Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

www.lidiafalcon.com
25 Mayo 2010
Por Lidia Falcón

Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Miguel Hernández recuerdo que en la Semana Santa de 1966 Eliseo Bayo y yo sacrificamos nuestros pocos días de asueto y nos fuimos a Orihuela, que no era nuestra patria pero sí la de Miguel Hernández, porque queríamos sacarle del olvido en que la dictadura y sus corifeos pseudointelectuales lo habían hundido. Una semana que nos conmovió a quienes nos sabíamos sus versos y su triste biografía de memoria. El primer reportaje que sobre Miguel Hernández se publicó en España en aquellos peligrosos años lo escribimos nosotros y se publicó en la revista Destino de Barcelona, que entonces constituía un pequeño refugio de rojos. Visitamos la casa de sus padres, nos entrevistamos con sus hermanos y cuñadas, visitamos a los amigos que lo ayudaron y a los próceres de la ciudad que lo persiguieron, fotografiamos el colegio, la iglesia y los campos de cabras donde se forjó la infancia de Miguel. La viuda y su hijo vivían en Alicante entonces y no querían hablar con nadie, perseguidos todavía por el odio franquista. Fuimos hasta el cementerio de Alicante y el vigilante nos guió hasta su nicho que exhibía únicamente dos palabras en la lápida: Miguel Hernández, de la cual aún guardo la fotografía. Ni siquiera constaba la fecha de su muerte. A pesar del riesgo que corrimos y que desafió la revista no tuvo eco aquel trabajo. Durante este tiempo han aumentado los trabajos sobre la obra de Miguel, incluyendo la serie que se filmó en los nefastos tiempos de la televisión de Aznar, donde se le humillaba y minimizaba. Han debido de pasar cuarenta y cuatro años para que se cumpla su centenario y al fin eclosione el entusiasmo que todos sentimos por la obra y la vida de Hernández en congresos, conferencias, revistas, libros. Ninguno de ellos recoge aquella primera, valiente y novedosa aproximación a la vida del poeta y a la obra del militante comunista, que no por breve y autocensurada como correspondía al momento deja de tener su mérito.

Leo ahora el número de “La República de las Letras”, revista dirigida por Andrés Sorel, donde se recogen veinte trabajos literarios, históricos y biográficos sobre el poeta y constato que en ninguno de ellos se menciona a César Falcón, mi padre, el periodista y escritor peruano que vivió en España veinte años y luchó por la República y el socialismo invirtiendo en ello todo lo que tenía: su prestigio como intelectual, su tiempo como periodista, su libertad, que perdió en varias ocasiones, su supervivencia económica, y que concluyó finalmente en el exilio. Falcón conoció y protegió a Miguel, un muchacho era recién llegado a Madrid cuando mi padre ya había sido corresponsal de El Sol en París y en Londres, y colaboraba en Blanco y Negro, y más tarde perteneció al Comité Central del Partido Comunista. Mi padre fue director del periódico Mundo Obrero, publicó novelas, escribió obras de teatro, montó y dirigió durante varios años el “Teatro Proletario”, la versión revolucionaria de un teatro popular que nadie ponía en pie y del que se han querido olvidar todos los que hablan del teatro de aquella época, y estuvo en primera línea de fuego con el primer programa de radio que él creó con el nombre de Altavoz del Frente y que transmitía las noticias de la guerra. Ninguno de los eruditos colaboradores de “La República de las Letras” lo menciona e incluso alguno atribuye Altavoz del Frente a otro periodista.

Todavía más sorprendente es que ni aún se le mencione en la ponencia sobre los periodistas y escritores latinoamericanos que estuvieron en España durante la República y la Guerra Civil, de la que es autor Teodosio Fernández Rodríguez –al parecer especialista en la materia-, cuanto más que dedica una parte a los peruanos afincados o aún solo visitantes en nuestro país. Esa ponencia está publicada en el libro, dirigido por Julio Rodríguez Puértolas, en el que se recopilaban las participaciones de numerosos intelectuales conmemorando los aniversarios de la República, que se presentó en el Ateneo de Madrid esta primavera. No puedo decir que tal ninguneo me haya sorprendido. Exceptuando a Gonzalo Santonja que escribe sobre los autores de la República con verdadera erudición y que publicó una hermosa semblanza de César Falcón en Diario16, nadie más le cita y quizá ni siquiera le conoce.

Bien sé que el viento de muerte que se abatió sobre España mató, con la mejor gente de nuestro pueblo y de nuestra intelectualidad, también el recuerdo y envileció la historia. Pero en estos años los que dirigen esta fausta democracia de la que disfrutamos, no solo no han recuperado la memoria ni mostrado reconocimiento ni gratitud por aquellos que lucharon y murieron por construir un país que les permitiera a ellos sentarse en los sillones del Parlamento, de los gobiernos y de las cátedras, sino que han elevado a la fama y al reconocimiento a mediocres personajillos cuando no corruptos, a los que se les conceden las canonjías, los puestos de mando, los sustanciosos sueldos y los premios. Cierto es que la primera ingratitud es la del Partido Comunista que nunca ha reivindicado la figura y el papel que cumplió César Falcón durante tantos y difíciles años, pero aún los profesores e investigadores que se especializan en descubrir la verdadera y oculta historia de nuestro país no tienen derecho a ignorar que César Falcón fue uno de los intelectuales más afamados de la España de los años veinte y treinta, que dirigió periódicos y revistas, publicó cientos de artículos y reportajes, novelas y teatro, que luchó contra el fascismo invirtiendo en ello su tiempo y su libertad y que hizo más por conseguir que la democracia se implantara en nuestro país que muchos de ellos.

Público.es
19 Julio 2010
Por Magda Bandera

El derecho a la propiedad privada prevalece por encima del derecho a proteger la familia y los niños, recogido en el artículo 39 de la Constitución española, denuncia Lidia Falcón, abogada de Malou Malokhat Tashpultova, una ciudadana danesa de 38 años, que será desahuciada mañana a las 9 de la mañana del piso donde vive con sus hijos, de 3 y 10 años. Esta traductora y educadora social se quedó en paro poco después de separarse de un marido que la maltrataba, según quedó probado en una sentencia firme.

Después de sufrir violencia de género continuada durante más de tres años, Tashpultova logró que condenaran su marido, José S. L., por maltrato. El juez le impuso una orden de alejamiento de 300 metros y un régimen de visitas que sólo le permite ver la hija de 3 años que tienen en común un día a la semana en un punto de encuentro. Poco después, se separaron y ella obtuvo la guarda y custodia de los hijos y el uso del domicilio conyugal.

Sin embargo, la pareja nunca fue titular de la casa, sino que estaba a nombre de la madre de él. La propietaria legal puso una demanda de desahucio contra Tashpultova por "vivir en precario" y el juez le ha dado la razón.

Orden incumplida

"Ha reclamado la casa, a pesar de que tiene varias propiedades y no la necesita", remarca la abogada. Para empezar, el ex marido de Tashpultova vive en otro piso de su familia, situado en la misma calle, a tan sólo cuatro portales. "Es decir, que se incumple la orden de alejamiento", añade Falcón.

El hombre, que ayer por teléfono se negó a hablar con este diario alegando que estaba fuera de Barcelona, tampoco ha pagado nunca la pensión de alimentos, aunque desde hace tres meses le han embargado el subsidio de desempleo y su hija puede recibir la paga a la que tiene derecho. "Él podría haber pagado si hubiera querido", asegura Tashpultova, "porque trabaja en un negocio familiar y le dan dinero en negro". Ella perdió el trabajo "porque no podía dormir y estaba desconcentrada. Me hacían la vida imposible", dice.

Por ese motivo, esta danesa de origen uzbeko se refugió en una casa de acogida en 2008. "Pero la cerraron al cabo de dos meses y entonces empezaron a enviarnos a hostales. Cada día a uno diferente. Esto no es vida para los niños, el grande ni siquiera podía ir al colegio", explica.

Finalmente, un día llamó a su ex suegra para pedirle que la dejara ir al piso para coger ropa y objetos. "Cuando llegué me gritó y empezó a tirar cosas por el balcón. Llamé al juzgado de guardia y me dijeron que no dejara el piso, que tenía derecho a quedarme, según la sentencia de la separación. Yo no estaba interesada en el piso, sólo quería estar tranquila ". De hecho, ha pedido ayuda al Departamento de Vivienda de la Generalitat para poder irse.

Su ex marido sufre, además, un trastorno mental, asegura Tashpultova. Una orden judicial ha pedido que sea evaluado por el servicio clínica médico forense del juzgado para ver su imputabilidad, recuerda la abogada.

Encontrar trabajo

Tashpultova se ha planteado volver a Dinamarca, pero teme que haya consecuencias si aleja la niña de su padre. Como mínimo, se siente más acompañada desde octubre, cuando su madre se trasladó a Barcelona para vivir con ella y ayudarla con sus hijos. "Necesitaba algún tipo de apoyo. Ni siquiera puedo encontrar trabajo, porque cuando lo pido ven que tengo antecedentes por la demanda que me puso mi ex suegra. Estoy trabajando como voluntaria en Cáritas, y quizás después me hagan un contrato ".

Un juez acaba de ordenar que abandone el domicilio mañana de manera definitiva. La condena era firme en noviembre, cuando el caso llegó al despacho de Lidia Falcón. Desde entonces, la abogada ha interpuesto múltiples recursos apelando al artículo 39 de la Constitución, que establece la protección de la familia y los niños. El juez ha desestimado los argumentos asegurando que "la infracción de los artículos constitucionales no es alegable en el caso de la jurisdicción ordinaria".

elPeriódico.com
12 Julio 2010
Por Lidia Falcón

Desconcierta leer los análisis acerca del deplorable aumento de la violencia contra las mujeres que se ha producido este año y que se afirme que el aumento de la violencia está relacionado con la crisis económica. Cuando hace 10 años la media de mujeres muertas anualmente a manos de hombres era de 60 a 80, ¿qué crisis vivíamos? El año de cifras más bajas de asesinadas, con solo 52, fue el 2009, cuando nos encontrábamos en el punto álgido de la crisis. El mayor número de víctimas hasta ahora –documentadas– es del 2006, cuando ni siquiera se avistaba la crisis.

Asombra más que ninguno de los expertos se explique a qué se debe que, mientras aumentan los feminicidios, las denuncias disminuyen, e indignación produce que se explique la desatención de las víctimas diciendo que solo habían denunciado 6 de las 33 asesinadas hasta aquel momento –según cifras oficiales, que siempre son más modestas que las que contabilizamos las organizaciones feministas–, además de las dos gravemente heridas que no engrosarán la estadística, ya demasiado abultada para permitir la comodidad de los ministerios responsables.

Esas seis mujeres, cuya pequeñez numérica resulta despreciable para los analistas del fenómeno, habían confiado en la protección que debía prestarles el Estado democrático y avanzado de nuestro país. Acudieron a la policía, esperaron resolución judicial, y alguna, como la hija de la víctima del 30 de junio en La Guancha (Tenerife), obtuvo una orden de alejamiento de su verdugo y este se vengó asesinando a la madre, a la que, para mayor escarnio, había amenazado de muerte repetidamente. Diversos testigos –reza la crónica periodística– explicaron a las autoridades que el agresor había golpeado la puerta de la vivienda en varias ocasiones y amenazado a sus habitantes. Pero ninguna de las dos, ni la hija –que pudo huir– ni la madre, obtuvieron una protección eficaz frente al enemigo, un solo hombre armado de un palo. Esas seis mujeres abandonadas por las fuerzas del orden, por la Administración de justicia, por el delegado del Gobierno, instituciones todas que hemos constituido para que nos protejan en cumplimiento del mandato constitucional, fueron olvidadas a su suerte en su propio pueblo y en su propio domicilio. Y a ninguno de los que tenían la obligación de velar por su seguridad se les pedirán responsabilidades, ni administrativas ni penales, ni se indemnizará a los herederos de las víctimas. ¿Es tan sorprendente, por tanto, que las otras 26 mujeres asesinadas no presentaran denuncia?

Una de las explicaciones más irritantes sobre la causa de la masacre de mujeres es la que achaca la culpa a la propia víctima. Diariamente la televisión nos transmite el mensaje de la ministra de Igualdad, de la consellera de Benestar Social o del delegado del Gobierno, instando a las mujeres a denunciar el maltrato. El tono, las palabras y la intención del comunicado indican que solo la mujer es la responsable de que no se la haya podido proteger. Ella es confiada, imprudente, corta de luces, no atiende las señales de peligro, cree las estúpidas promesas del maltratador y, sobre todo, llevada de un romanticismo absurdo, está enamorada de él y le perdona cualquier violencia. Pero ¿a quién se deben achacar las consecuencias de esa violencia cuando en más de una y de cien ocasiones, a instancias mías, una clienta de mi bufete presenta denuncia y la policía se limita a escribirla y decirle que regrese a casa, que ya citarán al marido? Y ¿a quién hay que achacar la culpa del trágico resultado de la violencia continuada que un hombre ejerce sobre su mujer cuando después de ¡años! de tramitar procedimientos –penales y civiles– contra un maltratador, este resulta absuelto y regresa a la casa para asesinar a la que tuvo la osadía de enfrentarse a él?

La campaña sostenida que han realizado las asociaciones de hombres separados asegurando que las mujeres presentan denuncias falsas, apoyados muy eficazmente por varios jueces y fiscales, ha tenido éxito. Las consecuencias de esa persecución a que los machistas de toda laya han sometido a sus víctimas las estamos viviendo ahora. Ante esta ofensiva, tanto las instituciones como la sociedad deberían haber sido más beligerantes. Era inaceptable que se difundieran diariamente en los medios de comunicación las declaraciones de hombres que aseguraban ser ellos las víctimas de maltrato, que fuesen invitados a programas de televisión y de radio, incluyendo las cadenas públicas, a exponer historias dramáticas de persecución e injusticia, y que, en el colmo de la parcialidad, fiscales y jueces asegurasen que el fenómeno de las denuncias falsas estaba muy extendido. El resultado es que cada vez más se archivan las causas sin investigación alguna, cada vez hay más absoluciones y cada vez se desatiende en mayor proporción a las denunciantes, a las que se considera mentirosas y aprovechadas. ¿Puede, entonces, sorprender que las mujeres que sufren maltrato no denuncien? ¿Puede alguien, en consecuencia, sorprenderse de que el número de víctimas haya aumentado?

Nosotras en el mundo, programa de Radio Vallekas
26 Abril 2010

Duración: 58:37 minutos. Como cada último lunes de mes, Marta Garchitorena nos ofrece una nueva emisión de SEXUARTE. Hoy, nos adentra a la "idea de mujer" que tenía y aplicó a rajatabla la dictadura franquista en Espana (1939-1975), a propósito del seminario realizado hace un par de semanas "Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo", en Madrid. Voces de: Marta Garchitorena y Estefanía Gonsalves Morales. Guión basado en la ponencia de Dolores Juliano y en el texto "La mujer bajo el franquismo" de Adela Soto Marco. También, traemos lo que se dijo durante la presentación del Libro "Vindicación Feminista" de María Angeles Larumbe, en su propia voz, con los comentarios también de Lidia Falcón, una de las creadoras de esta revista feminista de los años 70. También escuchamos el informativo "Sintonizadas" de la Red Nosotras en el Mundo.
En la foto vemos a Lidia Falcón y María Angeles Larumbe, autora del libro, durante la presentación en el Espacio de Mujeres Entredós.

Lidia Falcón y María Ángeles Larumbe hablan sobre Vindicación:

(Para escuchar el programa completo enlace a la fuente)

*Enlace relacionado: Fondo documental digitalizado Vindicación Feminista (1976-1979)

Público.es
14 Abril 2010
Por Lidia Falcón

Este nuevo aniversario de la II República constituye una magnífica oportunidad para plantear cuestiones que se debaten públicamente sobre el modelo de Estado, en un momento de creciente reivindicación republicana. La acusación, fundada, de que nunca se ha preguntado a la ciudadanía qué forma de Estado desea, es contestada por los defensores de la monarquía con el argumento de que el referéndum de la Constitución significó en realidad un plebiscito sobre aquella, ya que la Carta Magna la consagra sin duda alguna. Cierto es también que los partidos mayoritarios que se reclamaban de la izquierda en el panorama político del momento aceptaron sin cortapisas –el Partido Comunista con un entusiasmo que dejó atónitos a muchos– legitimar al rey que había sido designado por el dictador y coronado por las Cortes franquistas, con su cortejo de símbolos y gastos: palacios, personal militar y civil, fiestas, viajes, himno, bandera, uniformes. Y que han debido transcurrir 30 años para que el PCE –ya sin poder político– rectificara y aprobara entre sus objetivos la proclamación de la III República, en coincidencia con la actividad de una generación que despierta del letargo en que se sumieron sus padres, que reivindica la verdadera historia de la Guerra Civil y la dictadura y que reclama justicia para sus abuelos. Pero, con independencia de la evolución del PCE, es importante constatar la desafección entre la población española, especialmente los más jóvenes, hacia una monarquía impuesta a la sociedad por los poderes fácticos en los tiempos inmediatos a la muerte del dictador.
Se ha ocultado, consciente y culpablemente, a las nuevas generaciones de la postdictadura que el pueblo español llevaba luchando un siglo y medio por alcanzar una República democrática, igualitaria y justa. Y que, cada vez que parecía haberlo conseguido, sus pretensiones fueron destruidas manu militari por la violencia de las armas. Muchos sufrimientos y una atroz guerra nos proporcionaron los enemigos de todo progreso: el ejército monárquico y franquista, los grandes consorcios industriales y la banca, en colaboración con los latifundistas del sur y del oeste, con la bendición de la Iglesia católica.
De ese túnel de miseria, represión y miedo en que estuvimos metidos durante 40 años, salimos muy lenta y violentamente. En los años ochenta, la Universidad de Yale (EEUU) me pidió un artículo sobre la violencia en los años de la Transición y, a pesar de mis limitadas fuentes de información, obtuve la cifra de 280 personas pertenecientes a grupos de izquierda asesinadas por las fuerzas de la ultraderecha. Últimamente, las indagaciones más completas elevan el número a más de 500, como se demuestra en una investigación reciente. Ya es hora de desmentir la falsedad más repetida y publicitada por todos los estamentos del poder de que la Transición política española se realizó en una calma paradisíaca. Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, en su libro El final de la dictadura, explican que en un solo año se produjeron, nada más y nada menos, 14.000 huelgas y se celebraron miles de asambleas y manifestaciones de todos los estamentos sociales, convocadas por las organizaciones obreras, vecinales, estudiantiles, feministas. Fueron asesinados, por diversas facciones y sicarios fascistas, un alto número de activistas sindicales, comunistas, anarquistas, nacionalistas, en las calles, en los despachos de abogados, en las comisarías y en las cárceles.
Durante casi siete años –desde la muerte de Franco hasta el golpe del 23-F– todos los medios de comunicación alertaron de las conspiraciones del ejército con la conocida frase de que se escuchaba “ruido de sables” en los cuarteles. Todavía en octubre de 1982, en vísperas de las elecciones que le dieron el triunfo al PSOE, se descubrió una nueva conjura militar. Recuerdo cómo Miguel Núñez, miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista y diputado en las Cortes, al regresar a Barcelona después de cada semana parlamentaria, intentaba justificarse ante los militantes impacientes y disgustados con la complicidad del partido con la monarquía y la derecha con el argumento de que los militares estaban nuevamente organizándose para “dar el golpe”.
Este fue el verdadero clima de la sociedad y de la política española en el que se impuso la monarquía, y no la plácida situación que se ha descrito desde todas las instancias dominantes: poder político, medios de comunicación, historiadores. Mediante una Constitución redactada por una mayoría de representantes de la derecha y la extrema derecha, y dos diputados del PSOE y del Partido Comunista que habían abandonado sus reivindicaciones republicanas. Esa Constitución se votó por el pueblo en un clima de amenazas constantes y de vivo recuerdo de los horrores de la Guerra Civil y de la dictadura. El plebiscito de la monarquía es, por tanto, inválido, porque fue convocado en unas circunstancias de permanente coacción, de modo que esa generación de los años setenta responsable de lo ocurrido no puede obligar a sus descendientes a heredar las consecuencias de su actuación.

elPeriódico.com
13 Abril 2010
Por Lidia Falcón

Pocos meses después de la inauguración de la Ciutat de la Justícia, cuya ubicación y proporciones monumentales han hecho más penosa la labor de abogados y procuradores, ya suficientemente castigados en su continuo deambular por los juzgados, los beneficios que debían esperarse de la gran inversión que ha supuesto no parecen ser tantos. Además de las dificultades de encontrar la puerta exacta del juzgado exacto a través de la peregrinación por los ascensores, demasiado sofisticados para que presten un servicio cómodo a la diversa ciudadanía que se ve obligada a utilizarlos, las proporciones de las oficinas judiciales no difieren en mucho de las viejas y ya comienzan a estar atascadas de papeles reproduciendo, como en la obra de Ionescu El nuevo inquilino la situación anterior. Cuatro oficiales por sala con sus correspondientes mesas y sillas y estanterías y expedientes, y nuevamente, perjudicados y demandados declarando sus más íntimas miserias delante de otros funcionarios y profesionales a quienes en nada les compete su vida privada. Y pocos fiscales para la labor que deben realizar, y la interminable ronda de jueces sustitutos porque no se dotan las plazas necesarias.

Como en el infierno de Dante, en la entrada de la pomposa Ciutat de la Justícia debería instalarse un letrero que ponga: Justiciable, cuando pases esta puerta, abandona toda esperanza. La justicia en nuestro país no debería ser representada por una hermosa dama, por más que tenga los ojos tapados, ataviada con una túnica blanca, sino por una pordiosera vestida de harapos, mendigando una limosna con los ojos entrecerrados por las legañas. Desde que se terminó la dictadura estoy ansiando comprobar cómo la Administración de Justicia recibe las inversiones que precisa: miles de jueces más, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de forenses y psicólogos y asistentes sociales, con una policía judicial preparada, que dispongan de las oficinas adecuadas. Año tras año se demora la verdadera innovación, restándole con una cicatería injustificable los presupuestos mínimos. Para establecer un término de comparación que apoye lo que estoy criticando, veamos que Alemania, que tiene 80 millones de habitantes, dispone de 59.000 jueces, con sus correspondientes auxiliares y oficinas. Sería, pues, lógico que en España, con más de la mitad de población de aquel país, tuviese 30.000. Pues bien, solo contamos con 4.700 jueces de todas las instancias: civiles, penales, contenciosos, laborales, menores, violencia contra la mujer, audiencias provinciales, tribunales superiores, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
A tal patética carencia hemos de añadir unas leyes procedimentales, heredadas del derecho romano, a las que se han hecho varios remiendos –y no muchos– que enredan los expedientes hasta convertirlos en el laberinto del Minotauro. A pesar de la mucha propaganda con que nos obsequian diariamente las campañas de los gobiernos –central y autonómico– con la difusión de las nuevas tecnologías, en la justicia se siguen utilizando los centenarios métodos de comunicación: citaciones entregadas en mano por agentes judiciales que viajan en autobús, exhortos en papel enviados por correo a otras poblaciones, por más cercanas o distantes que se encuentren; comisiones rogatorias a países extranjeros que deben llegar, primero, a Exteriores. El fax y el teléfono deben ser legitimados por el sagrado papel, y el correo electrónico no ha entrado en el lenguaje jurídico.
Está visto que el poder legislativo está demasiado ocupado para acometer seriamente la reforma de las leyes de enjuiciamiento, y que nuestros legisladores –legislatura tras legislatura– sienten pánico de cambiar el procedimiento criminal escrito y secreto –a veces, secretísimo– por el público y oral que rige en los países anglosajones, lo que permite la proliferación de sumarios escondidos a la opinión pública que amparan la corrupción de todo tipo. Y que, en cuanto a los asuntos civiles, tramitados durante interminables años, nuestros gobernantes y diputados no saben cómo salirse de los complicados y arcaicos procesos.

El resultado es que en Catalunya, no solo en Barcelona –véanse el estado de los juzgados de ciudades medianas y pueblos que disponen solo de jueces sustitutos o de un titular, que viaja diariamente por la comarca para celebrar juicios de los que no tiene noticia hasta que se sienta en el estrado–, la caótica y miserable situación de la Administración de Justicia ha provocado varias huelgas de funcionarios en los últimos años. Hasta los jueces se han declarado en huelga en toda España.
Bien es cierto que los legislativos autonómicos no pueden cambiar los procedimientos consagrados por el Congreso y el Senado, pero sí es competencia de la Conselleria de Justícia –que reclamó con tanto entusiasmo– desde la compra de mesas y ordenadores hasta el personal auxiliar. Así, las notables carencias podrían ser paliadas con inversiones que no se hacen. Negar con la rotundidad con que lo hizo Montserrat Tura que la enfermedad de la justicia se cura con dinero es querer esconder con un velo un volcán en actividad, que más tarde o temprano volverá a entrar en erupción.

elPeriódico.com
1 Feb 2010
Por Lidia Falcón

Las declaraciones del juez de Sevilla Francisco Serrano contra la ley de violencia de género han venido a apoyar la campaña desatada por asociaciones y colectivos de hombres que rechazan las medidas protectoras a favor de las víctimas de la violencia machista, a pesar de que la ley ya ha obtenido el aprobado del Tribunal Constitucional. Como asegura el juez Serrano, los activistas de la defensa masculina afirman estar discriminados por un sistema legal injusto, producto de «la dictadura del feminismo radical» que, al parecer, se ha implantado en nuestro país. Denuncian que miles de hombres están en la cárcel acusados falsamente por mujeres que obtienen enormes ventajas en el proceso de divorcio, en el cual ellos han perdido la vivienda y la custodia de los hijos y se han visto obligados a pagar pensiones desorbitadas. Expresan de tal modo la indignación que tal situación les produce, que casi justifican los feminicidios que se cometen periódicamente en nuestro país.

Al fin y al cabo, dicen, no se puede provocar tanto a un hombre sin que este, en defensa de sus derechos y de su hombría, no acabe respondiendo violentamente. Incluso un indignado ciudadano llamaba a Radio Nacional para asegurar que en el 2009 habían muerto 30 hombres a manos de su mujer, sin que nos explicara cómo los medios de comunicación, todos de acuerdo, han ocultado noticias tan escandalosas. Lo que no se dice es que los miembros de esas organizaciones han sido denunciados o condenados por violencia machista. En más de un programa de televisión he tenido que soportar las agresiones verbales de esos individuos que se declaraban víctimas de una injusta discriminación cuando fueron acusados de delitos de amenazas, insultos o golpes contra su pareja. Con gran emotividad, explicaban la enorme humillación que sufrieron al pasar una noche en la comisaría detenidos en compañía de delincuentes comunes.
Porque, para ellos, no es un delincuente el hombre que pega a su mujer; al fin y al cabo siempre se ha hecho así y de tal modo han sido estructuradas las relaciones patriarcales entre el hombre y la mujer. La indignación con que esos portavoces han acogido las medidas de protección de la ley de violencia que se han conseguido implantar tras varios decenios de indefensión de las víctimas, aún en plena era democrática, les ha impulsado a arrojar calumnias y acusaciones contra las feministas. Al punto de que el propio Serrano ha presentado una querella criminal contra algunas por las críticas que le han dirigido.
Pero lo que ni ellos ni el juez Serrano explican es que la ley mantiene las mismas garantías procesales para el denunciado que en cualquier otro caso, exigiéndole a la denunciante las pruebas indubitables del maltrato, por lo que el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite en el juzgado. Que del 45% restante se condena aproximadamente al 70%, con lo que estas no exceden del 31,5% de todas las denuncias planteadas, y que ese 30% de absoluciones se dictan por falta de pruebas, en unos delitos que, por su propia condición, se realizan en la mayoría de los casos en el secreto del hogar común y cuando tampoco se encuentran testigos proclives a participar en el proceso. Por ello, la ONU ha declarado que «el maltrato a la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo». Por esta dificultad de la prueba, además del rechazo familiar y social y de los problemas económicos que sufren, se calcula que solo denuncian el 10% de las mujeres víctimas de violencia machista. De las 54 asesinadas en el 2009, únicamente 25 habían denunciado con anterioridad a su asesino, de lo que se infiere que ni las que solicitaron protección oficial la obtuvieron ni muchas otras, cargadas de razón, lo hacen.
Negando los malos tratos a las mujeres, acusándolas de denunciar falsamente, defendiendo a los hombres violentos, el juez Serrano está incumpliendo el mandato que por su cargo le ha encomendado la sociedad. El papel de un juez no es el de criticar la ley, sino el de aplicarla y, con sus críticas, lo que dice es que sus compañeros no saben administrar justicia. Si asegura que detienen a inocentes, no investigan los hechos, condenan sin pruebas y dictan sentencias parciales, Serrano está acusando a sus pares de prevaricación. Sería lógico esperar que los demás magistrados hubiesen hecho oír su voz en defensa de la pulcritud de su tarea.

Pero si no hemos oído las críticas de los jueces concernidos, en cambio ha sido sorprendente el número de artículos de opinión a favor de las declaraciones de Serrano. Periodistas y escritores, conocidos por sus posiciones claramente progresistas y de quienes jamás yo diría que maltratan a su mujer, han escrito largas parrafadas justificando al juez y burlándose de las críticas que ha suscitado entre las feministas. La aceptación de las tesis de Serrano por parte de tales escritores demuestra que las relaciones hombre mujer superan las ideologías políticas y están mucho más condicionadas por las normas patriarcales enraizadas en los prejuicios y sentimientos humanos. Por eso el maltrato a la mujer sigue siendo un crimen oculto.

Los colectivos feministas critican que los partidos tradicionales no mantengan entre sus prioridades los problemas que atañen a las mujeres. Proponen crear agrupaciones políticas alejadas del patriarcado

Público.es
25 Ene 2010
Por Magda Bandera

"La igualdad entre hombres y mujeres, aunque no lo parezca, no es una prioridad política para ninguno de los partidos que conforman el abanico parlamentario", denuncia Rosario Carracedo, cabeza de lista en las últimas elecciones europeas por Iniciativa Feminista. Su opinión es compartida por todas aquellas mujeres que defienden que los partidos feministas son imprescindibles para que la lucha por la equidad sea algo más que una mera declaración de intenciones electoralistas que, de vez en cuando, se plasma en alguna ley más o menos efectiva.

Legalizar el divorcio, en su momento, avanzar en la Ley del Aborto o en la lucha contra las agresiones machistas son "sólo pasitos", asegura Lidia Falcón, líder del movimiento feminista en España desde los años sesenta. Pero esos avances mantienen el sistema patriarcal prácticamente intacto, porque no cuestionan las bases ni las consecuencias de la dominación masculina. "Si queremos una transformación real de la sociedad y acabar con la desigualdad, debemos participar en la política y en la toma de decisiones".

"Por desgracia -añade Falcón- una parte del feminismo ha entendido que eso significa entrar en las cúpulas de los partidos. Pero estos están dirigidos por hombres y ellos siempre luchan por buscar cambios de tipo económico, de clase, y relegan los asuntos que afectan a la mujer a un segundo plano. Es una pena que algunas de las feministas más válidas acaben en esas formaciones, creyendo que así van a tener más poder".

Además, la mayoría de los asuntos que los partidos tradicionales incluyen en sus programas siguen centrándose básicamente en la capacidad reproductiva de la mujer, señala Falcón. Otras compañeras de batalla critican la propia estructura de las formaciones, muy jerárquica y con un lenguaje masculinizado, que invisibiliza a las mujeres, a pesar del esfuerzo por saludar a la audiencia con coletillas del tipo "vascas y vascos".

Precisamente, la lucha constante contra el machismo de sus compañeros del Partido de la Izquierda llevó a la sueca Gudrun Schyman a dejar esta formación y cofundar Iniciativa Feminista. Sólo así pudo defender un programa en el que el primer punto era la equiparación salarial entre ambos sexos. Su objetivo es hacerlo algún día en el Parlamento hasta lograr que una ley obligue a cumplirla.

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"Buscamos ser como los Verdes"

Lidia Falcón. Abogada

“Si las mujeres en España tuvieran una visión política sobre la desigualdad y sobre sus intereses, las feministas podrían tener una influencia similar a la de Los Verdes”, opina Lidia Falcón, impulsora del primer Partido Feminista de España (PFE), legalizado en 1981. Esta abogada considera imprescindible que exista un partido que se centre exclusivamente en la lucha por la equidad. Como argumento, recuerda que “el aborto no estaba en el programa electoral del PSOE, porque le interesan más las relaciones con la Iglesia que la mujer. Por eso tuvieron que ser las feministas de este partido las que después lo llevaran a la agenda legislativa”. Ahora, Falcón teme que el movimiento feminista se “atomice” en distintos partidos, como suele suceder con la izquierda.

"Hay que estar en el Parlamento"

Gudrun Schyman. Líder de Iniciativa Feminista

“Necesitamos estar en la arena parlamentaria para hacer las reformas que permitan alcanzar la equidad”. Gudrun Schyman, líder desde 2005 del partido sueco Iniciativa Feminista (IF), modera su discurso al afirmar que “los partidos tradicionales no son sexistas” intencionadamente. Sin embargo, denuncia que “no reconocen que el modelo patriarcal supone un conflicto para la sociedad “. Schyman abandonó el Partido de la Izquierda y creó sus propias siglas para luchar por la equiparación salarial, y por la mitad de la población que sigue temiendo ser agredida o amenazada. Schyman, que logró el 2,2% de los votos en las últimas elecciones europeas, considera que el principal logro de IF ha sido poner el foco en “la responsabilidad de los hombres como padres”.

"Queremos un grupo no tutelado"

Rosario Carracedo. Abogada

Además del nombre, la formación encabezada por la abogada Rosario Carracedo comparte objetivo con la Iniciativa Feminista sueca: “Dotar al movimiento feminista de una articulación política propia, autónoma independiente y no tutelada, capaz de erigir el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres al nivel de máxima prioridad política”.
Carracedo define su proyecto como “el más democrático, universal y solidario que haya sido formulado hasta ahora”, porque “incluye a toda la humanidad”. Para Carracedo, “el feminismo es una ideología de izquierdas porque pretende colocar a todas las personas en un plano de igualdad equivalente”. IF obtuvo 11.266 votos en las últimas elecciones europeas (0,07%).

Público.es
12 Ene 2010
Por Lidia Falcón

A María José Carrascosa la han condenado a 14 años de prisión por nueve delitos, uno de interferencia a la Justicia y ocho de desacato. La verdad es que María José ha cometido el peor crimen que una mujer puede cometer contra el patriarcado: llevarse consigo a su hija separándola de su padre. En el momento de comunicarle la sentencia, el justiciero juez Donald Venecia de Hanckensack, Nueva Jersey, abochornó a la mujer –a la que trasladan al juzgado en cada comparecencia encadenada de manos y de pies– lanzándole un sermón enfurecido en el que la acusaba de arrogante, de desafiante a la ley y de disponer de su hija como si fuese una propiedad que le perteneciera.

María José lleva tres años en prisión. Desde que, con una ingenuidad sólo propia de quien no sabe nada del patriarcado, viajó hasta Estados Unidos para defenderse ante el juzgado en el que el marido había presentado la demanda de divorcio. Porque María José, que es española, había trasladado su residencia a España, con la niña de 5 años, después de que el Servicio de Emigración de EEUU le concediera el estatus de mujer maltratada. Con ese aval y las pruebas de la violencia que había sufrido y de los abusos sexuales de que el padre había hecho víctima a la menor, el juzgado y la Audiencia españolas concedieron el divorcio y la custodia de la menor a la madre. Pero esta no conocía el talante de los jueces estadounidenses, porque, cuando se presentó ante el tribunal, en ese mismo momento fue detenida y encarcelada sin que se le haya aplicado en tres años el beneficio de la libertad provisional ni siquiera bajo fianza.

Durante tres años María José y toda su familia –conocí a su hermana Victoria en un programa de televisión y comprobé la tortura que todos estaban viviendo– han batallado fieramente por demostrar su verdad. Abogados estadounidenses y españoles han trabajado conjuntamente para demostrar la situación que había sufrido María José durante su matrimonio y el peligro real que corría la menor si permanecía en compañía de su padre. Durante esos tres años ninguno de los jueces que ha tenido competencia en el asunto ha atendido las pruebas y los argumentos planteados, ni ha tenido consideración alguna por las dos sentencias españolas que le dan la razón a María José. No ha influido en su ánimo la evidencia de que, si una madre es capaz de aguantar una tan larga prisión por proteger a su hija, alguna causa grave debe motivarla, y ni siquiera ha sentido la menor compasión por la mujer que, además del encierro, está sufriendo una larga enfermedad de la que deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Marilyn French, la escritora feminista estadounidense, tiene un estremecedor libro que titula La guerra contra las mujeres, en el que analiza las injusticias que con ellas diariamente se cometen en su país. Se les imponen por los jueces sentencias crueles y sin fundamento, se las somete a torturas en comisarías y cárceles, se las condena a larguísimas penas de prisión por delitos menores. Compara el mismo trato que se les dispensa a los hombres por iguales casos y siempre son ellos los beneficiados. El libro, que deja sin aliento, fue escrito hará una veintena de años y a esa circunstancia se agarró mi ánimo para tranquilizarse pensando que la situación habría cambiado, deseoso de huir de la angustia que me produjo el conocimiento de ese mundo de terrorífico dominio del patriarcado, del que no sabemos nada. La situación de María José Carrascosa me ha desvelado que el tiempo transcurrido no ha modificado ni la ley ni el criterio judicial ni el convencimiento social mayoritario de que el hombre siempre tiene razón.

No parece que hayan sido muchas las gestiones que ha realizado el Gobierno español a favor de una de sus ciudadanas. Constato los grandes esfuerzos que estuvo haciendo nuestro ministro de Asuntos Exteriores para salvar a Aminatou Haidar –ni siquiera se ha producido una declaración institucional a favor de María José– y la importante campaña de solidaridad general que la activista saharahui despertó. No conozco si Amnistía Internacional ha tomado interés en el asunto, y pienso en este momento en las manifestaciones a favor del disidente chino Liu Xiaobo –condenado a 11 años por un manifiesto– que se vierten diariamente en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiofónicas y televisadas. He leído la información sobre las concentraciones a favor de Juan López de Ugarte, preso hasta hace pocos días en Copenhague.

Pienso también en las campañas que se han llevado a cabo cuando se ha condenado a lapidación o latigazos a alguna mujer en países musulmanes y no veo movimiento alguno a favor de María José exigiendo equidad en el tratamiento que se le está impartiendo.

Me pregunto si será porque Estados Unidos tiene una patente indiscutible de país democrático, o porque no es un país musulmán y, por tanto, está más allá de toda sospecha, o quizá porque la víctima es simplemente una mujer y una madre que sólo defiende a su hija, interés este de muy poco peso frente a los grandes que defienden Aminatou y Liu Xiaobo.

Y sobre todo me pregunto –y me desespero al hacerlo–: ¿qué hace el movimiento feminista de nuestro país? María José es española, es víctima de la violencia machista, está defendiendo, a costa de su propia libertad y salud, a su hija de un padre maltratador y abusador sexual y, por ello, está siendo víctima de la más atroz de las injusticias que pueden darse en un país desarrollado y democrático. ¿Qué respuesta ha tenido este infame caso por parte de los miles de grupos feministas que presumen de trabajar en España? ¿Por qué no se han movido para defender a María José Carrascosa?

El Correo Digital
11 Dic 2009
Por Gloria Martín

Después de décadas de lucha, la histórica feminista Lidia Falcón observa con preocupación la «indiferencia» de las jóvenes hacia esta causa.

-¿Qué desigualdades entre sexos persisten en el mundo laboral?

-Son las mismas que hace 200 años, con el matiz de la cantidad. Sigue habiendo una diferencia salarial del 30%. Y muchas mujeres que cobran lo mismo que los hombres por el mismo puesto de trabajo tienen mayor cualificación y están infravaloradas. Además, las mujeres se han estancado en el trabajo a tiempo parcial, que nunca permite ascensos, y en los puestos menos cualificados. Una estadística realmente preocupante dice que el 67% de las mujeres de inteligencia superior están en casa haciendo trabajos domésticos. Esta situación no va a modificarse. La sociedad capitalista y patriarcal está instalada sobre el trabajo doméstico de las mujeres. Si las mujeres no atienden a la familia la sociedad no funciona. Y el Estado no está dispuesto a hacer las inversiones enormes necesarias para sustituir el trabajo femenino.

-La crisis agudiza esos problemas.

-Claro. La crisis golpea los más débiles, y los más débiles son las mujeres. Lo que pasa es que para las mujeres la crisis empezó hace demasiados años, cuando el movimiento feminista se quedó parado. Y si está en crisis el feminismo, está en crisis la situación de las mujeres. El paro sigue siendo el doble para las mujeres que para los hombres, está cayendo la participación en el mundo laboral y se sabe que el trabajo negro es fundamentalmente femenino. Lo patético es que no hay un movimiento de respuesta. Aunque la sociedad española en general está anestesiada, de eso ya se ha encargado la política oficial. Y el movimiento feminista está dormido, o comprado, o vendido.

-¿Es posible que ahora, con la crisis, se transijan más desigualdades por miedo a perder el empleo?

-Hay que admitir algo perverso de los triunfos del feminismo: las jóvenes disfrutan de libertad sexual y sentimental y esto las ha anestesiado. No tienen la rabia que tenían sus madres o abuelas. Pero esta idea de disfrutar de todo sin límites no se corresponde con la promoción laboral y el reconocimiento social.

-¿Cómo empezar a solucionarlo?

-Lo fundamental es que haya un movimiento feminista activo y de lucha. Las que piensen que desde las instituciones y del poder se va a ir avanzando están engañadas.

-¿Qué opina de medidas como la discriminación positiva?

-Esas medidas pueden ser útiles y han sido útiles en un determinado momento. Pero que no se crean que nos las han regalado, no es una medida gratuita y generosa del Gobierno, nos ha costado la lucha de muchos años, nos hemos dejado la piel en ello. Cualquier avance ha costado muchos años de lucha. Naturalmente luego se puede pervertir, porque en cuanto tú dejas la lucha eso no se mantiene, en cuanto te quedas parada se va para atrás. En cuanto las cúpulas de los partidos, que son masculinas, vieron que tenían que aceptar un número de mujeres en puestos directivos se pusieron a pensar cómo fastidiar el sistema y lo han conseguido. Pusieron a las amantes, a las amigas, las mujeres y las fieles. Y echaron a las protestonas. Con eso han conseguido dos objetivos: que esas mujeres voten lo que ellos quieren y, como muchas de ellas no eran las más capaces, dar por demostrado que con las cuotas se meten a las más tontas. Hay un pequeño avance pero la medida se ha neutralizado.

-Entonces, ¿qué opina sobre las mujeres que hoy están en primera línea política?

-Siguen el ideario del partido político. El otro día Elena Valenciano decía que con Marruecos hay que tener una relación de amistad porque son muy importantes los asuntos que se dirimen con ese país. Maria Teresa Fernández de la Vega es el vocero del Gobierno. ¿Están reclamando las reformas, y digo reformas, no revolución, que necesitamos? Se han convertido en cómplices del poder masculino. Y todo lo demás son migajas.