Escritos y noticias de Lidia Falcón O'Neill

Público.es
27 Oct 2009
Lidia Falcón

La manifestación del sábado 17 de octubre contra la nueva Ley del Aborto –magnificada por ciertos medios de comunicación– parece que ha tenido más éxito del que le atribuíamos, a tenor de lo que informa la prensa católica, que asegura que el Gobierno debe modificar el proyecto que está a punto de aprobarse. Después de que el PP reclamara su retirada para atender a lo que denominan “el clamor de la calle”, ya sabíamos que tanto para el PP como para los medios afines, de 250.000 a 480.000 manifestantes deben imponer su criterio a los 13 o 14 millones de votantes que reúnen los partidos a la izquierda del PP y que apoyan decididamente la reforma que ahora se plantea. Pero, ciertamente, no puedo imaginar que para el Ejecutivo del PSOE sea también determinante lo que grite en la calle una manifestación de votantes del PP.

En España, la hipocresía y las contradicciones del PP son tan evidentes que siempre me asombro de que puedan defenderlas con la seguridad con que lo hacen, a veces a voz en grito. Cuando el PP gobernaba y la oposición se manifestó contra las decisiones injustas que tomaba, contestaron, arrogantes y desafiantes, que éramos pancarteros; cuando son ellos los que organizan la protesta, esta debe ser escuchada y debe prevalecer sobre las decisiones del Parlamento. Durante los ocho años del desdichado Gobierno de Aznar no se puso en cuestión la Ley de 1983 y esta fue refrendada por el Tribunal Constitucional en 1985, por lo que a su amparo se practicaron en España más de medio millón de abortos ante la mirada distraída –y también complaciente, porque muchos de los que siguen el ideario del PP acudieron a las clínicas privadas a realizar un aborto– de los gobernantes de derecha. Cuando los populares exigen consenso para llevar adelante las reformas legales que plantea el PSOE quiere decir que el Ejecutivo siga sus planteamientos, pero cuando el PP gobernó no hizo más que reírse de las peticiones de la oposición.

Esta conducta, por más inaceptable que sea, se ha instalado en esta derecha ultramontana que es la oposición política en España. Ningún país democrático y avanzado se ha planteado nuevamente la polémica sobre el derecho de la mujer a escoger su maternidad, después de 30 años de que se diese por zanjada. Ni los países católicos como Francia, Bélgica, e incluso Italia, donde reside el Papa, ni los protestantes, como los nórdicos y el Reino Unido, Alemania u Holanda, se plantean hoy restringir la posibilidad legal de que las mujeres interrumpan su embarazo voluntariamente en unos plazos que en algunos de esos países son más generosos que los que se contemplan en la nueva ley española. No hacen con ello más que cumplir la solicitud de los millones de mujeres que hemos exigido que se nos reconozca ese derecho –y que sin duda somos más que las que se oponen–, así como el mandato de la Organización Mundial de la Salud, que pide a los gobiernos que legalicen el aborto y que este se practique en los hospitales públicos como cualquier otra intervención sanitaria para evitar los millones de muertes y enfermedades invalidantes que sufren las mujeres en los países donde el aborto está prohibido y tienen que proporcionárselo en condiciones insalubres y clandestinas.

La agresividad y los insultos que nos propinan los dirigentes del PP a los que apoyamos el derecho al aborto –ayudados por Convergència i Unió, partido pilotado, como todo el mundo sabe, por el Opus– serían impensables en la campaña política de la derecha civilizada europea. Nadie puede imaginar a Sarkozy planteando una ley para ilegalizar el aborto y gritando desaforadamente al frente de una manifestación en compañía de obispos y organizaciones de ultraderecha. Quizá los partidos al estilo de Le Pen lo hagan, aunque yo no lo he sabido a través de nuestros medios, pero tales se consideran ultras, filonazis, xenófobos y toda la gama de tendencias fascistas que siguen existiendo en esta maltratada Europa, y que como la hidra de siete cabezas renace después de las masacres con que asolaron el continente –casi siempre por la complacencia y la permisividad de los partidos democráticos–.

Así, las ingentes cantidades de dinero que se le entregan a la Iglesia católica española por parte del Gobierno, en vez de calmar su furia, como supongo pretendían Zapatero y Fernández de la Vega –darle carne a la fiera para que estuviera saciada– han servido para financiar las campañas y manifestaciones contra el matrimonio homosexual, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aborto.

El PP presume de ser hoy la única derecha democrática del país, que se enseñorea en varias regiones españolas y se considera la única alternativa al Gobierno del PSOE, pero esto sucede porque ha incorporado en su seno a las facciones de ultraderecha que, aparte de esos minúsculos grupúsculos que se presentan a elecciones con el nombre de Falange, no se atreven a separarse de la casa madre para mostrarse claramente y sin tapujos a la opinión pública reclamándole su voto.

Desde la Transición política no se han decidido a formar partidos de un ideario claramente fascista porque el sagaz cálculo de esas opciones les dice que sólo pueden tener poder al abrigo del gran paraguas del PP –también quiero creer que porque en España el fascismo no tiene posibilidades de gobernar, como sucedió antes de la Guerra Civil– y porque los “demócratas” populares no les hacen ascos a esas facciones de facciosos. Pero lo que los demás no podemos consentir, empezando por el Gobierno, es que todavía en España las ideas franquistas se impongan impidiendo el avance de los derechos de la mujer. Eso es lo que espero que no suceda en el inminente debate de la Ley del Aborto.

elPeriódico.com
09 Oct 2009
Por Lidia Falcón

Mi abuela, Regina de Lamo, era música y escritora y anarquista. Nació en 1870, de familia liberal, y abrazó la causa de la defensa de los oprimidos con la pasión que caracterizaba a aquella generación de luchadores idealistas. Desde su juventud luchó por organizar a los trabajadores en defensa de sus intereses y contra las explotaciones del capital a través del cooperativismo y el sindicalismo. Defendió en tiempos del más reaccionario oscurantismo el amor libre, el aborto, la eutanasia, la eugenesia y la abolición de la prostitución. Coincidió en su sacrificado y duro camino con los líderes sindicales y políticos de la izquierda, luchando por una educación laica con la Institución Libre de Enseñanza, organizando el cooperativismo y el sindicalismo con Companys, batallando contra la prostitución con Mujeres Libres, y sintió que se había alcanzado uno de los más necesarios objetivos cuando Federica Montseny, la que fue primera ministra de Sanidad, anarquista y catalana, abolió legalmente esa infame esclavitud y creó los liberatorios de prostitución. Después llegó el horror fascista. Setenta años más tarde, esa infame actividad se considera un trabajo que debe ser legalizado, como una profesión «igual a cualquier otra» para las mujeres.

La brutalidad de las imágenes de las prostitutas de La Boqueria que nos proporcionó un periódico molestó a la población bienpensante y provocó, nuevamente, durante unos días, declaraciones de vecinos y tertulianos, protestas en los medios de comunicación y hasta una moción en el Parlamento para legalizarla. La defiende el diputado Joan Tardà, que afirma preferir que desaparezca, pero que, mientras tanto, hay que aceptarla. Y el señor Tardà es un hombre honrado.
Al parecer, como no hay más remedio que asumir que en España 300.000 mujeres –número que aumenta cada día– se prostituyen en todas nuestras ciudades, es mejor que lo hagan al amparo de una legislación que las redima de la calle y las recluya en burdeles. Santo Tomás argumentaba de igual manera. Los prostíbulos, decía, eran necesarios para desahogar las necesidades de los hombres, evitando con ello las violaciones de las mujeres honradas, del mismo modo que las alcantarillas servían a las ciudades para expulsar los excrementos. Y Santo Tomás también se trataba de un hombre honrado.

Según esta visión del problema, mientras los hombres sigan necesitando mujeres para liberar a todas horas sus irreprimibles instintos sexuales, será bueno que haya prostitutas. Y como los vecinos de los barrios afectados están hartos de que los clientes se sirvan de aquellas en plena calle, habrá que estabularlas en burdeles y prostíbulos, fuera de la visión de niños y gentes de orden. Lo que el señor Tardà defiende es lo que explicaba también Santo Tomás, que organizaba la ciudad con barrios específicos donde se confinaba a las rameras, porque mientras no se proceda a su desaparición la prostitución presta un servicio social. Y los dos, tanto el señor Tardà como Santo Tomás, son hombres honrados.
Por eso, mientras tanto, es bueno que sigan existiendo mujeres que estén disponibles para los hombres que las requieran a la vez que el Estado se beneficia de sus impuestos y de sus cuotas de la Seguridad Social. Y, mientras tanto, damos por supuesto que las africanas, las latinoamericanas, las europeas del Este, se pasean por nuestras calles y se ofrecen en los clubs libremente porque eligieron esta opción, contentas de tener un puesto de trabajo. Y también, mientras tanto, aceptamos que hay unas mujeres que sirven para eso –que, por supuesto, no somos ni nosotras ni nuestras madres ni nuestras hijas–, porque los hombres necesitan carne femenina para sus desahogos sexuales y nadie debe inmiscuirse en las transacciones consentidas entre las personas en un país de libre comercio.
Como, de momento, la prostitución no se va a abolir, sin que por lo menos yo entienda por qué, mientras tanto, podemos habilitar enormes edificios donde encerrar a las prostitutas para que su presencia no sea visible, hacerles pasar controles sanitarios semanales, cobrarles impuestos y cuotas de la Seguridad Social y dejarlas inermes a la disposición de proxenetas, chulos y clientes, allí donde nadie sabrá qué les sucede. Buena solución para la mala imagen de la ciudad, que ya el Ayuntamiento de Barcelona está habilitando, y que colmará los mejores deseos de las mafias de la prostitución.

Y ya que, según el Gobierno, es imposible aprobar la abolición que el feminismo exige en España desde hace 150 años (en tal reclamación llevamos mucha anticipación a Suecia –aunque nuestro esfuerzo haya obtenido menos resultado–, cuando desde Concepción Arenal hasta mi abuela esa era la única opción posible para los defensores de la libertad de todos los seres humanos), es mejor que, mientras tanto, las mujeres prostituidas entren en el censo de los trabajadores y quizá hasta se creen cursillos de formación profesional como para otros oficios. Así lo defiende el señor Tardà, y el señor Tardà es un hombre honrado.
Me alegro de que mi abuela haya muerto únicamente porque así no puede oír semejante propuesta de quien se cree de izquierdas.

elPeriódico.com
25 Ago 2009
Por Lidia Falcón

Francina Ribas, querida amiga que ha cumplido 88 años a pesar de haber sido víctima de todas las desgracias que han azotado nuestro país –y que sufre las consecuencias de todas ellas: viuda de Antonio Campos, coronel de la República, guerrillero en la Resistencia francesa, héroe de la lucha contra los nazis y encarcelado después en su patria durante 24 largos años en el pudridero de presos políticos que fue el penal de Burgos–, ya que ni la enfermedad ni la miseria ni la represión política la perdonaron, se encuentra casi inmovilizada en su casa, víctima de varios infartos, de una insuficiencia respiratoria producida por el traumático neumotórax a que la sometieron cuando era joven y otros achaques provocados por la mala alimentación y el mucho trabajo.
Vive sola, porque la dictadura no le permitió reunirse con su marido antes de que el reloj biológico la incapacitara para tener hijos y, en el aislamiento y la indiferencia en que se mantiene hoy en día a los ancianos en nuestro egoísta país, no tiene más ayuda que las pocas horas que una asistenta que acude a su domicilio le dedica.

Durante un tiempo pagó 39 euros mensuales para que la Cruz Roja le prestara el servicio de teleasistencia mediante el cual, en alguna ocasión, pudieron auxiliarla en una de sus crisis, pero ahora la Cruz Roja dice que no tiene voluntarios y ha dejado de ser abonada. La asistenta del ambulatorio de la Seguridad Social lo ha tramitado con el Ayuntamiento de Barcelona, pero le han contestado que hay muchas solicitudes y que ahora no tienen presupuesto.
Intentó hace años ir a una residencia privada, de precio nada modesto, y se encontró alojada con otra anciana ciega que gemía toda la noche sin que nadie la atendiera y comiendo una bazofia que les servían de un cátering. Solicitar una plaza en una residencia pública es esperar a que el siglo haya pasado sobre ella para, si lograra sobrevivir, acabar atada a la cama y maltratada por las empleadas eventuales de la empresa privada que gestiona los servicios públicos.
Mientras tanto, la otra noche, víctima de otro ataque de corazón y sin saber a quién pedir ayuda, llamó a la policía, que acudió pronto pero que no pudo abrir la puerta mientras ella se encontraba paralizada en la cama, y hubo que recurrir a los bomberos para que descerrajaran la cerradura de la puerta. Mi gran temor es que un día ni siquiera le lleguen las fuerzas para llamar por teléfono y solo los vecinos se aperciban de su silencio cuando lleve tiempo muerta. A veces sospecho que el ayuntamiento también espera ese final, que le resolvería el problema y que, de tanto en tanto, le acontece a un anciano en nuestra ciudad.

Estas tristes reflexiones me tenían ajena a mi realidad exterior mientras me dirigía hacia la estación de Sants cuando tropezamos –el taxista y yo– con las barreras, difícilmente salvables, de los agujeros, las vallas y las excavadoras que cubren la avenida de Roma, como si un terremoto hubiese destrozado la topografía original. Ante mi disgusto, el conductor me informó de que esas obras formaban parte del plan del Gobierno de conceder a los ayuntamientos fondos para ofrecer empleos a los parados con el fin de amenguar el paro.

A mi memoria acudieron inmediatamente las informaciones de prensa sobre los miles de niños que cada curso se ubican en barracones para que no se queden sin plaza escolar, pero mi informador no podía explicarme por qué en vez de levantar calles y aceras y avenidas, que a mí me parecían perfectamente útiles y en buen estado, no se dedicaban esos fondos a construir nuevas escuelas.
Tampoco pudo dar respuesta a mi impertinente pregunta de por qué no se dedicaban los parados de la construcción a edificar los ambulatorios que reclaman cada año los vecinos de varios barrios y que nunca reciben satisfacción.

Los fondos dedicados a planes paliativos del desempleo, que nos azota con especial gravedad este año –aunque siempre ha sido endémico en nuestro país, que no tiene estructura económica para asumir el empleo de toda la gente útil para el trabajo–, se han invertido en obras públicas. Pero solo en la reforma de calles, aceras, plazas y avenidas, muchas de las cuales no necesitaban ningún arreglo, mas no en la construcción de escuelas, de hospitales, de ambulatorios, de residencias de ancianos, de centros de acogida para mujeres maltratadas, drogadictos, menores conflictivos...
La obra pública en España desde Primo de Rivera –con el efímero paréntesis de la República– se ha centrado en carreteras y calles. La escuela y la asistencia social son las cenicientas de la atención de nuestros gobernantes. Según la información de hoy mismo, se necesitan en este momento 350.000 enfermeras en todo el país, mientras los maestros están desbordados de trabajo, son trasladados continuamente de un colegio a otro y las guarderías infantiles, que fueron la principal reivindicación de las madres durante la dictadura, siguen siendo un servicio inalcanzable setenta años más tarde, al igual que los campamentos de verano y la asistencia a los mayores. Como mi amiga Francina Ribas, que morirá sola en casa sin que ninguna sensibilidad pública se sienta concernida.
Menos mal que tendremos unas preciosas aceras en la avenida de Roma.

elPeriódico.com
26 Junio 2009
Por Lidia Falcón

Tenía 23 años cuando me licencié en Derecho. Pi i Sunyer era en aquel momento el decano del Colegio de Abogados, y Federico de Valenciano, Condomines, Roda Ventura y Octavio Pérez Vitoria eran, entre otros, los más señalados e ilustres representantes de la abogacía de Barcelona. Los más jóvenes tenían 20 años más que yo, y los veteranos como Pi i Sunyer, superviviente de la persecución franquista y el exilio, más de 30. Eran expertos reconocidos internacionalmente por su dedicación al estudio y el ejercicio del derecho, llevaban décadas de trabajo en sus prestigiosos bufetes y constituían la flor y nata de la abogacía española.
Pues bien, a una ignorante y aturdida abogada como era yo, apenas conocedora de la profunda ciencia jurídica que ellos dominaban, me trataban de compañera, me hablaban con toda la cortesía que exigían las normas de las relaciones entre letrados, se ponían al teléfono cuando les llamaba, me contestaban las cartas, me recibían en su despacho cuando se lo pedía, y el decano estaba siempre disponible cuando acudía a hacerle alguna consulta sin haberle solicitado cita previa. La elegancia era la más notable de sus virtudes. Y, por supuesto, yo correspondía mostrándome educada y agradecida por su deferencia, aprendiendo de ellos el sutil arte de saber defender al cliente sin perder la buena relación con el adversario.

Hoy, en que he alcanzado más edad que la que tenían aquellas figuras de la abogacía cuando comencé, los letrados y, ¡ay!, también las letradas, recién colegiadas, me tratan con desdén e incluso con agresividad incomprensibles. Desde hace unos años, siete concretamente en que he regresado a Barcelona para reincorporarme al despacho que mantengo desde hace 49, he podido constatar que las relaciones entre abogados están marcadas por la desconsideración, cuando no por la grosería, con excelentes excepciones, por supuesto, que por serlo son más extraordinarias. En general, no es sorprendente que la llamada sea contestada con impaciencia o antipatía, que sea imposible comenzar las conversaciones precisas para intentar alcanzar un acuerdo porque las negativas y a veces la agresividad se imponen sobre la comprensión y la simpatía. Y es más desagradable el trato cuanto más joven es el abogado.

Al mismo tiempo, las trabas burocráticas se han impuesto en nuestro colegio de forma incomprensible y absolutamente innecesaria y perturbadora de la vida colegial. Para ver a la decana o a algún diputado es preciso enviar e-mails, pedir citas, esperar largos días. Mejor no pretender tener una conversación directa con ninguno de ellos, el correo electrónico es ahora casi el único medio de comunicación, y la cordialidad, el deseo de resolver el problema del compañero, de, incluso, departir tranquilamente sobre las cuestiones de actualidad que nos afectaban que regían las entrevistas que sostenía habitualmente con los decanos y los diputados que conocí durante más de tres décadas, han desaparecido. Como si se encontrara uno ante el muro de la Administración de justicia –y bueno será hablar de ella– que establece las rígidas normas y las distancias siderales en el trato con los ciudadanos, la relación con los directivos del colegio está ahora organizada por estrictas reglas que hay que cumplir. Escritos, ratificaciones, peticiones formales, ningún contacto personal, alguna llamada que atiende una secretaria y esperar a veces hasta meses para resolver cualquier consulta que se formaliza en una resolución escrita con todos los requisitos de una sentencia.
Pero no escribiría este artículo si se tratara de un fenómeno restringido al ámbito de la abogacía para no parecer que estoy hablando únicamente del círculo selecto y minoritario de mi profesión. En todos los aspectos de la vida cotidiana se ha impuesto la hosquedad, la antipatía, la falta de acercamiento al otro, la arrogancia que lleva a tratar con desdén a todos los demás. Sobre todo cuando el uno tiene menos de 30 años.
Desde la dependienta de un comercio a la telefonista de una empresa, desde el camarero de un restaurante al conductor de un autobús, hasta la funcionaria de Hacienda que se atreve a gritar al contribuyente que le paga su sueldo, sobre todo si es inmigrante –y en este sector de trabajadores no se ha notado el cambio de la dictadura a la democracia–, se ha construido una sociedad agresiva que ve al compañero, al vecino, al otro, en definitiva, si no como su enemigo –en el caso de los inmigrantes, muy cerca de eso– como una molestia. ¿Qué nos está pasando?

El individualismo, la competencia feroz triunfante en todos los órdenes de la vida que han impuesto las doctrinas liberales a ultranza, no solo nos han conducido a esa suicida escalada por la fabricación de cosas, el consumo, el gasto, el despilfarro y la estafa monumental de los grandes consorcios, que perversamente se considera desarrollo, sino también a disolver el sentido de lo colectivo, de lo solidario, de la convivencia agradable entre todos. Es la lucha de cada uno contra todos los demás para salvarse de lo más temido: el fracaso. Y, además, hemos maleducado a nuestros niños, por eso de jóvenes no saben comportarse con elegancia.

Plática con Lidia Falcón en la televisión catalana. (11/05/2009)

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elPeriódico.com
1 Mayo 2009
Por Lidia Falcón

Los elogios procedentes de diversos ámbitos dedicados a Corín Tellado con motivo de su reciente muerte me han sumido en la perplejidad y, no lo niego, me han provocado bastante irritación. Para quien, como yo, ganó algunas pesetas en la juventud --casi adolescencia, puesto que publiqué mi primer cuento a los 18 años-- escribiendo a destajo cuentos y novelas rosa --también fui capaz de pergeñar algunas historias del Oeste y de Hazañas Bélicas--, que me pagaban a tanto la página o la obra, bajo diversos y olvidados pseudónimos, resulta ridículo que dicha labor sea calificada de literatura. Solamente el dato de que Corín escribía dos novelas por semana --por más que no tuvieran más de 100 páginas-- describe definitivamente en que consistía ese trabajo: ir enlazando palabras a toda prisa para contar una historia elemental sobre los amores de una hermosa, joven y pura, y un galán mayor y más alto que ella, guapo, elegante y rico, con un final inevitablemente concluido en boda.

Balzac estuvo dedicado a esta misma labor en sus años de juventud y la recordaba con verdadera pena, como otros escritores que llenaron los quioscos de producciones perfectamente olvidables, obligados por la pobreza y la avaricia de las editoriales, incapaces de reconocerles el talento de que años más tarde dieron cumplida muestra. Estas producciones nos permitieron, a todos los que con el oficio de escribidores sobrevivíamos, comer, y a mi, mantener también a mis hijos, aunque fuese precariamente, durante los años de plomo de la dictadura, pero cuando ya con enorme esfuerzo pudimos abrir el cerco de hierro que nos separaba de las editoriales que publicaban literatura, nunca las habríamos exhibido como nuestras. Desde luego en mi currículo no cuentan. Alguna excepción, como Víctor Mora con su Zorro y su Capitán Trueno, ha sido puesta de modelo de una forma de difundir subliminalmente la ideología de izquierdas que profesaba, pero esta artimaña podía ser utilizada en los tebeos para niños y muchachos, en los que se tenían que ensalzar los valores de la fraternidad, la defensa de los débiles, el valor, la entrega a una causa épica. Los hombres tenían que ser héroes según los principios de Falange Española, pero las mujeres, no. Las mujeres esperaban en casa que regresaran los héroes de sus hazañas bélicas. Ellas debían ser el reposo del guerrero. Bien hubiera querido yo transmitir un poquito de ideología feminista a través de las novelas rosa que elaboraba mes tras mes, pero precisamente los editores de esta clase de producto prohibían todo relato no ya progresista, sino mínimamente sensato. Las mujeres, bajo aquella infame dictadura, estaban destinadas a la reproducción y el mantenimiento de la familia bajo la indiscutible autoridad del marido, después de la del padre, y su papel de sumisión a los hombres --también el hijo varón mayor tenía prioridad-- debían cumplirlo con dulzura y alegría. Cualquier otro modelo femenino era inmediatamente censurado por el director literario con la severa admonición de no encargarte más libros. Ese modelo de mujer fue el que defendió Corín Tellado durante 40 años.

Por su capacidad de trabajo, sobradamente demostrada, se le concedió el título de hija predilecta de Oviedo y alguna prebenda más. ¿Y qué es lo que premiaron: que con su empecinada prolijidad ganara una bonita fortuna inundando el mercado de habla española con novelas deleznables que contribuyeron a alienar más a las pobres féminas a las que iban destinadas? ¿Qué méritos ciudadanos o de valor solidario poseía la señora Tellado? ¿O el dinero lo justifica todo? Con sus historias de un amor, siempre heterosexual y siempre irreal e indeseable, apoyó la ideología oficial del régimen franquista que con tanta eficacia impuso la Sección Femenina de Falange a través de la hermanísima Pilar Primo de Rivera, defendiendo el modelo de mujer sometida a los dictados masculinos, conquistada, a veces casi manu militari, por el arquetipo de galán fascista, y que se realiza plenamente en servir al marido, parir hijos y cuidar la familia, y que jamás alimentaba la nefasta fantasía de ejercer alguna profesión reservada únicamente a los varones.

Pero ni siquiera por su coherencia en defender sus ideales puede ser admirada la señora Tellado, porque, cuando concluida la dictadura, las exigencias feministas desprestigiaron ese tipo de mujer, su producción cambió y, siguiendo la moda del momento, las escenas eróticas inundaron sus páginas y los divorcios y los adulterios se hicieron habituales. Por supuesto, con la misma deleznable escritura, y tampoco entraron en sus obras modelos de mujeres y hombres entregados a otras causas que las de satisfacer sus deseos amorosos y sexuales.

Ya sabemos que todos los países tienen esa línea de publicaciones, destinada, fundamental y desdichadamente, a las mujeres, pero permanecen en el lugar que le corresponde: al lado de las revistas del corazón y de sociedad, y no se les concede más interés que a los fascículos de costura. ¿Cómo se puede elevar al podio de la literatura a Corín Tellado? ¿O es la involución que está viviendo el feminismo la que pretende prestigiar nuevamente los modelos de mujer de sus obras?

Entrevista realizada en diciembre de 2007 en el canal de televisión por internet e-noticies.tv de Cataluña.

Público.es
9 Mar 2009
Por Lidia Falcón

La celebración del Día de la Mujer es una buena ocasión para reflexionar sobre el papel que ha jugado la Constitución –que recientemente cumplió 30 años–, en la vida de las mujeres españolas. Este olvido resulta más culpable si se tiene en cuenta que no sólo las mujeres constituyen el 52% de la población, sino que, si la Carta Magna ha producido algún efecto perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos, ese es fundamentalmente el que ha causado en la de las mujeres. Ellas fueron las grandes perdedoras de la Guerra Civil que yuguló sangrientamente los avances y las esperanzas de progreso que albergó la II República. El dictador y sus secuaces, con el inestimable apoyo de la Iglesia católica, se cebaron con especial sadismo en torturar a las españolas. Privadas de derechos civiles y laborales, de la patria potestad de sus hijos, condenadas por ley a la marginación de la vida pública y a la miseria económica, perseguidas penalmente por adulterio, prácticas anticonceptivas, aborto o abandono del hogar, se hundieron en la condición más penosa de toda la historia de España.

Solamente la firmeza que mostramos durante la transición en la exigencia de nuestros derechos nos situó en el escenario social del que también los organizadores de esta democracia querían apartarnos. Es bueno recordar fechas y actuaciones para que a los dirigentes políticos se les sitúe en el lugar que les corresponde. A dos meses de promulgarse la Constitución, en octubre de 1978, después de tres años de celebrar el Año Internacional de la Mujer y de los interminables casi dos años que los padres de la patria estuvieron pactando el texto –recuérdese que ninguna mujer participó en la redacción de la Carta Magna– el único avance que conseguimos fue que los diputados, incluyendo a socialistas y comunistas, eliminaran del Código Penal el delito de adulterio, que sólo cometían las mujeres, y el de prácticas anticonceptivas.

En los programas electorales del PSOE y del PCE de 1977 y de 1979 no constaban ni el divorcio ni el aborto. Nos costó cinco años de luchas heroicas –asambleas, manifestaciones, encierros, cierre de revistas, procesamientos y una buena paliza que recibí yo en la calle en la última manifestación en Barcelona– conseguir el divorcio. Un divorcio condicionado a la separación –han tenido que transcurrir 25 años para permitirnos divorciarnos de primeras, como en cualquier país civilizado–. Aún hubimos de sufrir cuatro años más de penalidades para lograr el permiso de abortar por grave peligro para la salud de la mujer, violación y malformación del feto, que no se ha vuelto a modificar. Mientras se discute la estúpida norma, implantada por los tan progresistas diputados, que impuso la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, en un país que, para derogar la Ley Sálica, libró tres guerras y para proclamar dos Repúblicas, otras dos, ninguno ha planteado la derogación del precepto que obliga a preservar la vida de “todos”.

La Constitución es la jaula de hierro que nos encarcela en las tiranías de nuestra fisiología y nos impide alcanzar el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, con esa disposición del artículo 15, estableciendo que “todos” tienen derecho a la vida, que los franquistas y cristianos metieron complacidamente, ante la indiferencia de socialistas y comunistas. Así, el Tribunal Constitucional, ante el que la Alianza Popular de la época, comandada por el franquista Fraga Iribarne, presentó recurso de constitucionalidad contra la Ley del Aborto, con una interpretación torticera ante un término tan vago como el de “todos”, pudo pronunciarse exigiendo más limitaciones en la práctica. Y esto ha permitido una feroz ofensiva de la derecha, que ha llevado al cierre de varias clínicas de abortos y al encarcelamiento de siete médicos en Barcelona. El Gobierno ha nombrado una comisión de estudio –estupendo sistema inventado por esta democracia para enterrar cualquier proyecto–, en la que han entrado asociaciones del Opus, con las que asegura la vicepresidenta que hay que ponerse de acuerdo, mientras las mujeres siguen teniendo que pagar los 600 euros que cuesta un aborto en una clínica privada, porque sólo el 3% de los abortos se practica en la Sanidad pública. La limitación de derechos a las mujeres de nuestra Constitución ha sido hábilmente ignorada por los partidos políticos y sus líderes, que tanto se están alabando hoy de las componendas con que llegaron a redactarla.

Las mujeres no conseguimos los avances que la Constitución de la II República nos reconocía 50 años antes, porque naturalmente esta tampoco es una Constitución republicana y la monarquía –tan arteramente introducida sin consulta popular, con ayuda de la Iglesia Católica y la derecha, y protegida por el Ejército– impone esas limitaciones. Lo que también se oculta es que, si el movimiento feminista, enfurecidas al fin las mujeres después de casi medio siglo de esclavitudes y vejaciones, no hubiese exigido sin componendas ni rebajas las reivindicaciones que planteábamos, los ilustres constitucionalistas no hubieran introducido el carismático artículo 14, que impone la no discriminación por razón de sexo y que, en teoría, permite a las mujeres exigir igualdad de salario, de oportunidades y de trato con los hombres.

Derechos que no se cumplen, y a esto las mujeres unen la enorme carga de ser las que deben seguir trayendo los hijos al mundo, sin que el pomposo derecho constitucional a la vida exija a los gobiernos a facilitarles la obligación de darle realidad. Ni tampoco la democrática Constitución las protege contra la violencia machista, pero eso es motivo de otro artículo.