil para el trabajo–, se han invertido en obras públicas. Pero solo en la reforma de calles, aceras, plazas y avenidas, muchas de las cuales no necesitaban ningún arreglo, mas no en la construcción de escuelas, de hospitales, de ambulatorios, de residencias de ancianos, de centros de acogida para mujeres maltratadas, drogadictos, menores conflictivos...
La obra pública en España desde Primo de Rivera –con el efímero paréntesis de la República– se ha centrado en carreteras y calles. La escuela y la asistencia social son las cenicientas de la atención de nuestros gobernantes. Según la información de hoy mismo, se necesitan en este momento 350.000 enfermeras en todo el país, mientras los maestros están desbordados de trabajo, son trasladados continuamente de un colegio a otro y las guarderías infantiles, que fueron la principal reivindicación de las madres durante la dictadura, siguen siendo un servicio inalcanzable setenta años más tarde, al igual que los campamentos de verano y la asistencia a los mayores. Como mi amiga Francina Ribas, que morirá sola en casa sin que ninguna sensibilidad pública se sienta concernida.
Menos mal que tendremos unas preciosas aceras en la avenida de Roma.

elPeriódico.com
26 Junio 2009
Por Lidia Falcón

Tenía 23 años cuando me licencié en Derecho. Pi i Sunyer era en aquel momento el decano del Colegio de Abogados, y Federico de Valenciano, Condomines, Roda Ventura y Octavio Pérez Vitoria eran, entre otros, los más señalados e ilustres representantes de la abogacía de Barcelona. Los más jóvenes tenían 20 años más que yo, y los veteranos como Pi i Sunyer, superviviente de la persecución franquista y el exilio, más de 30. Eran expertos reconocidos internacionalmente por su dedicación al estudio y el ejercicio del derecho, llevaban décadas de trabajo en sus prestigiosos bufetes y constituían la flor y nata de la abogacía española.
Pues bien, a una ignorante y aturdida abogada como era yo, apenas conocedora de la profunda ciencia jurídica que ellos dominaban, me trataban de compañera, me hablaban con toda la cortesía que exigían las normas de las relaciones entre letrados, se ponían al teléfono cuando les llamaba, me contestaban las cartas, me recibían en su despacho cuando se lo pedía, y el decano estaba siempre disponible cuando acudía a hacerle alguna consulta sin haberle solicitado cita previa. La elegancia era la más notable de sus virtudes. Y, por supuesto, yo correspondía mostrándome educada y agradecida por su deferencia, aprendiendo de ellos el sutil arte de saber defender al cliente sin perder la buena relación con el adversario.

Hoy, en que he alcanzado más edad que la que tenían aquellas figuras de la abogacía cuando comencé, los letrados y, ¡ay!, también las letradas, recién colegiadas, me tratan con desdén e incluso con agresividad incomprensibles. Desde hace unos años, siete concretamente en que he regresado a Barcelona para reincorporarme al despacho que mantengo desde hace 49, he podido constatar que las relaciones entre abogados están marcadas por la desconsideración, cuando no por la grosería, con excelentes excepciones, por supuesto, que por serlo son más extraordinarias. En general, no es sorprendente que la llamada sea contestada con impaciencia o antipatía, que sea imposible comenzar las conversaciones precisas para intentar alcanzar un acuerdo porque las negativas y a veces la agresividad se imponen sobre la comprensión y la simpatía. Y es más desagradable el trato cuanto más joven es el abogado.

Al mismo tiempo, las trabas burocráticas se han impuesto en nuestro colegio de forma incomprensible y absolutamente innecesaria y perturbadora de la vida colegial. Para ver a la decana o a algún diputado es preciso enviar e-mails, pedir citas, esperar largos días. Mejor no pretender tener una conversación directa con ninguno de ellos, el correo electrónico es ahora casi el único medio de comunicación, y la cordialidad, el deseo de resolver el problema del compañero, de, incluso, departir tranquilamente sobre las cuestiones de actualidad que nos afectaban que regían las entrevistas que sostenía habitualmente con los decanos y los diputados que conocí durante más de tres décadas, han desaparecido. Como si se encontrara uno ante el muro de la Administración de justicia –y bueno será hablar de ella– que establece las rígidas normas y las distancias siderales en el trato con los ciudadanos, la relación con los directivos del colegio está ahora organizada por estrictas reglas que hay que cumplir. Escritos, ratificaciones, peticiones formales, ningún contacto personal, alguna llamada que atiende una secretaria y esperar a veces hasta meses para resolver cualquier consulta que se formaliza en una resolución escrita con todos los requisitos de una sentencia.
Pero no escribiría este artículo si se tratara de un fenómeno restringido al ámbito de la abogacía para no parecer que estoy hablando únicamente del círculo selecto y minoritario de mi profesión. En todos los aspectos de la vida cotidiana se ha impuesto la hosquedad, la antipatía, la falta de acercamiento al otro, la arrogancia que lleva a tratar con desdén a todos los demás. Sobre todo cuando el uno tiene menos de 30 años.
Desde la dependienta de un comercio a la telefonista de una empresa, desde el camarero de un restaurante al conductor de un autobús, hasta la funcionaria de Hacienda que se atreve a gritar al contribuyente que le paga su sueldo, sobre todo si es inmigrante –y en este sector de trabajadores no se ha notado el cambio de la dictadura a la democracia–, se ha construido una sociedad agresiva que ve al compañero, al vecino, al otro, en definitiva, si no como su enemigo –en el caso de los inmigrantes, muy cerca de eso– como una molestia. ¿Qué nos está pasando?

El individualismo, la competencia feroz triunfante en todos los órdenes de la vida que han impuesto las doctrinas liberales a ultranza, no solo nos han conducido a esa suicida escalada por la fabricación de cosas, el consumo, el gasto, el despilfarro y la estafa monumental de los grandes consorcios, que perversamente se considera desarrollo, sino también a disolver el sentido de lo colectivo, de lo solidario, de la convivencia agradable entre todos. Es la lucha de cada uno contra todos los demás para salvarse de lo más temido: el fracaso. Y, además, hemos maleducado a nuestros niños, por eso de jóvenes no saben comportarse con elegancia.